La sobrina de Cristina insiste en trasladar a Santa Cruz la causa Hotesur

Romina Mercado, Sanfelice y Sancho apelaron el fallo que les impidió trasladar la causa.
Los socios de Máximo Kirchner en la empresa Hotesur apelaron en la Justicia federal el fallo que rechazó un planteo anterior para que pase a los tribunales de Santa Cruz la causa penal en que están involucrados por presunto lavado de dinero.

Según se informó hoy en los tribunales, el recurso fue presentado por las defensas de Romina Mercado, presidenta de Hotesur y prima de Máximo -es hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner-, los socios Osvaldo Sanfelice y Carlos Sancho, y los representantes de la firma de préstamos Credisol Santa Cruz SA.

En el recurso, los miembros de la sociedad que administra los emprendimientos hoteleros de la familia presidencial en Santa Cruz renovaron su relamo para que el caso pase a los tribunales federales de Río Gallegos, aduciendo que las empresas tienen sede allí y los hechos habrían ocurrido en aquella provincia patagónica.

Ahora el juez federal Daniel Rafecas deberá elevar el recurso a la Sala I Cámara Federal porteña y será ese tribunal quien resuelva. Se trata del mismo tribunal que hace dos semanas, con los votos Eduardo Freiler y José Luis Ballestero a favor y la disidencia de Eduardo Farah, resolvió apartó al juez Claudio Bonadio al frente de la causa por presunta parcialidad.

Fue después de que Bonadio ordenara una serie de peritajes para los cuales realizó una treintena de allanamientos en el sur de país, entre ellos a las oficinas de la inmobiliaria del hijo de la presidenta, bancos y firmas del contratista de obra pública Lázaro Báez, socio de la Presidenta, y ex administrador del Alto Calafate.

Bonadio dijo en las últimas horas detalló que hubo «reticencia» al ingreso del personal judicial y policial que realizaron el allanamiento en la inmobiliaria de Máximo Kirchner y confirmó que en las horas previas al procedimiento se observó que distintas personas se habrían llevado material de esas oficinas.

Los jueces de esa Sala deberán resolver en los próximos días si la nulidad fijada sobre los peritajes dispuestos por Bonadio implica deriva en que queden en la nada los allanamientos y se tenga que devolver el material secuestrado, sin ser analizado.

Precisamente, la semana pasada Rafecas ordenó a la Policía Metropolitana, que había hecho los procedimientos en el sur, que entregara toda esa documentación a la Prefectura.

La causa Hotesur se abrió en noviembre pasado para esclarecer si la compañía cometió irregularidades en la presentación de sus balances, por impulso de la diputada Margarita Stolbizer; y luego el fiscal Carlos Stornelli amplió la pesquisa al delito de lavado de dinero por el alquiler de las habitaciones en esos hoteles por parte de Báez.

El sábado pasado, el fiscal de Cámara German Moldes aseguró que el final de esa investigación «ya fue decidido, decretado y establecido en algún ámbito que está bien lejano de los estrados judiciales».

«Va camino a encajonar la investigación de este curiosísimo affaire de los hoteles que facturan y recaudan como si fueran el Waldorf Astoria de Nueva York y la ocupación efectiva de las habitaciones se parece más a la película El Resplandor de Jack Nicholson», advirtió.
lapoliticaonline.com

Bonadio dio detalles del allanamiento en la inmobiliaria de Máximo K

“Les vamos a entregar todo por disposición de la Presidenta», le habrían dicho al magistrado, que habló de “reticencias” en el procedimiento.

El juez federal Claudio Bonadio confirmó hoy que hubo «reticencia» al ingreso del personal judicial y policial que realizaron el allanamiento en la inmobiliaria de Máximo Kirchner en Río Gallegos, pero aclaró que luego la situación se distendió cuando un abogado dijo que entregarían la documentación «por disposición de la Presidenta».

El magistrado dijo desconocer si hubo retiro previo de documentación que podría servir de prueba para la causa Hotesur: «Lo que se vio objetivamente, con la inmobiliaria aún cerrada al público, fue gente entrando y saliendo. Eso es lo único que quedó constatado”, sostuvo.

En declaraciones a radio Mitre, agregó que, en caso de haber existido una mudanza de papeles, «yo no puedo afirmar qué es lo que se estaban llevando: si se llevaban una documentación relevante o el sandwich del almuerzo».

Consultado sobre si un retiro de papeles puede constituir delito, el juez consideró que esa visión «es relativa» ya que, añadió, «si se llevan documentación que los incriminan estarían también dentro de las facultades constitucionales de no declarar contra sí mismos».

​Bonadio destacó que estuvo «en permanente comunicación telefónica con los funcionarios del juzgado que habían concurrido» el 13 de julio pasado a encabezar los allanamientos en Río Gallegos y El Calafate, donde también ingresaron a los hoteles Los Sauces y Alto Calafate.

El juez recordó que cuando los funcionarios del juzgado y efectivos de la Policía Metropolitana entraron a la inmobiliaria «hubo una reticencia por demás lógica» por parte de «los empleados» de la firma y detalló que uno de ellos «pide hacer un llamado» telefónico.

«El que concurre primero tratando de frenar el allanamiento de malas maneras y después, dice que se va a acceder a entregar toda la documentación necesaria es un abogado que de memoria se llama Vázquez», recordó y puntualizó que el letrado «es el que dice esa frase:‘Les vamos a entregar todo por disposición de la Presidenta».

Del operativo en El Calafate sostuvo que la fiscal de esa localidad, Natalia Mercado -hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina de la presidenta Cristina Kirchner– insistió en participar de los allanamientos «como un veedor» pero, dijo, «se le explicó que no era su jurisdicción e invitó a retirarse, cosa que hizo».

Por último, aseguró que los efectivos de la Gendarmería Nacional montaron «un vallado humano» en los alrededores de la residencia de la Presidenta «para impedir el paso de la comisión policial», pero aclaró que esa vivienda «nunca estuvo en los pedidos de allanamientos».

También aclaró sobre el accionar de la jueza de Santa Cruz:»No puedo decir bajo ningún punto de vista que la doctora (Andrea) Askenazi Vera haya obstruido nada porque tampoco el lapso fue demasiado grande para el conjunto que documentación que nosotros estábamos planteando».

perfil.com

 

Hotesur: Bonadio confirmó que hubo un llamado de «la Presidenta» durante un allanamiento

El magistrado removido del caso Hotesur contó detalles sorprendentes de los 15 operativos en Santa Cruz; también reveló que Gendarmería hizo «una valla humana» para impedir el ingreso a su casa de El Calafate

El juez federal Claudio Bonadio confirmó hoy que durante el allanamiento a la inmobiliaria de la familia Kirchner hubo un llamado «de la Presidenta» que destrabó la resistencia que existía entre los empleados que querían impedir que los funcionarios judiciales se llevaran documentación relevante en la causa que investiga posibles actos de corrupción.

Bonadio reveló detalles sorprendentes de los 15 operativos que realizó personal de su juzgado en Santa Cruz y reveló que en El Calafate, cuando estaba por concretarse un operativo en un hotel de la familia presidencial, personal de Gendarmería hizo «una valla humana» porque creían que se iba a allanar la vivienda de Cristina Kirchner.

«Al ingreso de la fuerza policial (uno de los empleados de la inmobiliaria) pide hacer un llamado y el que concurre primero tratando de frenar el allanamiento de malas maneras y después, dice que se va a acceder entregar toda la documentación necesaria es un abogado que de memoria se llama Vázquez. Y él es el que dice esa frase: «Les vamos a entregar todo por disposición de la presidente»», afirmó Bonadio.

La firma santacruceña Negocios Inmobiliarios S.A, propiedad de la familia Kirchner, informó ayer mediante un comunicado que cuenta con «toda la documentación respaldatoria» del dinero que había en las cajas fuertes de su local de Río Gallegos al momento del allanamiento.

En el escrito, la empresa sostuvo que el «llamado telefónico a un abogado» que estuvo presente durante el operativo no fue de Cristina Kirchner, sino de la presidenta de la firma Hotesur, Romina Mercado, quien se había comunicado para manifestar que los empleados de Bonadio «informaran qué documentación requerían».

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Moldes advirtió que la Justicia se encamina a «encajonar la causa Hotesur»

El fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes denunció hoy que la Justicia «va en camino a encajonar la causa Hotesur» que salpica a la familia presidencial, y afirmó que «ya están afilando los cuchillos para degollar esta investigación».

El magistrado sostuvo que «el final» del caso ya fue «decretado» fuera de los tribunales. «No quiero ser hipócrita y simular que ignoro… Pase lo que pase y se haga lo que se haga, el final de esta investigación ya fue decidido, decretado y establecido en algún ámbito que está bien lejano de los estrados judiciales», advirtió.

Moldes comparó este escenario con la denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández que hizo días antes de su muerte el fiscal Alberto Nisman, y que fue desestimada en los tribunales antes de investigarla.

«Yo me siento igual que con lo de Nisman, cuando casi un mes antes yo denuncié que (el fiscal de Cámara Javier) De Luca iba a ser el verdugo de la investigación. Yo digo que ahora en algún lugar de lo que fue un sistema de administración de justicia (…) ya alguien está afiliando los cuchillos para degollar esta investigación», remarcó.

