El plan de Kicillof para quedarse con el control total de los puertos

Extenderá hasta 2019 el contrato de la terminal 5 porteña. Habría nuevos funcionarios camporistas en el sector.

A su regreso de Rusia, el ministro de Economía, Axel Kicillof comenzará a definir las nuevas líneas de acción y los cambios de funcionarios en el sector marítimo, portuario y de vías navegables que le arrebató hace casi un mes a su colega de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

Hasta ahora, la única movida que concretó titular del Palacio de Hacienda tras absorber el área de transporte por agua fue el pase de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SPVN) y la Administración General de Puertos (AGP) a la órbita de la Secretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad que conduce la camporista Mariana González.

La nueva responsable del área mantuvo varias reuniones con los actuales titulares de la SPVN, Horacio Tettamanti y de la AGP, Sergio Borrelli para conocer cuál es la situación operativa y financiera de esas reparticiones.

Tras pasar por una suerte de “mesa examinadora” donde tuvieron que informar desde las cuestiones más elementales hasta las aristas más complejas de sus gestiones, los dos funcionarios se fueron de las oficinas de González sin ninguna garantía de continuidad en sus cargos.

En el caso de AGP, la secretaria de Coordinación Económica requirió una serie de informes adicionales sobre dos temas relevantes: la situación contractual y económica de las tres terminales privadas que operan en el puerto de Buenos Aires y los balances de los últimos cinco años del organismo con un detalle preciso de los negocios colaterales y alquileres que cobra a los concesionarios que ocupan parte de sus predios e instalaciones.

Por el lado de Vías Navegables habría dos hechos que llamaron la atención de los funcionarios de Economía. Uno de ellos estaría vinculado con los costos del dragado del canal Martín García.

Por un convenio firmado con la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), el dragado del canal Martín García que antes estaba a cargo de la empresa privada Riovía pasó a las direcciones de Vías Navegables de Argentina y Uruguay. Mientras que al anterior dragador privado se le pagaba US$ 2,80 por cada metro cúbico extraído, a la dirección de Vías Navegables la CARP le terminó desembolsando un promedio de US$ 6 por metro cúbico. A esa diferencia en el costo del dragado se sumó otra cuestión poco clara relacionada con la provisión de combustible que Vías Navegables recibió a un precio subsidiado y luego terminó facturando a los valores de mercado.

El otro hecho que sorprendió al equipo de González fue el alto nivel de inactividad y deterioro que presenta el parque estatal de barcos y remolcadores. Se detectaron dragas que están paralizadas desde hace más una década y una prolongada falta de repuestos que afecta a la mayoría de las embarcaciones.

Con respecto a los cambios de los principales funcionarios del área, todo indicaría que las novedades se conocerían a partir de la próxima semana. La intención de la dupla Kicillof-González sería colocar técnicos y referentes de La Cámpora al frente del sector.

El más cuestionado de los funcionarios heredados por Economía es Tettamanti. Oriundo de Mar de Plata y dueño del astillero SPI, Tettamanti desembarcó en el Gobierno en julio de 2012 con el aval de Randazzo. Durante su gestión, el astillero SPI se vio beneficiado con varios contratos de reparación de naves de la Armada, con el dragado del puerto marplatense que mejoró el acceso a sus talleres y con una favorable renegociación del contrato de alquiler que tenía vigente con las autoridades portuarias de la ciudad feliz.

Por el lado de las terminales privadas capitalinas, el equipo económico no prevé—al menos por ahora—ninguna “nacionalización, ni estatización” de los servicios que se prestan en el puerto de Buenos Aires.

La versión de un posible avance del Estado sobre las concesionarias porteñas había salido de la esfera de Tettamanti, pero con el paso de los días quedó desvirtuada.

Tras haber frenado la licitación que estaba en curso para la terminal 5, Kicillof tiene en carpeta una prórroga de la actual concesión por cuatro años más.

Actualmente la concesión de la terminal 5 está en manos de la empresa Bactssa – del grupo multinacional Hutchison Port Holings (HPH)—con un contrato que vence en seis meses.

Al no contar con tiempo suficiente para hacer otra licitación internacional y adjudicar la terminal antes de octubre, la idea de Kicillof sería extenderle el contrato a Bactssa hasta 2019 para que su concesión culmine junto con las de los otros operadores privados del puerto de Buenos Aires.

