Aumentan los reclamos de los holdouts contra la Argentina y suman U$S 4000 millones

Se trata de otros bonistas con deuda en default que se presentaron ante el mediador Daniel Pollack para recibir las mismas condiciones de pago que los fondos buitre.

Con una nueva presentación, aumentó en otros 1100 millones de dólares la demanda conjunta de acreedores que pretenden recibir «el mismo tratamiento» que los llamados fondos buitre y que, a estas horas, superan los 2300 millones de dólares.

Eso significa que los llamados «mee too» (yo también) que se presentaron ante el juzgado de Thomas Griesa ya superan en el conjunto de su demanda a los promotores originales del fallo, que -entre capital e intereses- demandan cerca de 1600 millones de dólares.

Sumadas ambas demandas -la original del fondo de Paul Singer y la de los «me too» en conjunto- la cifra totaliza cerca de 4000 millones de dólares.

Ese es el monto que podría estar sobre la mesa del negociador especial Dan Pollack, a quien el juez Griesa acaba de dotar con «poderes especiales» para que negocie un acuerdo de pago con el conjunto de los acreedores que se presentaron ante su juzgado y que tienen condiciones «similares» a las del fallo de Singer.

La cifra de los llamados «Me too» llegó hoy a los 2300 millones de dólares con una nueva presentación que acaba de concretar el fondo Bracebridge Capital, que asegura poseer papeles por 1100 millones de dólares.

En similar condición a la de Bracebridge se encuentra el fondo de Kennneth Dart, que días atrás hizo un reclamo por 835 millones de dólares, así como una decena de presentaciones por montos menores.

En conjunto, todas ellas llegan a los 2300 millones de dólares, que deben sumarse a los cerca de 1600 del reclamo original.

Tal como adelantó días atrás LA NACION, el juez Griesa dio «poderes especiales» al negociador Pollack para que incorpore todas las demandas llegadas a su juzgado en un eventual acuerdo de pago con la Argentina.

La cifra de 4000 millones de dólares podría seguir creciendo con otros demandantes.

Entre ellos, el propio Singer, que estaría interesado en convertirse en un «me too» con las causas que tienen sentencia firme en contra de nuestro país, pero que no fueron beneficiadas con la fórmula de pago del «pari passu», confirmada por la Corte Suprema de este país en junio último.
lanacion.com.ar

Coaccionada por las investigaciones de Singer, CFK se prepara para negociar

El paquete para la campaña electoral incluiría devaluación, congelamiento de alquileres, precios máximos y aumento del mínimo no imponible de Ganancias.

En el inicio de una operación de blanqueo que preludia la reapertura de las negociaciones con los holdouts, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich admitió ayer en la Cámara de Diputados que la Ley de Pago Soberano fracasó.

“No hemos tenido adhesión”, sostuvo el funcionario respecto a la reacción de los bonistas, tras haber depositado el 30 de septiembre los fondos del vencimiento de los bonos PAR, por un total de 161 millones de dólares.

En su informe al Congreso, que realizaba esta tarde en la Cámara de Diputados, Capitanich confirmó que ese día se hizo el depósito previsto por la norma aprobada por el Congreso en Nación Fideicomisos, para sortear las trabas impuestas por el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa. Lo que no dijo el Jefe de Gabinete es que el ministro de economía Axel Kicillof, pese a estar expresamente facultado para ello por la ley 26.986, no removió como agente fiduciario al BoNY, luego confirmado por el juez Thomas Griesa. Esta actitud del ministro, sumadas a sus continuas referencias confusas a la posibilidad de una negociación, indicaría que la presidente dejó desde que se inició el default una puerta abierta para la negociación.

Lo que sin duda no previó el gobierno, fue la intensidad de la investigación de la ruta del dinero K por parte del equipo de Paul Singer. Esta presión, sin duda exitosa, hizo que ayer por ejemplo NML, el holdout liderado por Paul Singer solicitó que Guido Forcieri, procesado junto a Boudou por el caso Ciccone y ex representante argentino ante el Banco Mundial, no se vaya de EEUU hasta que no informe dónde hay “activos para embargar”.

Sin duda alguna, la presidente fue girando en la ultima quincena hacia el aceleramiento de las condiciones para una negociación, a medida que su tensión aumentaba, como lo prueba su internación que no sería ajena al stress que le provocarían las pesquisas de Singer sobre los fondos de Lázaro Báez y la posibilidad de que avance una causa por lavado de dinero en Nevada, donde las influencias de La Cámpora sobre los jueces son inexistentes. La empresa británica especializada en espionaje bancario contratada por Singer habría logrado resultados que prácticamente obligarían a la presidente a negociar, para evitarse un escándalo internacional que, cuando deje de ser presidente, podría colocarla en la incómoda posición de imputada, pero ante la justicia de los EE.UU. Según trascendió, la discreta empresa inglesa proporciona a sus clientes información bancaria secreta sobre las cuentas de terceros pero su sistema tendría un límite y es que 24 horas después de obtenida la información, los sistemas del banco hackeado detectan que han sido violados y empiezan a tomarse entonces contramedidas. Por este motivo, las pruebas que estaría consiguiendo Singer servirían judicialmente de un modo parcial, ya que cualquier acción legal se vería dificultada por las contramedidas que tomen los investigados. Así las cosas, Patria o Buitres pronto pasaría a la historia, como la gesta del kirchnerismo contra REPSOL y tantos otros shows populistas que terminaron en la nada.