Moldes sostuvo que, así, la causa Hotesur «no va a prosperar» porque además «ya se han hecho la integración de los elencos necesarios para que con los pasos que demos esto al final no prospere», aludiendo así a la nueva composición de la Cámara Federal de Casación Penal con abogados subrogantes señalados como allegados al Gobierno y luego del desplazamiento del juez Luis Cabral.
diariohoy.net

Moldes teme que cierren la causa Hotesur

Según el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, «fuera de los tribunales» están «afilando los cuchillos para degollar esta investigación». Lo dijo en referencia a la causa Hotesur, que investiga a la familia Kircher por presunto lavado de dinero.

Las declaraciones completas de Fiscal, publicadas por el portal Infobae:

El fiscal Germán Moldes denunció hoy que la Justicia «va en camino a encajonar la causa Hotesur» que salpica a la familia presidencial, afirmó que «ya están afilando los cuchillos para degollar esta investigación» y aseguró que «el final» del caso ya fue «decretado» fuera de los tribunales.

«No quiero ser hipócrita y simular que ignoro… Pase lo que pase y se haga lo que se haga, el final de esta investigación ya fue decidido, decretado y establecido en algún ámbito que está bien lejano de los estrados judiciales», advirtió.

Moldes comparó este escenario con la denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández que hizo días antes de su muerte el fiscal Alberto Nisman, y que fue desestimada en los tribunales antes de investigarla.

«Yo me siento igual que con lo de Nisman, cuando casi un mes antes yo denuncié que (el fiscal de Cámara Javier) De Luca iba a ser el verdugo de la investigación. Yo digo que ahora en algún lugar de lo que fue un sistema de administración de justicia (…) ya alguien está afiliando los cuchillos para degollar esta investigación», remarcó.

Para Moldes, «hay una decisión política» para ciertos temas «no sean investigados» como «el pacto con Irán, la muerte de Nisman, su denuncia y los hoteles del sur».

En diálogo con radio América, Moldes sostuvo que, así, la causa Hotesur «no va a prosperar» porque además «ya se han hecho la integración de los elencos necesarios para que con los pasos que demos esto al final no prospere». Aludió de esa forma a la nueva composición de la Cámara Federal de Casación Penal con abogados subrogantes señalados como allegados al Gobierno y luego del desplazamiento del juez Luis Cabral.

«Si la cosa funciona como parece venir, ya hay una Sala de Casación que está interviniendo y que es aquella cuya composición quedó alterada en los últimos movimientos. Hay operadores obedientes y disciplinados que van a hacer lo que tengan que hacer», señaló.

Por eso, añadió, «me siento en situación similar a Nisman porque se van dando pasos en donde los actores que van llegando tienen un pasado y unas actuaciones recientes que los acreditan como obedientes mascotas».

Según advirtió, «yo no sé si era o no seria o bochornosa la denuncia de Nisman; si hay una maniobra de lavado de dinero en Hotesur, precisamente me gustaría que se investigara, pero caminamos hacia un escenario que no se nos lo va permitir».

Hace dos semanas, la Sala I de la Cámara Federal anuló unos peritajes que había dispuesto en la causa el juez Claudio Bonadío y dispuso apartarlo por entender que su imparcialidad estaba comprometía, por lo que la causa recayó en manos del juez Daniel Rafecas, el mismo que cerró la denuncia de Nisman.

Ahora, Moldes pidió aclaraciones a la Sala I de la Cámara Federal sobre su resolución que -según dijo- «va en camino de encajonar la investigación de este curiosísimo affaire de los hoteles que facturan y recaudan como si fueran el Waldorf Astoria de Nueva York y la ocupación efectiva de las habitaciones se parece más a la película -El Resplandor- de Jack Nicholson».

Puntualmente, Moldes pidió saber «si la nulidad alcanza a los allanamientos y el secuestro de documentos y las discos rígidos de la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo San Felice», y si, por ello, habrá que devolver ese material sin ser analizado.

Pero dio por cierto que, más allá de los recursos y las apelaciones que presente, la suerte ya fue echada porque «en el conflicto de justicia e impunidad, venimos perdiendo por paliza y por goleada».

Y, además, diagnosticó: «no se cómo se va a hacer, cuál sería el mecanismo para sanear esta suerte de peste purulenta que invadió todos los estamentos de la justicia».

Cuando le preguntaron si este panorama podría cambiar con un nuevo Gobierno, Moldes afirmó que «muchas de estas cosas no se van a poder volver a reflotar porque hay que sumar a la garantía de la -cosa juzgada- la acción de los abogados que van dificultar investigaciones».

«Y porque además la corrupción es un tema de campaña, no es un tema de gobierno, de ningún gobierno. La corrupción florece en los discurso de campaña pero luego durante los Gobiernos palidece y languidece», sentenció. (Infobae)

Bonadío afirmó que los allanamientos realizados este viernes estaban programados

El juez Claudio Bonadío afirmó que los allanamientos en el Ministerio de Planificación, Enarsa e YPF habían sido ordenados la semana pasada. Los mismos no están vinculados a la causa Hotesur, sino que se realizaron en el marco de un expediente que investiga una denuncia sobre la compra de gas licuado por parte del Gobierno.

En declaraciones radiales, el magistrado se defendió de las acusaciones realizas desde el kirchnerismo, quienes manifestaron sus sospechas de que los operativos realizados el día hoy respondían a una suerte de venganza por ser apartado de la causa Hotesur

Según afirmó Bonadío, los allanamientos realizados hoy no tienen nada que ver con su desplazamiento, sino que «fueron ordenados a fin de la semana pasada» y agregó que «estaban pensados originalmente para ayer», pero fueron postergados «por problemas logísticos».

En comunicación con el programa La Once Diez Bonadío, explicó que el retraso de debió a que parte del personal Policía Metropolitana, a cargo de los procedimientos, todavía se encontraban en Santa Cruz luego de haber realizado las pesquisas correspondientes al expediente Hotesur.

Alto-Calafate-Hotesur-Santa-Cruz

El juez también se refirió a la polémica decisión de utilizar a la Metropolitana para los allanamientos realizados en el marco de la causa de la que fue desplzado. Muchos especularon que Bonadío tenía sus reparos a la hora de recurrir a la Policía Federal. Esto no resulta extraño, sobre todo recordando el desprolijo procedimiento que llevaron a cabo luego de la muerte del fiscal Nisman, a quien estaban custodiando más de diez efectivos.

Si bien el magistrado no profundizó mucho sobre este punto, pero dio a entender que las conjeturas no están demasiado erradas: “Es una cuestión de confianza, además el área de cibercrimen de la Metropolitana es muy eficiente, tecnológicamente son cuadros muy preparados»

«Ya hubo allanamientos hechos en la causa por la Metropolitana a principios de año y no escuché quejas de estos señores que ahora dicen que hubo un uso político» afirmó el juez y agregó «hoy una jueza de la provincia de Buenos Aires me contaba que uso a la policía de ese distrito para hacer tres operativos en una provincia del norte del país por una causa de drogas. Es algo que se hace permanentemente”.

Ya esta mañana, en el marco de una tensa situación política, a través de Radio Mitre, el juez había salido a cruzar a la presidenta por sus dichos en cadena nacional y remarcó: «si aparezco suicidado, busquen al asesino porque no es mi estilo»
Cabe recordar, el 16/07 la Sala I de la Cámara Federal porteña, conocida por haber sido la que rechazó la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández, resolvió apartar a Bonadío de la causa Hotesur, haciendo a lugar al pedido de la sobrina de la Presidente, Romina Mercado.

Así, el kirchnerismo logró un objetivo que venía persiguiendo desde hace meses. Por su parte, por sorteo la causa cayó, convenientemente (dirían algunos), en manos del juez Daniel Rafecas. De esta forma, el juez Bonadío se suma a la lista de jueces que terminan desplazados, atacados o descalificados luego de encarar investigaciones que involucran a funcionarios kirchneristas, junto al juez Luis María Cabral y los fiscales fiscal Germán Moldes, José María Campagnoli y al nefasto caso de Alberto Nisman, cuya muerte aún está en proceso de investigación.