Se trata de TRP (Terminales Río de la Plata) que explota las terminales 1,2 y 3 y APM que maneja la terminal 4, cuyos contratos de concesión tienen un plazo de duración más amplio que el de Bactssa.

Lejos de transformarse en un “privatista”, el ministro de Economía estaría mostrando con esta medida un accionar más pragmático para no correr riesgos de tener conflictos legales y laborales en el puerto en los días previos a las cruciales elecciones de octubre.

lapoliticaonline.com

 

 

Demoras en aeropuertos, fronteras y puertos por una huelga de trabajadores de Aduana

Los trabajadores de Aduana iniciaron hoy una huelga de 48 horas en reclamo de un aumento salarial de la administración pública, del que según afirman fueron excluidos, y provocaron demoras en los aeropuertos internacionales, puertos y pasos fronterizos.

La medida de fuerza comenzó a las 13 y afectó el movimiento de importación y exportación de mercaderías, además del ingreso y egreso de personas, pese al cumplimiento de guardias mínimas para permitir el paso de insumos esenciales como medicamentos.

El Sindicato Unico del Personal Aduanero (SUPARA) informó en un comunicado que la huelga se repetirá el jueves y viernes de la semana próxima y advirtió que de no haber respuestas de las autoridades evaluarán un «paro total» de actividades para agosto.

Los trabajadores aduaneros reclaman un aumento salarial del 28,15% del cual, aseguraron, fueron excluidos en forma arbitraria. «Es el único sector que inexplicablemente no percibe la recomposición salarial prometida y ya otorgada a otros empleados públicos», dijeron en el comunicado.

Supara afirmó que integra el Frente de Gremios Estatales y que como tal participaron de reuniones «con la Presidenta de La Nación, el jefe de Gabinete, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, oportunidad en la cual se acordó y anunció públicamente la pauta salarial para todo el sector público».

«Transcurrido más de dos meses y pese a las reiteradas gestiones y reuniones, somos los únicos trabajadores a los que se niega el convenio», sostuvo el gremio.

En tal sentido, consideraron que «este destrato implica un menoscabo y una falta de reconocimiento a la labor, que requiere una permanente actualización, capacitación, profesionalismo y conlleva un alto grado de inseguridad y riesgo laboral».

Fuente: TN

Un paro en puertos afecta exportación de granos

Los trabajadores afiliados a la Unión de Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina (URGARA) iniciaron en la medianoche de este martes un paro de actividades que complica las exportaciones de granos en varios de los principales puertos del país.

El gremio exige un incremento salarial de 45% y denuncia que el Centro de Exportadores se niega a continuar las negociaciones paritarias que comenzaron la semana última. También manifiestan contra el despido de trabajadores en algunas empresas.

El paro, que comenzó a la 0 de hoy, afectaba el embarque de mercadería en los puertos bonaerenses de Quequén y Bahía Blanca, además del de Rosario, entre otros.

En diálogo con ámbito.com, el secretario general del gremio, Alfredo Palacio, explicó que no se trata de un paro «por tiempo indeterminado», pero que continuarán con la medida hasta recibir una respuesta del Centro de Exportadores.

Mientras tanto, en los puertos hay barcos paralizados y se frenan gran parte de las exportaciones de granos.

Palacio, enrolado en las filas del líder de la CGT opositora Hugo Moyano, aseguró que no recibió contacto alguno del Gobierno, al que acusó de «estar ausente», y consideró que «los trabajadores están padeciendo los resultados de un modelo que no contiene».
ambito.com

Despouy denunció «zonas liberadas» para el tráfico de drogas en puertos y aeropuertos

Leandro Despouy
El titular de la Auditoría General de la Nación habló de una «ausencia deliberada» de controles en las terminales. La entidad denunció que los escaners de los puertos de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo no detectan estupefacientes.

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, denunció que «hay una ausencia deliberada» de controles en los puertos y aeropuertos del país y sostuvo que las terminales permanecen «habilitados al tráfico de drogas» al exterior

El radical Despouy habló también de «zonas liberadas» y confirmó que los escáners de los puertos «no registran» los estupefacientes, a la vez que insistió con que existían «irregularidades» similares en los «aeropuertos».

«Hay un cuadro general de falta de control en el tema de drogas, al que se suma la situación que tenemos en los puertos importantísimos de nuestro país», denunció en diálogo con radio Continental. «Hay una ausencia deliberada: el Estado renunció a ejercer el control», agregó.