Un plan para las urnas

La evidencia del giro que empezó el gobierno se cristalizó en un desplome del “blue”. Esta baja no obedece a los mayores controles sobre las “cuevas” ya que si por las inspecciones se reduce la oferta, el precio del dólar debería subir y no bajar.

Cada vez parece más factible un arreglo con los holdouts en el marco de un plan para llegar a las elecciones manteniendo un cierto caudal de votos. Un punto central es que por el stock de Letras, el BCRA tiene pérdidas que superan los $ 50.000 millones, ya que un monto apenas menor que ese stock, la entidad lo presta como Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional ¡a tasa 0%! y, además, el Gobierno no lo devuelve sino que a cada vencimiento lo renueva compulsivamente. Para compensar esa pérdida y generar “utilidades” el BCRA está obligado a hacer una devaluación consistente antes del 31/12, o sea cuando cierra el ejercicio anual. De este modo podría darle al Gobierno bastante dinero para la campaña electoral.

Si el BCRA lleva el dólar oficial, digamos, a $12 es lógico que el blue se desinfle (Quizás por eso el desinterés de grandes operadores en sostenerlo y de otros operadores, que estarían enterados, de liquidar posiciones en dólares). Para mantener una brecha pequeña entre el oficial y el paralelo, el BCRA tendría que liberar el tipo de cambio. Para sostener en tipo de cambio libre contaría con el ingreso de las exportaciones de la soja retenida por los productores agropecuarios, la cosecha fina, que liquida en el verano y la cosecha gruesa, que liquida a partir de marzo de 2015.

Esta pseudo tranquilidad del tipo de cambio y la expansión monetaria generada por la emisión de pesos para comprar divisas morigeraría el sabor del sapo que debe tragarse el Gobierno al tener que derogar en extraordinarias tres leyes para sentarse a negociar con Singer.

Obviamente, para que esta devaluación no tenga el mismo final que la que implementó Juan Carlos Fábrega, el Gobierno debería tomar un conjunto de medidas para atenuar el traslado a precios. Entre ellas podrían haber un corralón a las Letras de BCRA dándole a los tenedores un bono a uno o dos años, negociable en Bolsa, a una tasa mejor que las Letras. Con esto el Banco evitaría tener que emitir para devolverlas.

El paquete en cuestión incluiría la fijación de precios máximos a un conjunto de artículos de primera necesidad, el congelamiento de los alquileres destinados a vivienda, un aumento de emergencia para jubilados y pensionados, un aumento sustancial en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para la 4 categoría y otro en el porcentaje de coparticipación impositiva para mejorar los ingresos de las Provincias.

Es probable que Singer aceptaría u$s 500 millones cash y el resto en BONAR 2017, ya que con el levantamiento del cepo cambiario la paridad de esos bonos subiría y podría liquidarlos cash a más del 90%.

Carlos Tórtora/informadorpublico.com

Echegaray le dio la razón a los buitres que quieren «mover los cimientos» de la fortuna de Lázaro Baez

Cuando el titular de la AFIP reconoció que Cristina Kirchner y Lázaro Baez tienen vínculos comerciales ha confirmado así una de las hipótesis de las acciones legales iniciadas por los fondos buitre contra 123 empresas adjudicadas a Báez y contra el empresario Cristóbal López en el estado de Nevada.

Desde que NML, el fondo buitre de Paul Singer, comenzó a investigar las 123 empresas, en todos sus escirtos manifestó la sospecha sobre las relaciones «infames» entre Báez y los Kirchner.

Así, fondos buitres pusieron la lupa sobre el empresario gracias al aval de un juez de Estados Unidos.

La solicitud provino de NML quien apeló a su derecho llamado “discovery” a obtener información sobre bienes del Estado argentino decidido por el juez de Nueva York, Thomas Griesa. En consecuencia, NML confía en que si se demuestra en la Justicia argentina que Báez cometió fraude al Estado tendrá derecho, en el futuro, a embargar los bienes o cuentas bancarias que se encuentran en territorio norteamericano.

El juez Cam Ferenbach, de Nevada, hizo lugar al pedido de los fondos buitre que pidieron información sobre los activos de 123 sociedades en ese país que pertenecerían a Báez y de los Kirchner.

Desde NML sospechan que el empresario y la familia presidencial habrían lavado dinero público; de ser así, esos bienes podrían ser embargados.
diariohoy.net

Ante el temor de que la justicia de EE.UU. investigue a Báez, CFK empieza a arriar la bandera de patria o buitres