Federal Court removes judge Bonadio from Hotesur case on irregularities

The first courtroom of the Buenos Aires city Federal Court has removed judge Claudio Bonadio from the so called Hotesur case, following a raid ordered by the judge in Santa Cruz province carried out by Metropolitan Police agents.
The court ruled the nullity of an order issued by Bonadio, after a presentation by Romina Mercado, director of Hotesur and niece of President Cristina Fernández de Kirchner, removing the judge.
Judges Eduardo Freiler and Jorge Ballestero voted in favor of the nullity while Eduardo Farah voted against.
According to a report aired by C5N, the controversial raid ordered by Bonadio was backed with money from the capital’s government, which paid the logistical costs, accommodation and the salaries of the Metropolitan agents involved.
Bonadio had ordered the raid on a real estate company belonging to Máximo Kirchner, the son of President Cristina Fernández and also director of the Hotesur hotel enterprise, investigated for irregularities.
Bonadio, instead of sending Federal police officers as is custom in such cases, used members of the force created by City mayor Mauricio Macri.
In his ruling, Freiler said Bonadio’s actions in the case generated “grave harm to the defendants’ rights”. The magistrate draw attention to the controversial raid carried out in Santa Cruz province with Metropolitan police agents.
“Bonadio delays a decision related to his competence in the case, but issues an order to make several probes that affects people’s rights – I mean presentation orders directed to several private businesses and official organisms – that – again – had an unusual repercussion in massive media,” he said.
“Furthermore, I cannot avoid mentioning that the judge did not choose any of the federal security forces available to carry out the probes – Federal Police, Gendarmerie, Prefecture, Airport Security Police -, but instead he chose the Metropolitan Police, although the investigation was carried outside its jurisdiction (according to law 2894 of the Buenos Aires city Public Security code),» he added.

Source: Buenos Aires Herald

LARRETA SALIO A CRUCE AL SER ATACADA LA POLICIA METROPOLITANA


descarga (1)Frente a las acusaciones recibidas por el accionar de la Policía Metropolitana en el operativo realizado en las oficinas de Máximo Kirchner y Lázaro Baez, Rodriguez Larreta, calificó de «RIDÍCULO», el hecho de pensar que la fuerza podría desobedecer la órden de un Juez.

Se recuerda que este procedimiento tuvo lugar, el día lunes próximo pasado en Río Gallegos. Que al tomar conocimiento CFK, no dudó en atacar a Mauricio Macri, en su cuenta de twetter: «No sea cosa que Bonadío y la Metropolitana de Macri le allanen el cumpleaños. Ya le dije a Rocío [su nuera]. Mientras no se quieran llevar la torta (porque a éstos les encanta la torta) que no se haga problema».

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El Juez Bonadio, que acaba de ser retirado de la causa, fue quien le ordenó intervenir a la Policía Metropolitana. En noviembre del año pasado hubo otro allanamiento pero en la sede de Hotesur en la Capital. Al realizarse el procedimiento, la oficina estaba vacía. Esto pone de manifiesto que no tiene nada que ver en el tema, el Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que en Minuto Uno, se la ha imputado el cargo por el costo del operativo que presuntamente ronda en los 10.000.000 de pesos. Comprendería los gastos de viáticos, sueldos y alojamiento para efectivos de la Policía Metropolitana.

El día de mañana se sorteará al nuevo magistrado. Claudio Bonadío fue corrido de la causa, por un pedido de nulidad de Romina Mercado.

Mercado había manifestado, que el Juez no le permitió presentar peritos de parte, para la investigación contable de la sociedad de la empresa. La Inspección General de Justicia, habría planteado irregularidades en la empresa, al momento de la investigación.

«No es la primera vez que la Metropolitana actúa en otras provincias a requerimiento de la Justicia: lo hicimos en Santa Fe, en Córdoba, en Ushuaia. Hasta en la causa Nisman intervino la Metropolitana. Es un disparate hablar de trasfondo político», aseguró Rodríguez Larreta (Luis Novaresio en entrevista para InfoBAE Tv).

VIDEO : INVESTIGACION DE LANATA SOBRE EL CASO

 

Por JLL

 

 

 

Los fundamentos del apartamiento de Bonadio de la causa Hotesur

Eduardo Freiler y Jorge Ballestero se manifestaron a favor de desplazar al magistrado; cuestionaron que «se violó el derecho a la defensa» y lo acusaron de «parcialidad»

Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchnery titular de Hotesur , planteó la nulidad de la actuación de Claudio Bonadio, al señalar que el juez convocó a la investigación a un grupo de expertos contables de la Corte Suprema, pero que no le permitió a la defensa designar peritos de parte.

«El letrado [que representa a Mercado] sustentó su postura invocando una afectación al derecho de defensa, que se habría generado a raíz de la omisión de la posibilidad de recusar a los peritos designados para el caso y proponer peritos de parte», explica el fallo que dio a conocer hoy la Sala I de la Cámara Federal que decidió apartar a Bonadio.

En una primera instancia, el juez había sido confirmado en la investigación. Pero el pedido de nulidad llegó a la Cámara Federal, que hoy decidió apartar al magistrado por dos votos contra uno.

El camarista Eduardo Freiler argumentó:

  • «Se ha otorgado una intervención sui generis a un equipo de contadores del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -cuyos alcances resultaron desconocidos para las partes-, impidiéndose a las defensas ejercer el debido control de las medidas de prueba»
  • «Se ha generado una situación de incertidumbre en atención a que se a ha omitido indicar, fundamentalmente, cuál era la materia con respecto a la cual los peritos habrían de expedirse»
  • «Asimismo, se ha privado a los incidentistas de llevar adelante el control de esa medida -con el consecuente menoscabo a su derecho de defensa-, pues los defensores no han podido proponer expertos de su confianza, ni siquiera conocer la finalidad de la medida».
  • «Resulta relevante señalar, además, que el peritaje que el Dr. Bonadio ha ordenado con posterioridad -con fecha 30 de junio del corriente año- se lo ha encomendado a los mismos especialistas cuya «colaboración» solicitó, extremo que, indudablemente, afecta su imparcialidad y objetividad».
  • «La declaración de la nulidad que aquí propongo debe ser acompañada del apartamiento del Dr. Claudio Bonadío, pues advierto que la imparcialidad que se exige a los magistrados frente al caso concreto se ha visto seriamente comprometida».

El camarista Jorge L. Ballestero dijo:

«La medida dispuesta por el Dr. Bonadío, tal como las partes lo alegaron, ha causado una violación a su derecho constitucional de defensa en juicio».

«La situación empeora cuando advertimos, que se ha encomendado la realización de la pericia contable a esos mismos expertos. El modo escogido por el a quo implica que tanto las «preguntas» como las «respuestas» serán brindadas por las mismas personas. Dicha confusión no puede ser admitida».

«Si bien oportunamente voté por rechazar la recusación del Dr. Bonadío formulada por la defensa técnica de Romina Mercado, la situación que se plantea ahora me inclina, en esta ocasión, por acompañar la posición de mi colega en cuanto al apartamiento del juez de la anterior instancia».

«No es exclusivamente la presente declaración de nulidad lo que me lleva a expedir mi voto en ese sentido, sino su evaluación en forma conjunta con el resto de las circunstancias que se han suscitado a lo largo de la encuesta».

El voto en contra de Eduardo Farah:

  • «Discrepo con el criterio propiciado por mis colegas», inició Farah. Y argumentó: «La doctrina de la Corte Suprema señala que la pertinencia de la prueba y su calificación como necesaria a los fines de la investigación, incumbe sólo al juez de la causa».
  • «Nótese que, al ordenar el peritaje contable de fs. 939/42 del ppal., el juez dio intervención a las partes en los términos del art. 258 del CPPN. A partir de ello, tienen derecho a proponer peritos, conforme lo prevé el art. 259 del ordenamiento ritual».
  • «No advierto en las alegaciones de las defensas razones que conduzcan a anular la disposición cuestionada, ni encuentro por mi parte otras razones que conduzcan a apartarme en el caso de los principios generales existentes en la materia sobre el carácter excepcional de este tipo de sanción procesal».

lanacion.com.ar

Hotesur: presentarán un pedido de informes sobre el operativo de la Metropolitana

Legisladores del Frente para la Victoria exigirán al Ejecutivo porteño que explique porqué se utilizaron fondos públicos de la Ciudad para financiar un operativo en Santa Cruz.

La presidenta del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña, Gabriela Alegre, adelantó este jueves que solicitarán un pedido de informes sobre la participación de la Policía Metropolitana y el pago del traslado del personal de esa fuerza a Río Gallegos en el marco de la disposición del juez Claudio Bonadiopara investigar la firma Hotesur, porque «fue totalmente irregular y no hay nada que justifique que los gastos hayan sido pagados con dinero de los porteños».

El bloque del FpV realizará la presentación en la sesión de este jueves en la Legislatura para que se trate sobre tablas.

«Si había alguna duda de que esto se trató de una operación política entre (el precandidato presidencial del PRO Mauricio) Macri y Bonadio, era esto que se descubrió ayer de que el operativo fue pagado por el jefe de Gobierno», manifestó la legisladora en declaraciones radiales.

La jefa del bloque kirchnerista en la Legislatura agreó: «Ya nos extrañaba ese traslado cuando podían actuar otras fuerzas federales, y no solo eso, sino que el gobierno de la Ciudad prueba ahora que se pagó el traslado de no menos de 40 oficiales y eso está totalmente injustificado«.

En el mismo sentido, recordó que «los fondos deberían haber provenido de la Corte Suprema de Justicia, como se hace en estos casos».

Alegre también analizó que el gobierno porteño «se queja de que no le prestan la colaboración -desde el gobierno nacional en temas de seguridad- pero parece que aparentemente podían hacerse cargo de un operativo en esa provincia», en alusión a Santa Cruz. «Todo es muy irregular y no hay nada que lo justifique», dijo la legisladora, quien manifestó que el pedido de informes que ya se venía elaborando desde el martes pasado, ahora «se hace imperioso».