Las declaraciones de Despouy surgen luego de que se conociera un informe de la AGN en el que se afirma que los escaners instalados en los puertos de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo no sirven para detectar drogas.

Según informa La Nación, los propios funcionarios de la Aduana reconocen en la auditoría que esos «métodos no intrusivos» de control de contenedores no tienen capacidad para discernir entre «sustancias orgánicas o inorgánicas».

«Del relevamiento llevado a cabo surgió que ninguna de las terminales cuenta con escáneres cuyo software permita diferenciar entre elementos orgánicos e inorgánicos», consignó la AGN. La Aduana aceptó esa situación mediante su respuesta oficial: «La Dirección General de Aduanas indica que se encuentran bajo análisis de las áreas pertinentes las recomendaciones efectuadas por la AGN».

El diario argega que otros graves problemas de seguridad fueron detectados también por los auditores de la AGN. Por caso, se determinó que no existe una clara norma para verificar a los precintos de los contenedores, situación que puede permitir la recarga del transporte tras una inspección.

Además fue verificado que no funcionaban las cámaras de seguridad tanto en el puerto de Campana como en San Lorenzo. Incluso no hay resguardo de las imágenes cuando son efectivamente filmadas.
lapoliticaonline.com

Por ahora, trabajadores del puerto levantaron el bloqueo

Fue tras la promesa de funcionarios nacionales de buscar soluciones a la caída de la actividad producida por el impacto de las restricciones a las importaciones.

Voceros del grupo de manifestantes, que protestaron durante 48 horas en el puerto de Buenos Aires, informaron ayer que levantaron su medida de fuerza y que “se pasó a un cuarto intermedio”. El paro -que también alcanzaba a las terminales de Zárate, Campana, Bahía Blanca y Rosario- fue en rechazo a las trabas a las importaciones que aplica el Gobierno como herramienta para mantener el superávit comercial.

A última hora del viernes, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se reunió con representantes de los trabajadores que mantenían los cortes, pero no hubo acuerdo.

“Era una picardía continuar con una medida de fuerza cuando (los funcionarios) nos recibieron y escucharon, por lo se pasó a un cuarto intermedio”, justificó Raúl Vázquez, vocero del grupo.

Según dijo, los funcionarios se comprometieron a presentar en el nuevo encuentro “modificaciones” para “agilizar” la actividad portuaria afectada por los mayores controles a las importaciones, lo que se reflejó en suspensiones y despidos de trabajadores.

El Gobierno pretende negociar para permitir, sobre todo, la salida de productos. Fleteros y despachantes piden medidas que eviten suspensiones de personal en las terminales afectadas por la caída de la actividad debido a las trabas a las importaciones.

La medida de fuerza afectaba a cinco terminales del puerto de la ciudad de Buenos Aires, más el de Dock Sud, Rosario, Zárate, Campana y Bahía Blanca, donde miles de camiones quedaron varados, informó Fabián Reina, quien representa a choferes de corta, media y larga distancia para los servicios portuarios.

“Nosotros no estamos parando por paritarias o un tema salarial. Estamos defendiendo las fuentes de trabajo”, remarcó Vázquez, quien confió en que el próximo viernes los funcionarios ofrezcan esas soluciones.

De lo contrario, advirtió “veremos si tenemos que volver de nuevo a los cortes”.

Desde el kirchnerismo acusaban al líder de la CGT, Hugo Moyano, de respaldar y alentar los reclamos, pero Reina lo negó: “Moyano no tiene nada que ver. Éste es un pedido de los trabajadores del puerto que trabajamos ahí todos los días para llevar el pan a casa”.

En este sentido, los pedidos de reactivar el puerto fueron concretos para el Ejecutivo ya que tienen muchos problemas para sacar o ingresar un contenedor.
DyN

Siguen bloqueados los puertos y podrían sumar a Moyano a las protestas

Los fleteros portuarios, junto a empleados del servicio de despachantes de aduanas, continúan bloqueando las terminales de la Ciudad de Buenos Aires, Zárate, Campana, Rosario y Bahía Blanca, pero el secretario de Comercio Guillermo Moreno se niega a recibirlos. Por ahora, el titular de los estibadores, Juan Corvalán, intenta contener el conflicto, que podría terminar involucrando a los camioneros.

Desde ayer, los trabajadores portuarios que cumplen funciones como fleteros y empleados del servicio de los despachantes de aduanas bloquean las cinco terminales de la Ciudad de Buenos Aires y también las del Zárate, Camapana, Bahía Blanca y Rosario, generando así un caos vehicular de magnitud.