cristina-baez-lopez

Ante la impasibilidad del juez federal Sebastián Casanello, que no habría ordenado ninguna medida nueva en la causa en la que se investigan maniobras de lavado de dinero ligadas a Lázaro Báez, prácticamente a diario se suceden los hechos nuevos. Por ejemplo, la utilización, por Austral Construcciones, de un sistema de facturación ilegal para evadir impuestos sistemáticamente. Algunas de las empresas que emitieron facturas truchas son propiedad de la familia Ficcadenti, dueña de las sociedades anónimas Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari. Estas compañías facturaron a Lázaro Báez al menos $ 50 millones. Otra firma, Constructora Patagónica Argentina S.A., de la familia Ferreyra, sería la encargada de haber facturado servicios que jamás prestó o de inflar los costos de sus prestaciones. Sólo en 2009, esta compañía le facturó $ 13 millones a Austral Construcciones. Indudablemente, las incipientes revelaciones sobre la ruta del dinero K en los EE.UU. que empezaron a hacer los voceros de Paul Singer, dispararon múltiples efectos acá y en el exterior. En la teleconferencia del 8 de octubre, Robert Shapiro y Denis Hranitzky insinuaron que tenían más información que la poca que suministraron sobre las cuentas de Báez. Según una fuente de Washington, operadores de Singer estarían ofreciendo sumas millonarias en dólares a los que les suministren información sobre las cuentas de la familia Kirchner en las islas Seychelles. El efecto de éstas y otras señales en la Casa Rosada habría sido devastador, provocando que el flamante titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, le hiciera llegar un mensaje conciliador a Singer a través de los funcionarios del JP Morgan que lo escucharon: que el gobierno argentino se prepara para sentarse nuevamente en la mesa de las negociaciones con los holdouts.

seychelles1

La lectura política es que CFK intentaría apaciguar a Singer y sus socios con la expectativa de que éste frene las investigaciones sobre el lavado de dinero de Báez y otros allegados a ella, a la espera de que la Argentina presente una propuesta de pago de los US$ 1600 millones, que el juez Thomas Griesa ordenó pagarles a los holdouts. En caso de que el gobierno abandonara su cruzada de patria o buitres para pagarles a estos últimos y salir del actual default y desacato, debería previamente derogar la ley 26.886, que en su artículo 4° dice: “Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”. Y no sólo esto: para pagarles a los buitres y evitar que éstos sigan investigando la ruta del dinero K, Cristina también debería ordenarles a sus legisladores que deroguen la flamante ley de pago soberano 26.984, un estruendoso fracaso, ya que prácticamente no se conocen casos de bonistas que hayan cobrado en Nación Fideicomisos S.A., el nuevo agente fiduciario al cual el BoNY, anterior agente fiduciario que aún no fue removido, no le habría suministrado las listas de tenedores de bonos. Pero las supuestas intenciones del gobierno de volver a negociar, aun al precio de arriar sus banderas de guerra, su credibilidad en los mercados sería casi nula. Sobre todo luego del desprecio evidenciado por las sentencias de los tribunales de Nueva York y del falseamiento sistemático de los datos sobre de la evolución del PBI, la inflación, el déficit fiscal, la magnitud de las exportaciones, de las “utilidades” del Banco Central, etc.

Así es que una interpretación probablemente hoy dominante en los medios financieros es que el gobierno busca comprar tiempo haciendo que Singer frene sus peligrosas investigaciones sobre la corrupción K, pero que no hay voluntad oficial de negociar un acuerdo de pago rápidamente. Lo que sí se advierte es más prudencia. Ayer, al presentar públicamente el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, la presidente se mostró muy cuidadosa y, por primera vez en meses, no se refirió a los fondos buitres ni a la supuesta confabulación contra la Argentina.

Argentina_Buitres

Por otra parte, el acceso de Argentina a los mercados de crédito estaría lejos, aun pagándoles a los fondos buitre. Lo más probable es que los inversores extranjeros sólo le den créditos al país si el gobierno firma un acuerdo stand by con el FMI que incluya una auditoría del Fondo desde 2006 y un monitoreo de los gastos. Se trata de algo que CFK no puede aceptar sin depreciarse políticamente. Todo coincide entonces en que el cristinismo camina ahora por una estrecha cornisa: por un lado quiere evitar que comiencen a actuar fiscales de los EE.UU. sobre casos de lavado de Báez, lo que pondría en marcha un proceso irreversible. Pero por el otro, intenta ganar tiempo para encontrar la forma de que la rendición ante Singer y sus asociados no le signifique a la Casa Rosada una derrota política con consecuencias electorales graves.


Con final abierto

cristina griesa

A todo esto, el Juez Griesa, que tiene muchos años en ese cargo y sabe que una cosa es el desacato de una persona física o jurídica y otro es el de un país, está actuando con extrema prudencia. Daría la impresión de que está dejando correr el tiempo para ver si se encamina alguna negociación. En lo que hace a la hipótesis de la compra por parte de George Soros del crédito de Singer, da la impresión de que la operación se va diluyendo. Es que no por nada la triangulación a través del Citi y el Morgan fracasó y Soros debe bien saber por qué fracasó. En síntesis, el tiempo parece correrle en contra a CFK. Si su actual política es meramente dilatoria, pronto Singer y sus socios podrían llegar a esa conclusión y profundizar la investigación de la ruta del dinero K. Mientras sea presidente, Cristina estaría a salvo de cualquier requerimiento de un fiscal de los EE.UU. Pero a partir del 10 de diciembre del 2015, su vulnerabilidad judicial sería enorme y cuesta creer que los fueros legislativos, en caso de que los tenga, le alcancen para salir bien parada si el final de su gestión se da en el medio de un colapso económico con estallidos sociales.

informadorpublico.com

Las investigaciones de los buitres sobre la corrupción K impulsan a Cristina a ser candidata

Dos factores absolutamente desconectados entre sí están confluyendo en el rumbo electoral del kirchnerismo. Hasta pocas semanas atrás, el entorno presidencial basaba su plan para conseguir impunidad después de dejar el gobierno en una serie de operaciones internas. La primera, el control de una masa significativa de jueces y fiscales federales, incluyendo algunas salas de la Cámara Nacional de Casación Penal. Conjuntamente con esto, está el mantenimiento de una mayoría importante de consejeros de la Magistratura, que permita negociar, después de diciembre del 2015, la situación y la designación de jueces. En tercer lugar, están las reformas legales hechas, como la del Código Civil y Comercial y el inminente envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que le daría más poder a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Este conjunto de herramientas para neutralizar las investigaciones por corrupción -sin hablar de las carpetas sobre los jueces- tendría su pieza maestra en la conservación de importantes bloques de senadores y diputados nacionales propios que condicionen a los magistrados que se propongan revisar la década ganada y dictar los procesamientos que corresponden.