«Que usen los fondos de la Ciudad para su publicidad de campaña ya lo sabíamos, pero ahora, que lo hagan para montar operativos judiciales, nos parece demasiado», puntualizó.

Asimismo, Alegre recordó que esa misma fuerza de seguridad que se trasladó a Río Gallegos es la misma que, «por ejemplo, se ha negado a custodiar a una mujer que ha recibido amenazas porque dice que son las fuerzas federales las que cumplen estas funciones».

minutouno.com

Para el fiscal Sáenz, los K se quieren asegurar la causa de Hotesur y el Pacto con Irán

Acusa al Gobierno de no cumplir “ni con la ley que ellos mismos dictaron”.

El fiscal general Ricardo Sáenz estuvo en el programa de Alejandro Fantino. Habló de la situación del juez Luis María Cabral y dijo: «Yo sospecho que (en el Gobierno) se están queriendo asegurar el resultado en una causa determinada», como «Hotesur y el pacto con Irán» ya que «las dos estaban en manos de Cabral».

Sáenz cree que en el Gobierno “no están cumpliendo ni con la ley que dictaron» ya que la norma de subrogancias «autoriza a nombrar subrogantes cuando hay una vacante, un lugar libre». «La ley no dice que pueden sacar a uno para poner a otro, dice que pueden poner cuando no hay», dijo.

El fiscal recordó que la ley, a tres semanas de estar vigente, la ley de subrogancias «ya tiene dos declaraciones de inconstitucionalidad por dos tribunales y debe estar ya llegando al número 15 de pedidos judiciales de inconstitucionalidad» y dijo que 20 Colegios de Abogados de todo el país se van a sumar.

perfil.com

 

Larroque: «Bonadio se puso la camiseta de un partido político»

El diputado nacional Andrés Larroque consideró hoy que el juez federal Claudio Bonadio «se puso la camiseta de un partido político» al ordenar un peritaje contable a la empresa Hotesur y que «hay una intencionalidad electoral con ánimos de generar un show mediático».

En declaraciones a Radio Del Plata, Larroque sostuvo que «hay una intencionalidad electoral con ánimos de generar un show mediático», y agregó que «los logros que no consiguen» los sectores opositores «a través de la política y de una propuesta de país que les resulta inconfesable» lo intentan «haciendo daño a las instituciones».

En este marco, el legislador nacional pidió a «los sectores del establishment, a los que les resulta difícil enfrentar el potencial político de Máximo Kirchner y del Frente para la Victoria que permitan que la sociedad se dé los debates que se deban dar entre las diferentes propuestas y esto se defina en las urnas».

Larroque concluyó que el juez Bonadio «esta haciendo campaña para el PRO» y explicó que estas «maniobras» son articulaciones que se dan entre «un pequeño sector del Poder Judicial con ciertos medios de comunicación y una fuerza opositora» porque «tienen menos intención de voto en las encuestas» que el oficialismo.

En el marco de una causa por presunto lavado de dinero, Bonadio ordenó peritajes contables sobre la firma Hotesur y dispuso un procedimiento en la inmobiliaria que Máximo Kirchner tiene en Santa Cruz, que estuvo a cargo de la Policía Metropolitana.
telam.com.ar

Nueva maniobra K para sacar a Bonadio de Hotesur

Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner, pidió apartar al juez del caso donde se investigan los negocios hoteleros de la familia presidencial.

Una nueva maniobra intenta separar al juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur, pocos días después de que el magistrado fuera confirmado en esa investigación.

Ahora fue Osvaldo Sanfelice, ex presidente de la sociedad hotelera de la familia presidencial, quien solicitó que el expediente sea enviado a la Justicia de la provincia de Santa Cruz.

El juez Claudio Bonadio fue ratificado al frente del caso Hotesur por la Cámara de Casación, tras un pedido de recusación que había hecho Romina Mercado, sobrina de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y actual presidente de la sociedad Hotesur.

Según el portal Infobae, Sanfelice solicitó que pase a Río Gallegos el caso por varios motivos: que el Hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur queda en la localidad santacruceña de El Calafate; que las sociedades bajo investigación Hotesur tienen domicilio fiscal en Río Gallegos; que las empresas de Báez tienen domicilio en Santa Cruz; que la mayoría de las personas investigadas tienen domicilio en Santa Cruz y que la documentación necesaria para la investigación (facturas, extractos bancarios, etc) se hallan en Santa Cruz.

Ante el pedido de Sanfelice, Bonadio tiene que consultar la opinión del resto de las partes-incluido el fiscal Carlos Stornelli- para luego resolver.

Hotesur: Confirman a Bonadío y CFK tiembla

LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL RECHAZÓ POR 2 A 1 

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy por mayoría la recusación contra el juez Claudio Bonadío en el marco de la investigación sobre la empresa Hotesur, de la cual es socia la presidenta Cristina Kirchner.

Fuentes judiciales informaron a agencia Noticias Argentinas que con los votos de Luis María Cabral y Gustavo Hornos rechazaron la recusación que había presentado Romina Mercado, de la firma Hotesur y sobrina de la jefa de Estado, y ratificaron de esta manera al magistrado al frente de la investigación.

Por su parte, la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia, a favor de la recusación presentada.

Como contó este fin de semana Tribuna de Periodistas, se vivieron horas de tensión en torno a este tema: “El elemento que juega de termómetro entre los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal son las aspiraciones que hay por parte de algunos de ellos en conseguir el apoyo para postularse como eventuales candidatos a ocupar la Corte Suprema de Justicia”, se dijo entonces.

La causa Hotesur es por presuntas irregularidades en la presentación de documentación de la empresa ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a raíz de sospecha de maniobras de lavado de dinero, porque se habría alquilado plazas a personal de una de las empresas de Lázaro Báez que no serían ocupadas.

La recusación iba a ser definida la semana pasada por los jueces y se venía postergando: este viernes trascendió que Hornos y Cabral ya tendría preparado sus respectivos votos a favor de mantener a Bonadío.

periodicotribuna.com.ar

Hotesur: Lorenzetti, clave en el voto de Hornos contra Cristina

El presidente de la Corte le pidió al camarista que mantenga a Bonadio en la causa Hotesur. Los mensajes a Cristina.

 Ricardo Lorenzetti fue la pieza clave del sorpresivo giro de Gustavo Hornosrespecto a la recusación de Claudio Bonadio en la causa Hotesur. El titular de la Corte Suprema se encargó personalmente de trasmitirle al camarista su interés en mantener al juez federal al frente de la investigación que más preocupa a Cristina Kirchner.

Hornos estaba inclinado a votar a favor del apartamiento de Bonadio hace dos semanas, pero luego empezó a dudar por temor a un escrache como el que sufrió su colega Jorge Ballestero y el miércoles terminó firmando el fallo a favor de la confirmación del juez. Su voto se sumó al de Luis María Cabral, el integrante de la Sala I de la Cámara de Casación más cercano a Lorenzetti. De nada le sirvió a la Casa Rosada la lealtad de Ana María Figueroa, a la que ahora solo le queda demorar la resolución.

En el medio, fue clave el papel de Lorenzetti. El titular de la Corte repite en privado a sus más cercanos jueces y fiscales que hay que marcarle algún límite institucional a Cristina. Un discurso que también sugirió en sus últimos discursos públicos, y que ahora ha empezado a traducir en acciones.

En ese contexto, Lorenzetti se convenció -o tuvo información certera- de que la Presidenta iba a avanzar con la ampliación de la Corte, una medida que estaba destinada a licuar su poder a partir de la inclusión de conjueces afines. El magistrado supo que no se trataba solo de ruido mediático o una amenaza velada, por lo que salió con los tapones de punta.

Su más evidente reacción a la maniobra de Cristina fue el fallo que declaró nula la lista de conjueces de la Corte que el kirchnerismo aprobó el año pasado en el Senado, en un trámite que había sido impugnado por la oposición por inconstitucional. Por si acaso, también adelantó la votación para que lo reelijan hasta 2019.

Pero quizás la más peligrosa medida de Lorenzetti fue el aval de la Corte (en la desestimación de un recurso del ex juez Juan José Galeano ) a la doctrina de la “cosa juzgada irrita”, que habilita a la reapertura de causas que habrían sido cerradas por presiones del poder o maniobras fraudulentas.

Como reveló LPO, el fallo generó un cimbronazo en el Gobierno, donde hay alarma por una jurisprudencia muy inquietante para Cristina y los funcionarios más complicados en los casos de corrupción. Es que los jueces federales quedaron habilitados para reabrir causas cerradas a la fuerza, como la de enriquecimiento ilícito contra la Presidenta.

El tercer frente de acción de Lorenzetti para frenar a Cristina fue salvar a Bonadio. El presidente de la Corte tomó la iniciativa y se reunió con Hornos, el voto clave de la Sala I de la Cámara de Casación.

En ese encuentro, Lorenzetti repitió su visión acerca de la “necesidad” de ponerle límites institucionales al Gobierno. Y fue muy claro respecto a la causa Hotesur: no podía permitir que Cristina se salga con la suya y logre apartar a Bonadio. Hornos entendió con claridad el mensaje.