Se trata de empleados contratados que trabajan según el nivel de actividad que tenga el puerto. «Son las bases que desbordaron, porque los que están protestando son aquellos que no están en relación de dependencia, que no tienen un sueldo fijo. Si no hay actividad, no tienen trabajo», explicaron desde el entorno de Juan Corvalán, líder del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

Sus reclamos apuntan directamente al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ante la drástica baja de actividad de movimiento de contenedores por consecuencia de la aplicación de las trabas a la importación. Pero el funcionario se niega a recibirlos.

«Las terminales están repletas de conteiners. Como no se saca nada porque están paralizados, entonces no hay trabajo para el personal de fletes y de despachantes de aduana. Hay mercadería que está parada desde junio del año pasado. Y ese tiempo de estadía vale plata. Esos contenedores ya están perdidos, porque aunque habiliten su entrada ni vale la pena pagarlos», explican los trabajdores portuarios.

Y agregan: «Ya se desviaron entre 200 y 300 mil conteiners a Uruguay por las trabas de Moreno. Le estamos regalando un negocio fabuloso. Y acá peligran los puestos de trabajo. En las plazoletas fiscales el personal tercerizado directamente desapareció».

Por ahora, Corvalán, líder los estibadores -el gremio portuario más fuerte-, se mantiene al margen. Es que desde hace algunas semanas avanza en una negociación con Moreno. Tampoco reaccionó el gremio de los camioneros, a pesar de que los fleteros pertenecen a su sindicato.

El secretario de Comercio le pidió Corvalán que junte todos los números sobre la mercadería que ingresó y salió de los puertos, para que analizarlos con detenimiento la semana que viene y a partir de esos datos tomar una decisión. Pero en las terminales consideran que es sólo una forma de ganar tiempo, porque toda esa información la tiene por la AFIP.

«Corvalán entiene el reclamo, pero todavía apuesta a un diálogo en una mesa tripartita. Pero está claro que si le toca a uno de sus trabajadores, estallará un conflicto mucho más grande, porque seguramente sumaría a Hugo Moyano y sus camioneros. No hay dudas que le pararían el país», explicó una fuente del SUPA.

Alertan por bomba de tiempo en dos puertos de la Provincia

Ambientalistas y expertos advierten sobre el riesgo ambiental en los puertos de Escobar y Bahía Blanca, donde se encuentran los barcos regasificadores que transforman el gas natural licuado.

Argentina consiguió por última vez, en el año 1985 (antes se había logrado durante el gobierno de Arturo Frondizi), el pleno autoabastecimiento en materia energética. Hoy, 27 años después, a causa de las políticas implementadas a partir de los años ‘90 y continuadas hasta la actualidad, la Nación necesita importar cantidades exorbitantes de gas para abastecer el desarrollo del aparato productivo y el consumo interno.

En este marco, los gobiernos de los Kirchner, lejos de revertir la situación, han instalado mecanismos de importación de gas que implican un enorme riesgo ambiental para las poblaciones aledañas a Bahía Blanca y Escobar.

A partir de 2008 se inauguró el primer puerto regasificador en Ingeniero White -en Bahía Blanca-, y en junio del año pasado Cristina Kirchner encabezó el acto de apertura del segundo puerto de esas características, ubicado en Escobar. En ambos se encuentra un barco regasificador apostado durante las 24 horas del día transformando gas natural licuado (GNL) a estado gaseoso para inyectarlo en la red argentina.

Félix Herrero, referente a nivel nacional en materia de energía y exdirector de Yacyretá, advirtió: “La situación de riesgo ambiental es que las tomas de incorporación de gas natural en el mundo se hacen a tres o cuatro kilómetros de los puertos ya establecidos o de las poblaciones. Pero en Escobar se están haciendo al lado de una población muy importante, y en Bahía Blanca, cerca del polo industrial”.

El peligro del gas natural licuado

El GNL es una mezcla de distintos hidrocarburos con mayor proporción de metano, y se encuentra enfriado a 161 grados bajo cero para cambiar su estado a líquido, lo que reduce 600 veces el volumen del gas. De esta forma, con un solo barco con GNL se reemplazan 600 barcos de la misma carga en estado gaseoso; pero por otro lado, esta conversión trae consigo una altísima concentración de energía, que se vuelve altamente inflamable y peligrosa.