Pero el conflicto judicial con los holdouts, con su secuela del default y el desacato declarado por el juez Thomas Griesa, le abrieron al gobierno un potencial frente judicial mucho más peligroso que el argentino. Liderados por el hiperactivo Paul Singer, los holdouts se lanzaron a la caza de activos financieros en el exterior vinculados a la familia Kirchner, amenazando con abrir una verdadera caja de Pandora.

En una nueva presentación judicial, el fondo NML, de Singer, apuntó esta vez contra Cristóbal López, el empresario cercano al kirchnerismo que logró de su gobierno concesiones para casinos, juegos de azar y medios de comunicación. El eje de la nueva acción es demostrar que el zar del juego tiene “vínculos irregulares” tanto con la presidenta como con su fallecido esposo y predecesor en el cargo, Néstor Kirchner, para “alzarse” con millones de dólares públicos que están ahora “escondidos alrededor del mundo”. Quince días atrás y ante la justicia de Nevada, los abogados de Singer arremetieron contra 130 sociedades ligadas a Lázaro Báez con argumentos similares.

En todos estos casos, lo que se inicia es un expediente de “discovery”, la figura por la cual se puede requerir judicialmente la presentación de información y documentos cuando se sospecha que detrás de ello hay bienes públicos que fueron indebidamente apropiados por terceros. De comprobarse que ése es su punto de origen, los fondos buitre podrían iniciar un expediente paralelo para intentar embargarlos y, con ello, cobrarse parte de la deuda que el Estado argentino tiene con ellos.

El peligro que se cierne ahora sobre la familia presidencial es de una magnitud hasta ahora desconocida. Si las investigaciones en los EEUU prosperan, sus resultados impulsarían inevitablemente la reactivación -y el cambio de orientación de casos claves como el Báez- que el juez federal Sebastián Cassanello derivó hacia una vía muerta evaluando que no se investigue el lavado de fondos provenientes de las obras públicas sino de supuestas conexiones con el narcotráfico.

A su vez, la apertura de causas judiciales por corrupción en los EEUU que involucrarían a la presidente y su entorno serían prácticamente inmanejables para la Casa Rosada, como ya se demostró, en otro orden de cosas, con los intentos para influir políticamente sobre las decisiones de Griesa a través de presiones de la Casa Blanca sobre el juez, la Corte de Distrito y hasta la Corte Suprema, sin conseguir resultado alguno.

A esto hay que sumarle que, en el caso probable de un crash del régimen bolivariano que conduce Nicolás Maduro, el advenimiento de un gobierno moderado en Venezuela destaparía los múltiples vínculos de corrupción con el gobierno argentino.

El escape electoral

Queda la duda de si la presión judicial de Singer terminará en una rápida rendición del gobierno ante los fondos buitre, antes de que sea demasiado tarde. En caso de que las negociaciones no prosperen, CFK afrontaría sus últimos meses en el poder con el riesgo de terminar requerida en los estrados de USA.

Este oscuro panorama empieza a volcar ciertas decisiones estratégicas para la próxima contienda electoral. La mayor parte del círculo áulico presidencial se inclinaría ahora por que Cristina debe ser candidata el año que viene y en busca del cargo que dé mayor poder, para resguardarse ella y a los suyos de embates judiciales que pueden exceder a la justicia local. En este punto crece el proyecto de ir por la sucesión de Scioli. Hay factores que le permiten cierto optimismo al cristinismo. Su núcleo duro de votos en Buenos Aires no bajaría del 25%. Pero el dato relevante es la crisis de candidaturas que se da en el primer distrito del país. Sergio Massa, que sin duda le arrastrará muchos votos a cualquier postulante, cuenta hoy con candidatos que apenas miden en las encuestas, como Darío Giustozzi y Felipe Solá. Su carta fuerte era el pase de Martín Insaurralde a las filas del Frente Renovador, lo que parece estar congelado. Con su andar oscilante, el novio de Jésica Cirio está preparando su propio partido provincial, que se llamará MI Buenos Aires (jugando con las siglas del candidato). En el cristinismo suponen que una fórmula CFK-Insaurralde podría alzarse con la gobernación en una elección que no tiene segunda vuelta. Los otros candidatos naturales, como Francisco de Narváez y Margarita Stolbizer, se encuentran en baja. Por otra parte, no existen otras figuras emergentes y ya no queda tiempo para que esto ocurra. Así las cosas, el cerco que se va cerrando sobre la corrupción K casi obligaría a Cristina a quedarse con la mayor cuota de poder posible. Algo que no conseguiría con una banca como diputada nacional, en la cual difícilmente podría sentarse debido a los permanentes ataques que sufriría desde distintas bancadas.
Carlos Tórtora/informadorpublico.com

El mapa de los fondos buitre: una telaraña que los vincula y los enfrenta

La Argentina tiene un famoso enemigo desde que declaró el default de su deuda en 2001: los fondos buitre. Ellos son fondos de inversión que compraron deuda argentina y que no aceptaron ingresar a ninguno de los tres canjes de deuda que ofreció el Gobierno y que, además, pretenden cobrar el 100% del valor de los bonos.