La causa Hotesur es, por lejos, la que más preocupa a Cristina debido a que uno de los nombres más complicados en la trama de los negocios hoteleros con Lázaro Báez es su hijo Máximo. Además, sabe que Bonadio está dispuesto a ir a fondo y llevarlo a indagatoria. Es por eso que ahora también intenta llevar la causa a la justicia de Río Gallegos.

Las presunciones de Cristina sobre las intenciones de Bonadio están en lo cierto. El magistrado está absolutamente jugado en esta causa y en Comodoro Py se comenta que en los próximos meses va a haber muchas novedades.

Por ahora, Bonadio no habla con casi nadie y trabaja casi blindado, no quiere que se filtre ninguno de sus movimientos en la investigación. Lo único que repite es que va a ir a fondo, quizás envalentonado por las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas semanas. Bonadio siente que ya dejó de ser el juez de la servilleta o el amigo de Corach, y ahora se ve como uno de los responsables de frenar a Cristina. Jugado en ese rol, había comentado que renunciaría a su cargo de juez si le sacaban la causa Hotesur.

La denuncia de Nisman recayó en la misma sala de Casación que entiende en el caso Hotesur

El sistema informático que realiza los sorteos en la Cámara de Casación determinó que la Sala I deberá entender en la denuncia de Nisman por encubrimiento de la voladura de la AMIA. Se trata del caso en el que están acusados la Presidente, su canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés «Cuervo» Larroque -entre otros- y que ya recibió dos reveses en instancias inferiores.

La Cámara de Casación es el tribunal penal más importante del país y si los jueces deciden no avanzar con la investigación, el caso se cae. Aún hay una chance muy remota de ir en queja a la Corte Suprema, pero el máximo tribunal no suele intervenir en este tipo de casos.

La Sala I está integrada por los jueces Ana María Figueroa, Luis María Cabral y Gustavo Hornos. Son los mismos magistrados que entienden en el caso Hotesur, en donde se investigan los negocios hoteleros de la familia presidencial. Sin embargo, antes de que ellos se expidan el expediente tendrá una parada determinante: el fiscal Javier de Luca deberá determinar si impulsa la apelación.

Una vez notificado, De Luca tiene tres días para expedirse. Si guarda silencio, se entiende tácitamente que rechaza la apelación presentada por Germán Moldes, su par de la Cámara federal. Si mantiene el recurso, comienzan a correr tiempos procesales para fundamentar su postura.

De Luca integra Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Los conocedores de los pasillos de Tribunales creen que es poco probable que mantenga la apelación. En caso de que esto se concrete, se abre un interesante debate jurídico que divide a la doctrina.

El fiscal es el representante de la sociedad y el encargado de impulsar la acción penal. Si dictamina que no hay delito, la mayor parte de la doctrina cree que se termina el caso. Es una cuestión técnica sobre la que existe jurisprudencia de la Corte Suprema. Sin embargo, son los jueces de la Sala I quienes tendrán la última palabra para definir sobre la suerte de la causa. Si el expediente llegara a este punto, ingresaría en un tedioso debate procesal y el núcleo de la denuncia de Nisman quedaría en un segundo plano.

El fiscal de primera instancia, Gerardo Pollicita, fue el primero en impulsar la acción penal. El juez Daniel Rafecas rechazó su planteo. La apelación recayó en la Cámara Federal. Moldes mantuvo el recurso pero los magistrados de la Sala I mantuvieron la sentencia de Rafecas. Ahora llega el tiempo de las definiciones: Casación deberá definir si se abre o no una investigación. Si la respuesta es positiva, el caso volverá al juez de primera instancia, que deberá avanzar con las medidas de pruebas exigidas en su momento por Pollicita.

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Bonadio ya se ve afuera de la causa Hotesur

El juez admite que la Cámara de Casación lo apartará del caso en el que están involucrados Cristina y Máximo.

Claudio Bonadio sabe que Cristina Kirchner logrará apartarlo de la causa Hotesur,como reveló LPO. El juez está resignado y ya admite en Comodoro Py que se ve afuera de la investigación contra la Presidenta, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez.

Este medio adelantó la semana pasada que Cristina está cerca de conseguir los votos en la Sala I de la Cámara de Casación, donde dos de sus integrantes son los candidatos que maneja la Casa Rosada para la Corte Suprema, ante el fallido con Roberto Carlés.

Se trata de Ana María Figueroa, titular de la Sala, y de Gustavo Hornos. En el primer caso, la camarista está alineada con Carlos Zannini y no tendría dudas acerca de su voto en favor de apartar a Bonadio, una medida que solicitó Romina Mercado, la sobrina de Cristina y titular de Hotesur.

El caso de Hornos no es tan sencillo. Más allá de que tendría decidido votar como pretende la Casa Rosada, LPO supo que en los últimos días empezó a dudar debido a que no está cómodo con la idea de sufrir un escarnio mediático si aparta a Bonadio.

Hornos está vinculado al auditor Javier Fernández, operador judicial del kirchnerismo durante años, pero ahora distanciado de Cristina. Ambos tienen una histórica mala relación con Bonadio, por lo que el voto del camarista tendría otros condimentos además de la presión de la Rosada.

Fernández ayer votó a favor de los intereses de la Casa Rosada en una discusión en la Auditoría General de la Nación (AGN) donde se dispuso archivar un informe crítico sobre los manejos de los fondos del Fútbol para Todos. En ámbitos judiciales dicen que eso puede ser un indicio de que Hornos se inclinaría por acompañar la posición oficial en el tema Hotesur.

Pero Hornos teme que además del escarnio mediático, también sufra consecuencias a nivel social. Es lo que le sucedió el mes pasado al juez Jorge Ballestero, integrante de la Cámara Federal, quien fue escracho en un restaurante del Club Mayling de Pilar por circunstanciales comensales que le recriminaron su voto a favor de desestimar la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra Cristina.

Si finalmente el Gobierno logra convencer a Hornos -considerando que el voto de Figueroa estaría asegurado-, la Presidenta logrará aire en una causa en la que teme que la imputen por delitos gravísimos como lavado de activos, malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública.

Pero el principal objetivo de Cristina es que su hijo Máximo consiga alivio judicial. Como reveló LPO, Bonadio ya tendría en su poder pruebas para llamarlo a declaración indagatoria. El hijo presidencial habría sido parte clave de los presuntos negocios hoteleros que montaron con Báez.

La salida de Bonadio tendría otra consecuencia política: ya no sería tan urgente la necesidad de que Máximo sea candidato. Es que el hijo de Cristina necesita fueros para frenar posibles embestidas judiciales después del 10 de diciembre, y en el Gobierno y La Cámpora ya lanzaron el operativo clamor para que sea candidato a diputado. Como no mide en Santa Cruz, el kirchnerismo quiere que encabece la lista en la provincia de Buenos Aires. 

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Cristina tiene los votos para que Casación saque a Bonadio de la causa Hotesur

Dos de los encargados de definir la situación del juez son los nuevos candidatos de Cristina para la Corte.

La Sala I de la Cámara de Casación se inclinaría por apartar al juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur, la investigación que más preocupa a Cristina Kirchner porque salpica de manera directa a ella y a su hijo Máximo Kirchner.

20.02.2015Bonadío acumula pruebas para indagar a Máximo por lavado y podría imputar a Cristina
Los encargados de definir el futuro de Bonadio son los jueces Ana María Figueroa, Luis Cabral y Gustavo Hornos. Casualmente o no, dos de ellos -Figueroa y Hornos- son los candidatos que Cristina tiene en carpeta para nombrar en la Corte Suprema cuando fracase la designación de Roberto Carlés, como reveló LPO.

El 15 de febrero pasado los camaristas federales de la Sala I Jorge Ballestero y Eduardo Farah ratificaron al magistrado en la causa Hotesur, imponiéndose ante el voto de su colega Eduardo Freiler, en disidencia.

Sin embargo, en Casación los magistrados ya habrían consensuado los votos para apartar a Bonadio, en una decisión que tendrá mucho más de político que de cuestiones técnicas, según confirmaron a LPO distintas fuentes con acceso al expediente.

La disyuntiva de los camaristas consiste en definir si los tres votarán por unanimidad sacarle la causa al juez más crítico del Gobierno, o bien lo harán dos de ellos. Pero, como sea, los tres se inclinan por complacer los deseos de la Casa Rosada.

Hotesur es una causa clave para Cristina Kirchner, ya que teme que el juez pueda imputarla por delitos gravísimos como lavados de activos, malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública. Más grave aún para ella, la investigación podría derribar las aspiraciones políticas de Máximo.

Tanto Figueroa como Hornos habrían consensuado su arribo a la Corte Suprema de naufragar el nombramiento de Carlés en el senado y si el Gobierno impulsara la ampliación del tribunal a nueve miembros. Como adelantó a LPO, el pliego del discípulo de Raúl Zaffaroni está a punto de ser retirado.

El voto más problemático, pero que ya estaría decidido, sería el del camarista y consejero de la Magistratura, Luis María Cabral, que si bien se presenta alineado con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, también habría acordado con el Gobierno votar en contra de Bonadio.