La terminal portuaria de Escobar está ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, y a tan sólo 400 kilómetros de donde ya existen zonas habitadas. En caso de que ocurriera un accidente, la explosión podría abarcar cuatro mil hectáreas, afectando los municipios de Tigre, San Fernando, San Isidro, Escobar, e incluso Capital Federal.

Organizaciones ambientales han denunciado penalmente el incumplimiento de las medidas internacionalmente establecidas para la ubicación de este tipo de puertos, advirtiendo que no deberían estar localizados a orillas del Paraná, la vía navegable principal del comercio internacional en el país, por donde pasan 5.000 barcos por año.

Por otra parte, el peligro no es sólo la posibilidad de incendio, explosión o derrame de combustible. El paso del gas licuado al gaseoso implica la utilización de 500 millones de litros de agua. La gravedad es que luego esta agua es devuelta al ecosistema diez grados más fría y con cloro, haciendo peligrar seriamente la flora y la fauna del lugar.
Los riesgos no terminan ahí: bajo la zona donde está ubicado el puerto de Escobar se ubican los acuíferos Pampeano y Puelche, que podrían verse afectados por la presencia de mercurio, contaminando reservorios de agua dulce indispensables para la región.

Existen otras alternativas

“En Escobar nosotros estamos proponiendo construir una planta regasificadora en el puerto, un edificio de concreto”, aseguró Félix Herrero sobre una iniciativa elaborada por Proyecto Sur para buscar una alternativa más segura que el paso de combustible del barco metanero al barco regasificador, la forma elegida por el Gobierno para importar el gas.

Además, existen otras alternativas, como plataformas marítimas de regasificación o, como propone Gustavo Callejas, “importar desde Chile a través de los nueve gasoductos que se construyeron”.
A nivel internacional, hubo dos graves antecedentes de explosiones por GNL. El primero fue en 1944 en Cleveland, Estados Unidos: un derrame que derivó en un incendio terminó con 131 muertos, 225 heridos, y comercios y residencias devastadas en aproximadamente 160 hectáreas alrededor. Cabe destacar que un barco metanero en la actualidad transporta 25 veces más combustible que en ese entonces.

El otro siniestro fue en 2004 en Argelia, también producto de un derrame, y su explosión causó 27 muertos, 12 desaparecidos y 74 heridos.

Además, cabe recordar que en los últimos diez años han ocurrido tres accidentes graves entre barcos en el Paraná de las Palmas: en diciembre de 2002, diciembre de 2005 y mayo de 2010.

Una política energética desacertada

En diálogo con Hoy, Gustavo Callejas, exsubsecretario de Energía de la Nación, hizo referencia al hecho de que Argentina hoy importa el 20% del gas que utiliza. “Estas importaciones son producto de la pérdida del autoabastecimiento y esto deriva del sistema energético implantado por Carlos Menem y profundizado por Néstor Kirchner. Entonces, el mercado reemplazó al Estado, desapareció YPF, desapareció la política de combustibles a nivel nacional y la empezaron a manejar las provincias que están sujetas a los manejos de las multinacionales del petróleo”, aseguró Callejas, y agregó luego: “Estas multinacionales son las que vaciaron exportando a troche y moche el gas, sin que el país tuviera reservas suficientes”.

EN FOCO
Un Gobierno sin reservas que se agota en sí mismo

El trecho que separa lo que dice el discurso de los hechos concretos del Gobierno nacional es cada vez más amplio. Y realmente aterra la forma en que, por un lado, la señora Presidenta declama a viva voz que supuestamente arriesga su físico para defender a los argentinos cuando, por el otro lado, permite que se ponga en serio riesgo a comunidades enteras, ya sea por los negociados de la megaminería a cielo abierto o por la importación de gas mediante buques que utilizan un precario -y peligroso- sistema de distribución.

Todo este tipo de situaciones que se están presentando hacen ver que, en realidad, el verdadero poder en la Argentina no lo tiene la Presidenta. Ese lugar es ocupado por grandes intereses y capitales transnacionales, que desde las sombras, y con el amparo del Gobierno nacional, están saqueando a pasos acelerados nuestro país.

Estos intereses, que suelen mover los hilos de las decisiones gubernamentales, son lo que se están llevando el oro, los que se están quedando con grandes extensiones de tierra en lugares estratégicos y, seguramente, dentro de poco también buscarán apropiarse del agua.