Los fondos buitre son parte de los ‘holdouts’ (los que se quedan fuera), porque son acreedores que eligen mantenerse al margen de las reestructuraciones de deuda con la intención de cobrarse posteriormente el valor total.

Pero los fondos buitre, en muchos casos, son viejos conocidos entre ellos. Algunos son hoy “aliados” contra la Argentina pero antes estuvieron enfrentados en batallas legales. Mientras que otros se muestran cerca del Gobierno, pero son socios comerciales con los “fondos buitre malos” en otras empresas.

En concreto: una verdadera telaraña que los vincula y los enfrenta.

Aliados pero socios

En una vereda, el Gobierno ubica a Paul Singer, el fundador de Elliot Management y cara visible de los fondos buitre que, junto a Mark Brodsky, de Aurelius, Thomas Kempner, de Blue Angel, y otros fondos más chicos y particulares litigian contra la Argentina.

En la vereda de enfrente se encuentra George Soros, un multimillonario que recientemente compro acciones de la petrolera estatal YPF, y que en el relato del Gobierno es un fondo “bueno”.

Pero Soros y Singer (y otros fondos) son «socios» (accionistas) en una empresa que busca petróleo en Malvinas.

buitre

¿Es o no es?

La presidenta Cristina Kirchner confundió el mes pasado a Sam Zell, también millonario, con Mark Brodsky, de Aurelius. Claro, ambos son grandes fondos de inversión, aunque Sam Zell solo tuvo activos en la Argentina en el pasado. Zell era dueño de Equity Office Property Trust que se la vendió al fondo Blackstone, que a su vez tiene bonos argentinos en default. Y BlackRock, el principal gestor mundial de fondos de inversión es un desprendimiento de Blackstone, que a su vez posee acciones en la gráfica Donnelley, que recientemente quebró. La presidenta Cristina Kirchner apuntó contra BlackRock, por tener supuestos vínculos con el titular del holdout NML, de Paul Singer, por considerar que está detrás de la quiebra solicitada por Donnelley. Cristina confundió a Zell con Brodsky, quien fue colaborador de Singer en NML. Un embrollo.

Pero hay más. En verdad Zell sí tuvo algo que ver con Brodsky, por la quiebra del multimedio estadounidense Tribune, en el la cual estuvieron enfrentados.

“No hay nadie como Elliot para comportarse como Elliot”

Otro fondo de inversión que tuvo bonos argentinos pero que ya los vendió es Greylock. Sin bien ya no es más “un fondo buitre”, considera que ganarle una pelea a Paul Singer es casi imposible, porque “no hay nadie como Elliot para comportarse como Elliot”.

Cronista.com armó un mapa para tratar de entender algunas de las relaciones entre los fondos buitre.
www.cronista.com

Plantean dudas sobre el plan del Gobierno para pagar a bonistas fuera de los Estados Unidos

No queda claro si la cámara compensadora DTC podrá colaborar ni qué harán los fondos que sólo operan deuda con legislación de los EE.UU. También hubo apoyos importantes.

Fondos de inversión con intereses en Argentina y analistas plantearon reparos sobre la posibilidad de que los inversores acepten cambiar la sede de cobro a Buenos Aires. En tanto, el ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió que la decisión puede motivar el pedido de aceleración de algunos bonos por parte de acreedores que no acepten las nuevas condiciones.

Ayer por la mañana, en una extensa conferencia de prensa, Kicillof aclaró que el proyecto de ley no propone un canje compulsivo de bonos que implique un cambio de jurisdicción ni de lugar de cobro obligado. Eso provocaría nuevos reclamos judiciales. “»El Poder Ejecutivo presenta una propuesta de canal de pago que nosotros consideramos que está a salvo de obstrucciones”», dijo, al referirse a la designación de Nación Fideicomisos como agente fiduciario en reemplazo del Bank of New York (BONY). “»Pero los propios bonistas pueden convocar a una asamblea y proponer otro canal de pago distinto”», aclaró.

A su lado, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, ratificó la opción Buenos Aires. Lo cierto es que la única forma en que el Estado puede garantizar a los bonistas que recibirán su dinero es si éstos aceptan cobrar en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo inmune a los fondos buitre, como el Reino Unido, Luxemburgo, Francia o Alemania.

El proyecto de ley propone cortar el contrato con el BONY como fiduciario y cambiarlo por Nación Fideicomisos, plantea a los bonistas un canje voluntario por títulos de legislación argentina y deja abierto el canje de deuda para el 7,6% que no ingresó en las ediciones 2005 y 2010. Esto ocurrirá a partir del 30 de septiembre, cuando vencen u$s 190 millones. Los u$s 539 millones retenidos en el BONY quedarán allí, porque Argentina considera que “»ya pagó»”.