La mano de Zannini

El secretario de Legal y Técnica de la Nación, Carlos Zannini, habría sido el que digitó y cerró filas para lograr los resultados luego de que Sabrina Mercado, sobrina de Cristina, recusara al juez que mantiene en vilo al Gobierno.

Figueroa está alineada con Zannini desde antes de su arribo al máximo tribunal penal del país y acataría sus pedidos, según comentan quienes trabajan a diario con ella. De hecho, generó malestar entre sus pares la visita que realizó Figueroa a Alejandra Gils Carbó

La camarista y la procuradora habrían dialogado sobre la causa por delitos de lesa humanidad contra Carlos Pedro Blaquier. Al ex directivo del Ingenio Ledesma se le dictó la falta de mérito el mes pasado. Sin embargo, Figueroa podría impulsar una nueva estrategia en su contra.

La visita a Procuración podría costarle la recusación en cualquier causa en la que el Gobierno estuviese involucrado como actor o demandado, explicaron abogados y juristas.

En tanto, como explicó este medio, Hornos tiene aspiraciones de llegar a la Corte Suprema o bien asumir el cargo que hoy ejerce Gils Carbó en el próximo gobierno. El camarista mantiene una buena relación con la Casa Rosada. De él también depende la causa por enriquecimiento ilícito contra Julio De Vido y su esposa, que está en análisis en la Sala IV de Casación.

Cabral, ya habría recibido “advertencias” de las Asociación de Magistrados y del Colegio de Abogados para que su voto no sea favorable al Gobierno y que respete el trabajo de Bonadio, pero los pedidos no habrían tenido respuesta aún.

Zannini puso en marcha el operativo “rescate” una vez que supo que Bonadio había tomado la decisión de indagar a Máximo, sin la etapa previa de testimonial, ya que las pruebas en su contra serían “evidentes”, dijeron fuentes de Comodoro Py. Si el juez sigue en la causa, el llamado al hijo de la Presidenta sería por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero.

Nuevas sospechas

Hace algunas semanas se supo que Zannini había ordenado al director DGI, Angel Rubén Toninelli, que se involucre en la situación impositiva de Máximo Kirchner y “ordene y emprolije la documentación presidencial”, según dijeron fuentes cercanas al Gobierno.

Toninelli habría delegado la tarea en su hijo Fernando, para que a través de su estudio jurídico tributarista intervenga en la “operación fiscal para ordenar la documentación de Máximo”. En los pasillos de la DGI, deslizaban que el buffet de Toninelli mantendría vínculos comerciales con los letrados tributaristas de Lázaro Báez.

Hoy, el diario Clarín, publicó que Toninelli y su hijo Federico viajó por lo menos dos veces en el avión privado de Báez, el empresario más cercano a la familia Kirchner y el otro actor clave en la trama Hotesur. En esos viajes también habría estado presente Martín Báez, hijo del constructor santacruceño.

La denuncia está en poder del fiscal Guillermo Marijuán y se basaría en documentos de la Policía Aeronáutica. De avanzar la causa, el director de la DGI podría ser acusado de tráfico de influencias y acciones incompatibles con la función pública.

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La inflación en el hotel de Cristina es de un 74%

EL HOTEL DE LA PRESIDENTA

La habitación más económica costaba en enero de 2014 $1.475 y ahora es de $2.571. La explicación es que es solo una «readecuación de las tarifas».

La inflación es una palabra que el kirchnerismo siempre rechazó y evitó pronunciar. Pero en su «lugar en el mundo», el hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Kirchner, no pudo evitar una sustancial suba de precios de una temporada a la otra. La habitación más económica costaba en enero de 2014 $1.475 y ahora su costo es de $2.571. Un incremento del 74,3%.

El hotel propiedad de Hotesur nuevamente en el centro de las noticias judiciales, afronta una nueva temporada con otra denuncia rodeándolo. En el verano 2014 La Nación reveló que Lázaro Báez a través de siete empresas, alquilaba habitaciones del hotel de la Presidenta -que no utilizaba- por más de $10 millones. Ahora las sospechas sobre Hotesur propietaria del Alto Calafate, son por presunto lavado de dinero colocando en las noticias, al imponente edificio que se ubica en la entrada de El Calafate.

Sus costos variaron el último año pese a las denuncias que rodean al emprendimiento hotelero de los Kirchner. Son cinco las opciones que los turistas tienen para alojarse en el Alto Calafate: la más económica es de 299 dólares ($2571) y la suite más costosa es de 508 dólares ($4369). Entre una temporada y la otra las tarifas reflejaron un aumento por encima de la inflación anual de consultoras privadas (cercana al 40%) y muy superior a la inflación del INDEC que no pasa el 25%.

La explicación? Sólo «readecuación de las tarifas» explicó una persona que trabaja en el hotel.

El restaurante con una privilegiada vista, también presentó variaciones en sus precios: un almuerzo sin postre no baja de los $280 a $300 cuando el año pasado su costo era 140 pesos menor.

El hotel es buscado mayoritariamente por turistas extranjeros, con una permanencia de un día y medio, según el INDEC, pero siempre están quienes preguntan si el Alto Calafate «es de la Presidenta, preguntan por sus otros hoteles igual, algunos se van, otros se quedan sin problema» contó personal del hotel de la Presidenta.

Entre otros cambios que afrontó el hotel cuatro estrellas, que comercializa como cinco estrellas y espera subir de categoría en los próximos meses, está la empresa que lo administra. Valle Mitre propiedad de Lázaro Báez en diciembre de 2013 dejó de tener dicha responsabilidad, y pasó a manos de Idea S.A, empresa que comparten en su paquete accionario, tres socios de Máximo Kirchner: Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho (ex gobernador de Santa Cruz) y María José Fernández Clark, pareja del ex mandatario.

Todo parece transcurrir con calma durante estos días, mientras la villa turística se prepara para la Fiesta Nacional del Lago que tendrá como principal protagonista a Cristina Kirchner, según confirmó el propio intendente Javier Belloni. Inaugurará dos millonarias obras realizadas con presupuesto nacional: el hospital y un anfiteatro del bosque.

En el hotel de la familia presidencial no niegan el temor de que más pedidos de la justicia surjan con la finalización de la feria judicial. «No nos afecta turísticamente, porque nuestros visitantes son mayoritariamente extranjeros y no prestan atención a las denuncias», contó una empleada del hotel.

Hace un mes Clarín reveló que Idea S.A mandó a realizar una auditoría interna, temiendo un posible allanamiento después que la causa avanzara en manos del juez Claudio Bonadio. Esto no sucedió, pero en el hotel admiten: «Por las dudas, estamos preparados».

Su «lugar en el mundo» espera una ocupación hotelera superior al verano pasado, pero según las cifras del INDEC nunca alcanza el 100%. «Calafate tiene camas por encima de su demanda», contó una fuente de la Cámara de Comercio local.
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Bonadío: “Con la presidente no me voy a meter pero el gordo está adentro”

El fiscal Carlos Stornelli, que mantiene diálogo abierto con Aníbal Fernández, le contó recientemente lo que le había dicho el juez federal Claudio Bonadío: que no se metería con Cristina Fernández pero que llamaría a declaración indagatoria o testimonial a Máximo Kirchner, en el marco de la causa Hotesur. Ante semejante revelación, el Secretario General de la Presidencia se sobresaltó, puso cara adusta y dio por terminada la reunión. Hace tiempo el diálogo con el juez federal lo protagonizaba un importante senador peronista pero esa relación se cortó y ahora sólo queda el diálogo de Aníbal con Stornelli, que viene de cuando este último era Ministro de Seguridad del gobierno de Daniel Scioli y el quilmeño ocupaba la cartera de Justicia y Seguridad nacional. De ahí que la presidente esté seriamente preocupada por el avance de la causa denominada vulgarmente “Hotesur”. Ya comentamos en este portal que en el máximo nivel del poder se le exigió a Francisco Larcher, entonces Subsecretario 8 de la SI, que le ordenara a Jaime Stiusso que se encargara de sacarle de encima al juez federal Claudio Bonadío. A esto Larcher se negó, porque en el máximo nivel no le estaban diciendo que lo recusara al juez sino que lo sacara de circulación literalmente.

Días de sangre

Es sabido que Jaime Stiusso tiene mala relación con Bonadío y lo denunció ante la justicia federal. Pero el ex director de contrainteligencia de la SI se ufana de que nunca se manchó las manos de sangre por ningún gobierno. Entonces Larcher pidió por escrito las citadas instrucciones -algo imposible- y fue eyectado de su cargo. A los pocos días la presidente decidió nombrar a Oscar Parrilli y Juan Martín Mena en lugar de Héctor Icazuriaga y Larcher, lo que produjo la salida forzada de Stiusso de la inteligencia de Estado. Pero se supone que por algún canal el juez Bonadío se enteró de esta charla y no la creyó o bien no le dio importancia. Sin embargo, a mediados de enero apareció el cisne negro de la denuncia de Nisman y a los pocos días, su muerte violenta y dudosa. Entonces el juez federal puso su crecida barba en remojo y habrá pensando que el próximo será él. Cuando el fiscal Stornelli le transmitió la inquietud del gobierno nacional, le habría contestado como titulamos esta nota. Y ayer Bonadío denunció ante los tribunales federales que su secretaria privada recibió el siguiente mensaje: “o se aparta o muere”, lo que confirmó sus peores fantasmas.