La Argentina se está convirtiendo en un territorio sin autonomía, sin defensas para proteger sus recursos naturales, los cuales, ante la crisis a escala mundial que está haciendo mutar al sistema capitalista, cada vez serán más codiciados.

Para que un país como el nuestro pueda tener y ejercer soberanía, necesariamente deben existir equipos de gobierno que cuenten con una importante cantidad de materia gris, con cuadros técnicos especializados en las distintas áreas estratégicas que conforman un Estado. Y, en ese sentido, la administración kirchnerista va por el camino contrario, al ser un gobierno cuyas decisiones se toman en una mesa cada vez más chica, donde sólo se sienta la primera mandataria, algunos integrantes de su familia y un grupo muy reducido de colaboradores, mientras que el resto de los funcionarios de primera y segunda líneas son meros obsecuentes.

Hace casi nueve años que el kirchnerismo está en el poder, el mismo tiempo que duró la dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, y no pudo -o mejor dicho, no quiso- solucionar ninguno de los graves problemas estructurales de nuestra economía y del sistema productivo. El problema del gas, que debe ser importado dado que las reservas apenas alcanzarían para ocho años, es una clara muestra de ello. Y más cuando existen indicios de que habría grandes yacimientos ocultos en nuestro territorio, que podrían ser descubiertos en caso de que hubiera un plan estratégico que apuntara a que nuestro país tenga autoabastecimiento energético.

La transformación que hizo Perón en sus dos primeras presidencias no la habría logrado si no hubiese contado con mentes lúcidas, expertos e intelectuales comprometidos con la causa nacional, que confluyeron desde distintos espacios y se integraron al movimiento político que, incluso, trascendió al propio Perón después de su muerte.

Algo similar ocurrió durante el breve gobierno de Arturo Frondizi, quien, gracias a los planes elaborados por los expertos que lo acompañaban en distintas áreas, logró que nuestro país tuviese autoabastecimiento energético.

El kirchnerismo, en cambio, va camino a agotarse en sí mismo. Su existencia depende, exclusivamente, de estar en el poder, una tarea que se vio facilitada por el viento de cola internacional que, desde la salida de la convertibilidad, fue en dirección a los productos sin valor agregado que exporta nuestro país. El viento, ahora, comenzó a soplar en otra dirección, las arcas se están secando y la Constitución, mal que les pese a los ultra K, le pone una inamovible fecha de vencimiento al Gobierno.
diariohoy.net

Se abrió un nuevo conflicto en los puertos del Gran Rosario

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos realiza desde ayer protestas en las terminales de Cargill y la Terminal 6. La cooperativa de Servicios Portuarios, que dirige Herme Juárez, también secretario general del gremio, pide un incremento de tarifas.

Trabajadores de la Cooperativa de Servicios Portuarios de Puerto General San Martín, conducida por el titular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), Herme Juárez, bloquean desde ayer a la tarde el ingreso a las terminales agroexportadoras de Cargill y la Terminal 6.

La protesta comenzó a hacerse efectiva luego de que las negociaciones entre la cooperativa que conduce Juárez y los representantes de las empresas del sector agroexportador no llegaran a un acuerdo sobre el incremento de la tarifa de estibaje que cobra la institución, cuyos trabajadores pertenecen al Supa. Juárez, candidato a senador departamental por la lista que encabeza Rafael Bielsa, es el presidente de la cooperativa y secretario general del sindicato de estibadores.

Las negociaciones entre las partes pasaron a un cuarto intermedio pero, después de que las conversaciones se interrumpieran, arrancaron los piquetes en el ingreso de dos cerealeras.

Desde el sector empresarial, argumentaron que la cooperativa exigió pasar de 0,33 centavos de dólar a 0,63 centavos por tonelada la tarifa de estibaje. El año pasado, la cooperativa acordó un incremento en las tarifas de la estiba del 0,27 por ciento en dólares en las tarifas, tras 10 días de bloqueos en las terminales portuarias de Puerto General San Martín y Timbúes.

“Nosotros apuntamos a un aumento de tarifas, no sólo en el salario, sino en los costos que tiene la empresa. Hay una gran dificultad para poder llevar a la cooperativa adelante. Por eso, lo que le pedimos a la empresa es que reparta las ganancias. Estamos trabajando en multinacionales en la que se gana mucho dinero, no tenemos nada en contra de eso pero pedimos que se reparta”, afirmó Juárez.

Fuente: El Litoral