Según expertos y representantes de fondos de inversión consultados, la principal duda recae sobre el rol que jugará la cámara compensadora DTC de Estados Unidos. Es un protagonista fundamental en el proceso de pago de la deuda. El dinero que, hasta hoy, Argentina deposita en cuentas del Bank of New York, sigue su curso a la cuenta de DTC, que es quien lo distribuye entre los acreedores. Pero DTC está alcanzada por los fallos del juez de distrito Thomas Griesa y cualquier colaboración con Argentina podría ocasionarle problemas legales.

Otro inconveniente radica en los fondos que, por sus estatutos, sólo pueden invertir en activos de legislación estadounidense. Éstos no podrían pedir el canje voluntario de sus títulos ni cobrar en otro lugar que no sea Estados Unidos. “»Es el único problema serio»”, afirmó el economista Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central, quien apoyó la iniciativa oficial: “»Sacaron la pelota de un lugar con cemento fresco y ahora vuelve a picar»”, graficó.

Los fondos que no quieran cambiar de jurisdicción podrán pedir la aceleración de los bonos y exigir el cobro anticipado de toda la deuda. Lo admitió el propio Kicillof, aunque dijo que esa acción la podrían llevar a cabo fondos buitre que compraran la deuda reestructurada para acelerarla. «“Probablemente ahora puedan llegar a pedir la aceleración, no lo sé. Habían dicho lo mismo por el 30 de junio y eso no ocurrió»”, afirmó el ministro.

Javier Alvaredo, economista de la consultora ACM, definió el proyecto oficial como “»una secuencia de microcanjes»”, porque cada acreedor deberá dar su consentimiento para que la operación sea exitosa. «“Es muy difícil que se genere mucha adhesión al comienzo. Generalmente, el grueso de los acreedores entra al final, ve qué hace el resto»”. En este caso, el proyecto de ley no contempa una fecha de cierre que genere el «“efecto puerta 12″”.

Desde un importante fondo de inversión que acompañó al Gobierno como amicus curiae coincidieron con esa visión. Consideraron que llevar adelante esta operatoria requerirá “»mucho tiempo»”, porque el Gobierno necesitará reunir “»masa crítica»” para demostrar niveles de aceptación exitosos que, a su vez, sirvan para incentivar a otros bonistas.

La buena noticia para el Ejecutivo es que otro importante fondo de inversión manifestó estar “de acuerdo con la solución global” que propuso el Ejecutivo. Un grupo importante de inversores planteaban que la salida a el embrollo judicial con la justicia de Estados Unidos y los fondos buitre era renegociar toda la deuda externa. Fue, palabras más o menos, la solución que propuso el estudio de abogados de Argentina, Cleary Gottlieb, en un memo reservado que se filtró a la prensa. Estos fondos interpretan que el proyecto de ley va en ese sentido.

También respaldó el cambio de jurisdicción el abogado de bonistas italianos con deuda reestructurada, Tulio Zembo. «Es una decisión correcta»”, afirmó.

En paralelo, NML Capital, el fondo de Paul Singer, pidió ayer al juez Griesa que declare a Argentina en desacato. «“Este plan hace que Argentina no tenga ninguna pretención de honrar sus obligaciones con los bonistas demandantes”», argmentó en un escrito el abogado del fondo, Robert Cohen.

Cronista.com.ar

Las dos propuestas que se negocian ahora para que Argentina no caiga en default

Los banqueros, los buitres y los funcionarios argentinos negocian cara a cara. Los puntos que complican el acuerdo.
En este momento sobre la mesa del mediador Daniel Pollack se analizan dos propuestas para evitar que la Argentina caiga en su segundo default en 12 años. La negociación ya es cara a cara e incluye a todas las partes: La delegación de funcionarios argentinos y abogados del país que encabeza el ministro de Economía Axel Kicillof, los representantes de los fondos buitres y los banqueros que el Gobierno tuvo que ir a buscar para destrabar la negociación.

Una fuente con acceso a estas conversaciones reveló a LPO el contendido de una compleja negociación que desbordó a Kicillof y su equipo, y obligó a Cristina a pedir el auxilio de los banqueros que ahora son los que llevan las riendas de la negociación.

La primer propuesta, como trascendió ayer, consiste en que los bancos aporten una garantía de 250 millones de dólares a los fondos liderados por Paul Singer y se establezca algún sistema para pagar el resto del fallo luego de fin de año cuando vence la cláusula RUFO.

La segunda propuesta es que los bancos directamente le compren toda la deuda a los holdouts que consiguieron el fallo del juez Thomas Griesa. Esa deuda es por un valor nominal de unos 1.300 millones de dólares, pero los banqueros pretenden una quita. Ese es un punto central de la discusión.

El otro es establecer, seguramente mediante alguna cláusula secreta, el valor al que el Estado le recomprará esa deuda a los bancos, el año que viene. Es obvio que el Estado no puede aparecer pactando esto porque se caería toda la ingeniería para sortear la RUFO, que obliga a extender al resto de los bonistas cualquier mejora de pago.

En esta negociación que surgió por un pedido directo de auxilio de la Casa Rosada al titular del Banco Macro y presidente de Adeba, Jorge Brito, también participan bancos internacionales.

De hecho, si se decantara por comprarle toda la deuda a los fondos que lidera Singer, en los bancos de Argentina no hay los más de 1.300 millones de dólares que se necesitan. Es posible que bancos internacionales aporten ese fondeo.