Guillermo Cherashny/informadorpublico.com

Sigue el escándalo: Hotesur fijó una nueva dirección fantasma en Capital Federal

Los directores, entre ellos la Presidenta, declararon un domicilio que hoy está alquilado. Reemplaza al domicilio original, donde se comprobó que no había nada

Los datos de los registros comerciales de la empresa Hotesur siguen generando dudas a la Justicia. Y es que un lugar no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo.

En el marco de una causa en la que se investiga a esa empresa por lavado de dinero, la Justicia comprobó que la firma había inscripto una sede legal falsa en la calle Lavalle 975. Ahora se suma un nuevo domicilio “fantasma” a esta trama.

Según el boletín oficial, el 26 de marzo del año pasado los familiares directos de la Presidenta fueron designados como directores de Hotesur, la firma con la que controlan el hotel Alto Calafate. El texto oficial agregaba además que todos ellos habían constituido domicilio en Alem 1080, piso 3 “C”.

Los directores de Hotesur que constituyeron “domicilio” en esas oficinas son los hijos de la Presidenta, Máximo y Florencia; su nuera, Rocío García; su hermana, Giselle Fernández; su sobrina, Romina Mercado; y uno de los socios de la familia, Carlos Sancho.

En medio del escándalo que se desató por este caso, Hotesur había difundido un cambio de su sede legal, que pasó a estar en Alem 530, piso 3.

En ese lugar comparten oficinas dos firmas de profesionales distintas pero que están relacionadas entre sí. Uno es el estudio de arquitectura “Frigerio y asociados”, liderado por Nelson Frigerio. Y la otra es el bufete de la abogada María de la Cruz Ceballos Arenas.

El arquitecto Frigerio y sus socios suelen ser beneficiados con contratos de obra pública y privada en El Calafate.

La abogada De la Cruz Ceballos Arenas tiene casa El Calafate y es amiga de la Presidenta hace muchos años, dijeron fuentes que la trataron por cuestiones profesionales.

Esa relación de amistad habría provocado que Hotesur decidiera designar como sede legal al estudio de la abogada en Alem 530.

¿Cómo fue entonces que los Kirchner también pusieron como domicilio a Alem 1080 piso 3 “C”?

 

Fuente: http://diariohoy.net/politica/sigue-el-escandalo-hotesur-fijo-una-nueva-direccion-fantasma-en-capital-federal-44100

El directorio de Hotesur está flojo de papeles

QUEMA ESOS DOCUMENTOS (CONTABLES)

Hace unos días, se hizo público que Hotesur, la firma que administra el hotel Alto Calafate de Cristina Kirchner, cambió su directorio. Por lo que trascendió, la presidenta decidió apartar a personalidades que la vinculaban al empresario kirchnerista Lázaro Báez e introducir miembros de su propia familia.

La nueva conformación, que se dio a conocer a través del Boletín Oficial del lunes 22 de diciembre, introdujo en el directorio a Gisele Fernández —hermana de Cristina—, María Rocío García —pareja de Máximo— y Florencia Kirchner, entre otros.

Lo curioso de la situación es que varios de los integrantes del directorio nuevo tienen problemas con su inscripción en la AFIP.

Por caso, Gisele Fernández (CUIT 27-13434209-4) fue dada de baja por no presentar varias declaraciones juradas.

A su vez, Rocío García (CUIT 27-24861500-7) aparece como monotributista. Todo bien con ella, pero si es directora de una sociedad anónima debe necesariamente estar inscripta como autónoma.

Hay más: Florencia (CUIT 27-35569819-5) mientras sea directora suplente, no hay problemas. Sin embargo, está inscripta en IVA y Ganancias pero no en autónomos. Por su código de actividad necesariamente debe estar inscripta como tal.

Algunas de las irregularidades de Hotesur ante la Inspección General de Justicia ya han sido ventiladas por los medios de prensa. Sin embargo, la situación aquí descripta aún no se había dado a conocer.

Es información que puede ser cotejada por cualquier contador con mínimos conocimientos y que debería ser tomada por la Justicia a efectos de terminar de descorrer el velo de la impunidad K.

Al menos, parte de este.

periodicotribuna.com.ar

Cristina, furiosa por Máximo

La Presidenta salió a defender a su hijo, tras las revelaciones sobre el caso Hotesur. Recomendó una nota del Cuervo Larroque en la que advierte al diario Clarín que «aflojen un toque».

Cristina Kirchner se mostró furiosa por las noticias que vinculan a su hijo Máximo con el caso Hotesur y salió a defenderlo a través de Twitter.

La jefa del Estado recomendó la lectura de un artículo publicado por la agencia Télam firmado por el secretario General de La Cámpora, el diputado Andrés «Cuervo» Larroque, a través del cual cuestiona severamente al diario Clarín por haber involucrado a Máximo en la causa. En la columna, Larroque le pidió a los directivos del diario desde el título que «aflojen un toque».

«Sencillamente, imperdible. No hay caso, los chicos la cazan al vuelo. Clarito como el agua», recomendó Cristina.

Al mismo tiempo, la mandataria apeló al comentario realizado por su flamante secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández quien, en la misma línea de Larroque advirtió en su blog personal su «estupor» por el tratamiento periodístico del caso.

La Presidenta escribió que «Aníbal que no es tan chico ya lo había puesto en el título de una nota en su blog…», en alusión al escrito que dejó en la web en el que Fernández condenó «la mentira y la confusión como método para que aparezca Máximo en tapa de Clarín».

El Gobierno ya había utilizado la cuenta oficial Casa Rosada para defender a Máximo, aunque lo hizo a partir de reproducir en ella un comunicado de la empresa privada que administra los hoteles de la familia presidencial.
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La Presidenta defendió a Máximo luego de las críticas por Hotesur

En un fallo dividido, la Cámara Federal aceptó la petición del Ministerio de Justicia; se investiga el extravío de legajos en la IGJ, que depende de la cartera de Julio Alak

LA Sala I de la Cámara Federal permitió ser querellante al Ministerio de Justicia en la causa por la pérdida de documentos de la Inspección General de Justicia vinculados con el caso Ciccone, en el que está involucrado el vicepresidente Amado Boudou .

El caso está a cargo de María Servini de Cubría, quien había rechazado la petición de la cartera que conduce Julio Alak .

Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero sostuvieron que el «Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública». Eduardo Farah votó en disidencia al coincidir con Servini en rechazar al Ministerio como querellante, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.

En la causa se tomaron declaraciones de testigos, se ordenó un peritaje y agentes de la Justicia visitaron la IGJ en busca de pruebas para determinar qué fue lo que pasó con los papeles desaparecidos.

Los expedientes que desaparecieron están ambos ligados al caso Ciccone, la causa penal donde está procesado el vicepresidente. En realidad, faltaban tres, pero uno reapareció. «[Ese expediente] se encontró mal encasillado y dos se reconstruyeron», dijo el secretario de Justicia, Julián Álvarez, el número dos de Alak.

Los perdidos fueron los de Ciccone Calcográfica y The Old Fund, el fondo que se usó para comprar la imprenta y que presidía Alejandro Vandenbroele . El expediente que reapareció fue el de London Supply, la empresa que puso el dinero para levantar la quiebra de la empresa.

La pérdida de los expedientes sucedió cuando dirigía la IGJ Marcelo Mamberti, un hombre ligado al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Fue en febrero de 2012, cuando ya había estallado la investigación sobre Boudou por su actuación en la venta de la imprenta. Fue Mamberti quien ordenó reconstruir las carpetas perdidas.

Los investigadores judiciales no tienen claro aún si había documentación comprometedora en los tramos de los expedientes que no se reconstruyeron. No obstante, el juez federal Ariel Lijo, que investiga a Boudou, guarda en su caja fuerte el libro original de la sociedad The Old Fund donde constan los movimientos societarios más polémicos, como por ejemplo donde aparece Vandenbroele como «nuevo accionista» de la firma, hasta que su nombre fue tachado con birome.

Fuente: La Nación

Cristina avanza con su blindaje jurídico colonizando la Fiscalía anticorrupción

En medio de la investigación por Hotesur, la Presidenta designó a un gerente de la Anses en un cargo clave.

Cristina Kirchner designó al abogado penalista y gerente de Anses Sergio Alejandro Rodríguez como el nuevo titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), un organismo clave para la investigación de los hechos de corrupción.

Sergio Leonardo RodrIguez

En medio de la investigación por los oscuros negocios hoteleros entre la familia Kirchner y Lázaro Báez, además de otras causas que afectan a ministros y funcionarios de primera línea, la Presidenta avanzó hoy con la ocupación de un cargo que estaba vacante desde hace más de cinco años.

El último titular de la fiscalía anticorrupción fue el hoy diputado nacional Manuel Garrido, que renunció en marzo de 2009 denunciando que el entonces procurador General de la Nación, Esteban Righi, le recortó funciones.