No es un secreto que el gobierno venía hablando con Goldman Sachs y JP Morgan para ver cómo financiaba una operación de rescate de este tipo y que una vez sorteado el problema con Singer, debería hacerse extensiva a los “me too”, el otro 6 por ciento de bonistas en default.

Problema de papeles

Por ridículo que parezca, la propia impericia de Kicillof y su equipo generó una complicación inesperada. Al haber ido a buscar la ayuda de los bancos tan a último momento, hoy no hay tiempo material para hacer los papeles del acuerdo que se celebre.

Es decir, los gerentes y directivos de bancos que ahora están negociando, una vez cerrado el deal, necesitan que pase por los Comité de Créditos de sus respectivas instituciones, que lo aprueben los directorios y toda una serie de procesos legales que no se podrán salvar de acá a las 17 hora Nueva York, cuando Argentina entrará formalmente en default –ya está en cesación de pagos en Tokyo-.

Si bien parece un aspecto menor, los abogados de Singer una vez que se cierre la discusión de precios quieren tener los papeles firmados. Como es esperable, no es confianza lo que sobra en esta negociación.

De manera que si se llega a un acuerdo es posible que las Argentina esté unas horas o días en default hasta que se termine de procesar toda la documentación.
lapoliticaonline.com

Fondos buitre: la próxima reunión de la misión argentina con el “special master” será el viernes

Así lo anunció Capitanich. Ayer Kicillof le dijo al mediador designado por Griesa que la Argentina no puede pagar el fallo tal como está y volvió a pedir un “stay”.

La próxima reunión de la delegación de alto rango de la Argentina con el “special master” Daniel Pollack, el abogado al que el juez de Nueva York Thomas Griesa designó como mediador ante los fondos buitre, será el viernes, según informó esta mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia matutina en la Casa Rosada.

La primera reunión con Pollack fue ayer. En la misma, el ministro de Economía, Axel Kicillof, insistió en la postura del Gobierno: que la sentencia firme a favor de los holdouts es de “imposible cumplimiento” tal como está y que el país necesita un “stay” para poder negociar.

Pese a la negativa argentina, el mediador mantuvo abiertas las negociaciones. “Las discusiones fueron sinceras, los problemas principales fueron identificaos y la partes han indicado una intención de continuar con los encuentros”, resumió en un comunicado.

Hoy Capitanich aclaró que no conocía en detalle los pormenores de la reunión de ayer y se remitió básicamente a la información que ayer difundió el Ministerio de Economía. Dijo que el Gobierno insistió en explicar su “estrategia de desendeuamiento”, en que “parte de los bonos que se ejecutan (por el fallo de Griesa) han sido del megacanje”, en que “es imprescindible el otorgamiento de un stay que suspenda la ejecución de la sentencia” y en afirmar “de un modo enfático que la Argentina cumple con sus obligaciones”.

Oficialmente, Kicillof dijo y reiteró que no planeaba encontrarse con los representantes de los holdouts cara a cara. Pero podría haber encuentros informales e indirectos.

Mientras Kicillof visitaba por primera vez a Pollack, ayer el grupo inversor de Paul Singer, el más importante incluido en los fallos de Griesa, hizo saber que estaba dispuesto a darle al Gobierno el tiempo que necesita (hasta fin de año) y a aceptar parte del pago en bonos para sellar un acuerdo en la línea de los que el país alcanzó con Respol y el Club de París. A cambio, pidió gestos concretos.

Por otra parte, se dieron los primeros pasas para que tenedores de bonos defaulteados pero sin sentencias a favor en la Justicia norteamericana se agrupen para negociar con la Argentina por separado. El valor de esos bonos se duplicó desde que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firmes los fallos a favor de los holdouts.
cronista.com.ar

Singer denuncia que el Gobierno «se niega a negociar» y elige poner al país «al borde del default»

El dueño de NML negó que el Gobierno esté dispuesto a negociar y dijo que va hacia «un camino sin salida».
El fondo NML Capital, del multimillonario Paul Singer, cuestionó duramente al Gobierno argentino por no comprometerse en una negociación seria para resolver el conflicto por la deuda y dijo que la Casa Rosada eligió poner al país «al borde del default».
«La disposición a negociar con sus acreedores expresada por Argentina no ha sido más que otra promesa incumplida», afirmó Singer a través de un comunicado de prensa firmado por Jay Newman, gerente de inversiones de Elliot Management, la empresa controlante del fondo NML.

«No hay negociaciones en curso, no las hubo y Argentina se niega a comprometerse en el futuro», sostuvo Newman, de acuerdo a la información publicada por la agencia Bloomberg.

El representante del fondo que ganó el juicio contra la Argentina en los tribunales de Nueya York agregó que «NML está en la mesa de negociación , lista para hablar, pero Argentina se ha negado a negociar cualquier aspecto de esta disputa».

«El Gobierno de Argentina ha elegido poner al país al borde del default», agregó Newman. «Sinceramente esperamos que reconsidere la decisión para no quedar en un camino sin salida», completó el representante de Singer.

La posición del fondo buitre sucede luego de que el juez Thomas Griesa le pidió Argentina que aproveche los treinta días del período de gracia que tiene para evitar el default y finalmente se siente a negociar una salida a la crisis.

En paralelo a la declaración del representante de NML, bonistas que ingresaron a los canjes de deuda le solicitaron a Griesa que revierta su decisión del viernes pasado, cuando anuló el pago que Argentina hizo por el vencimiento de hoy.

Los tenedores de bonos reestructurados pidieron al juez quedar exentos de la medida que ordenó al Bank of New York devolver el depósito de 539 millones de euros que hizo el Gobierno el jueves pasado. La Casa Rosada sostiene que esos bonistas son los principales perjudicados por la decisión del veterano magistrado.
lapoliticaonline.com

¿Cristina tiene margen para imponerle condiciones a Singer?

El Gobierno apuesta a negociar con los buitres. Pero dependerá de la voluntad de Griesa y el dueño de NML.

«Esto es una extorsión y Argentina no tiene porqué ser sometida a semejante extorsión», sentenció anoche Cristina Kirchner en la que fue la única reacción oficial a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de dejar firme el fallo que ordena al país pagarle el cien por ciento de lo adeudado al fondo NML de Paul Singer.
Pero al mismo tiempo que la Presidenta cuestionaba a la justicia estadounidense y a los fondos buitres, el Ministerio de Economía dejó trascender al periodismo que la Casa Rosada está dispuesta a sentarse a negociar con Singer a través del juez Thomas Griesa, aunque remarcando que no se le pagará todo lo adeudado. “El Gobierno decidió estrellarse contra la pared”, sintetizó ante LPO una fuente del mercado.

Se trata de una contradicción que revela el grado de confusión en el que quedó el Gobierno. Mientras se abre la puerta por primera vez a una negociación con Singer, se aclara que no se le pagará lo que Griesa determinó y fue convalidado en todas las instancias judiciales. Es decir, la Rosada avisa que no cumplirá el fallo y que ahora sí está dispuesta a una solución que durante años se negó a aceptar.

Diego Bossio lo puso en palabras claras. «Efectivamente se va a pagar y la Argentina no va a entrar en default sobre todo a los que entraron en el proceso de normalización. No vamos a permitir que la negociación sea en condiciones desventajosas para la Argentina», explicó.

Pero lo que el Gobierno olvida es que ahora más que nunca el dueño de la pelota es Paul Singer, quien no se muestra muy contemplativo con la Argentina. ¿Por qué ahora, con todos los fallos a favor, el dueño de NML estaría dispuesto a negociar? El argumento de que a los buitres no les conviene que Argentina entre default no resulta convincente, teniendo en cuenta que Singer no parece desesperado por cobrar y su fortuna le permite seguir esperando.

Lo mismo corre para Griesa. El juez ha ofrecido varias veces a Argentina negociar con NML y se espera que ahora mantenga esa oferta. Pero tampoco ha sido demasiado contemplativo con el país y nadie asegura que acepte esa alternativa. Pero en sus manos también está la llave para levantar la clausula stay, que obligaría a un pago inmediato.

«No hay más argumentos para el no pago»

La opinión coincidente entre los economistas y analistas del mercado es que el país ahora no tiene otra alternativa que sentarse a negociar con los fondos buitres, pero para sortear las trabas mencionadas anteriormente es necesario que el Gobierno lleve una propuesta concreta sobre la cual empezar a discutir con Singer.

En diálogo con LPO, Federico Tomasevich, director de la banca de inversión Puente, opinó que “sería poco razonable no sentarse a negociar” con NML tras los pasos que dio el Gobierno para normalizar su relación con los mercados. “Que la Corte no haya tomado el caso no quiere decir que la Argentina entre en default. Quiere decir que no hay más instancias de no negociar”, explicó.

“El Gobierno optó por no negociar nunca, siempre fue por la opción judicial. Ahora la Corte le dijo: ‘venga, siéntese y negocie’”, detalló Tomasevich, quien cree que Griesa debería aceptar la posibilidad de negociar si el Gobierno le da argumentos válidos.

“Si Argentina lleva una propuesta razonable de pago, el juez puede generar un ámbito de negociación para no terminar en las garras de los buitres. Pero hay que hacerlo rápido y razonable, como con el Club de París. No hay más argumentos para el no pago”, completó.

El ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov consideró que el Gobierno debería abandonar los discursos y empezar las tratativas ya que «estamos jugando contrarreloj». «Lo mejor es no hablar antes de negociar», opinó en diálogo con radio La Red. «Tenemos una fama de prepotentes y eso yo creo que ha influenciado en el juez Griesa. Siempre hay temas adicionales, siempre levantamos la voz, yo creo que hay que cambiar la estrategia de negociación», agregó.

El economista Miguel Ángel Broda dijo por su parte que «no tenemos otra alternativa que negociar con los señores que nos han ganado los juicios», aunque admitió que las soluciones posibles dependen de que «la Cámara de Apelaciones y Griesa nos den tiempo para negociar». «La Presidenta dijo que no va a aceptar extorsiones, pero no dijo nada de dónde está el problema, que es qué negociaciones hacemos con los que ganaron los juicios», planteó en declaraciones a radio Mitre.

En tanto, el ex ministro Roberto Lavagna indicó que «hay que ser serios en las propuestas que se puedan hacer, y usar al máximo la capacidad» para aprovechar la posibilidad de negociar. «Si uno explora todos los mecanismos para ganar tiempo haciendo cosas, sin escaparse, y se observa la sutileza que hubo en los dichos sorprendentes de Griesa para sentarse a negociar, alguna solución razonable se puede dar», concluyó.
lapoliticaonline.com