El pliego de Rodríguez fue enviado por Cristina al Senado en agosto. Su designación fue impugnada por la oposición debido a irregularidades en el concurso. En esa impugnación, los senadores radicales Mario Cimadevilla y Gerardo Morales sostuvieron que el pliego de Rodríguez surgió de un concurso con «arbitrariedades manifiestas» y «vicios graves de procedimiento». Sin embargo, hoy Cristina lo confirmó a través del decreto 2332, publicado en el Boletín Oficial.

Cuando el Gobierno definió volver a ocupar la titularidad del cargo, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, elevó tres nombres, el de Eugenio Sarrabayrouse, camarista de Tierra del Fuego, el abogado y ex fiscal antievasión Maximiliano Rusconi y el de Rodríguez, tercero en la terna, cuyo pliego fue puesto a consideración del Senado.

El nombre de Sarrabayrouse fue descartado porque es uno de los elegidos para integrar la nueva Cámara de Casación, otro organismo clave que el Gobierno quiere copar porque allí se definen todos los casos de corrupción. En tanto, Rusconi fue abogado de Carlos Menem y no era afín al kirchnerismo, al punto de haber sido testigo a favor del fiscal José María Campagnoli en el juicio político que le armó el Gobierno.

Rodríguez se desempeñaba hasta ahora como gerente de Asuntos Legales de Anses y previamente fue funcionario de la Justicia, la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Economía.

La FIA posee amplias atribuciones para investigar irregularidades administrativas y hechos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración nacional. El organismo estaba vacante desde 2009, cuando renunció el radical Garrido en rechazó a una resolución de Righi que limitó la intervención de la FIA en causas judiciales.

«El cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no se condice con las capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes», planteó entonces Garrido.

Rodríguez es además un activo tuitero. En su cuenta se define como “abogado penalista UBA», «director de Anses» y «fanático del basquetbol». Este último, parece ser su tema favorito en la red social.
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Tras ordenar los allanamientos a Hotesur, el juez Bonadio recibió diez denuncias por parte del kirchernismo

Contraataque oficial

 

HOTESUR

 

Los funcionarios oficialistas intentan complicar al magistrado por haber investigado a la presidenta Cristina Kirchner.

Tras ordenar los allanamientos a Hotesur S.A., propiedad de la presidente Cristina Kirchner, funcionarios del Frente para la Victoria salieron al ataque este miércoles y le realizaron diez denuncias por distintos motivos. La última de ellas, presentada por Diego Lorenzo Sanoguera, relata haberse presentado en varias oportunidades ante el Juzgado de Bonadio para solicitar un certificado de sobreseimiento, que nunca ha logrado que le sea expedido, o bien le era entregado en forma defectuosa sin obtener explicaciones del juez o de ninguno de sus empleados, de quienes refiere haber recibido malos tratos y discriminación.
La quinta denuncia fue presentada por Andrés Sergio Marutian y es por «mal desempeño» en el ejercicio de sus funciones y «abuso de autoridad», en virtud de que en el marco de la causa «Ricardo Jaime s/ negociaciones incompatibles» el magistrado resolvió rechazar in límine un pedido de exención de prisión de su defendido sin dar intervención al Fiscal, e incurriendo en una demora injustificada de 72 horas en la elevación del incidente de apelación de la resolución denegatoria de la libertad.
La sexta denuncia la presentó el abogado Gregorio Dalbón, y también es por «mal desempeño» y por «posible comisión de delito en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales» en la causa por la Tragedia de Once.
La séptima denuncia contra Bonadio es la que presentó la abogada Gloria Raquel Altamirano por «violaciones graves a sus deberes» por «obstaculizar» el ejercicio de la defensa técnica.
Según se indica, Bonadio le impidió tomar vista de las actuaciones en reiteradas oportunidades, además de recibir «un trato cruel, inhumano y degradante» por parte del magistrado y del personal del juzgado a su cargo, agregando que han recibido por parte del magistrado y del personal del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, que él preside.
La octava denuncia contra Bonadio la presentó el abogado Alejandro Rúa y es por «mal desempeño» en el marco de una causa por «severas irregularidades» en el proceder del magistrado, que inició una campaña de hostigamiento e intimidación destinada a limitar el ejercicio de la legítima defensa de sus asistidos en el procedimiento.
La novena denuncia también tiene que ver con la causa conocida como Tragedia de Once, y está relacionada con la orden de Bonadio de cesar la búsqueda de Lucas Menghini, presentación también realizada por Gregorio Jorge Dalbón.

diarioveloz.com

Gov’t ratifies Hotesur accusations are false

Cabinet Chief Jorge Capitanich reiterated that the accusations that led to the judicial raids at the Hotesur company owned by President Cristina Fernández de Kirchner are false and aimed at federal judge Claudio Bonadío.
The official said that although the president herself has acknowledged some irregularities in Hotesur’s affidavits, “the accusation is false” since it seeks to prove that the company “did not file the documents, which it it clearly did.”
Speaking at his daily press conference at the government house, Capitanich pointed out that Hotesur’s documents are currently being analyzed by the General Inspection of Justice (IGJ in Spanish).
The governor of Buenos Aires province Daniel Scioli in his turn questioned the “spectacularity” of the raids ordered by judge Bonadío and called for “prudence and responsibility.”
“This is a time when prudence and responsibility should prevail, specially with issues in which the president is involved,” Scioli said to reporters.
THE PRESIDENT’S TWEETS
The chief of ministers also referred to the series of tweets the head of state wrote after yesterday’s speech, in which she aimed at Federal judge Claudio Bonadío for being a shareholder of a private company which has failed to present its accounts on time.
“If judge Bonadío is a shareholder of a private company which is indeed among the 47,000 companies under evaluation from the IGJ, why didn’t he launch a raid at his own company?,” Capitanich asked ironically.
buenosairesherald.com

Cristina denunció que una sociedad de Bonadio está en la misma situación que Hotesur y no fue allanada

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que una empresa de la que es socio el juez federal Claudio Bonadío «debe los balances por ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y de 2013», un caso «igualito que Hotesur S.A», y se preguntó si algún legislador la denunciará o algún juez la allanará.

En declaraciones subidas en su cuenta oficial en la red social Twitter, recordó «el comunicado de la Inspección General de Justicia (IGJ) informando sobre la existencia de 319.626 Sociedades Comerciales, y que solamente de esas sociedades estaban activas 150.855, al 31 de octubre de este año. Y que de las 150.855, 83.319 presentaron Declaraciones Juradas, mientras que 67.536 permanecen pendientes».

«El mismo comunicado informaba que Hotesur S.A. se encontraba entre las activas que han presentado Declaración Jurada y cuya documentación se encuentra en etapa de análisis, junto con otras 47.373 sociedades comerciales», aseguró la jefa de Estado, quien agregó: «Entre las 47.373 se encuentra la sociedad Mansue S.A. cuya actividad es estación de servicio».

«¿Y a que no sabés quiénes son los socios?», se preguntó Cristina, e informó que pertenece el «40% Carlos Alberto Bonadío, presidente de la sociedad, otro 20% (…) al juez de Comodoro Py Claudio Bonadío; el otro 20% Fernando Luis Climent y el otro 20% Alejandro Vicente Climent».

TWK

«Se ve que se trata de una sociedad de familia. Y sabés qué? Deben los balances por los ejercicios cerrados al 31/12 de 2012 y al 31/12 del 2013», detalló la jefa de Estado, quien agregó: «Igualito que Hotesur S.A. ¿Algún legislador o legisladora denunciará? ¿Algún Juez allanará? ¿Qué dirá la prensa independiente?».

De esta manera, la Presidenta se sumó a las críticas de funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores de varios partidos y abogados, que cuestionaron hoy el accionar del juez federal Claudio Bonadío.

«Lo que viene sucediendo con Bonadio es sistemático. Cada vez que había un expediente relacionado con él en el Consejo de la Magistratura, en el mismo día, o al otro, iniciaba una causa contra el Gobierno de una forma extorsionadora», dijo el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, en declaraciones radiales, que tildó el accionar del magistrado de «extorsivo».

Asimismo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que el allanamiento de Bonadio en la causa Hotesur «es una estrategia de golpismo activo para hostigar al Gobierno» y que el «Poder Judicial es una corporación que actúa de consuno (común acuerdo) con la oposición política y los grupos económicos concentrados».

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Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer consideró que «ninguna de las faltas cometidas por la empresa Hotesur son delito» y precisó que la presentación que realizó «no es contra la Presidenta».

«Una aclaración que me parece importante hacer es que ninguna de estas faltas cometidas por la sociedad son delito», señaló la diputada del GEN en declaraciones a Radio Nacional.

Además, la legisladora afirmó que en su presentación ante el juez Claudio Bonadio solicitó que se pidiera «información» sobre la sociedad «pero no allanamientos», tras lo cual sostuvo que no se va a «hacer cargo de las cosas que hace» el magistrado.

En tanto, el abogado querellante en la causa por la tragedia de Once, Gregorio Dalbón aseguró que Bonadío «es mala persona y mal juez desde siempre», que «Bonadío es el peor juez de Comodoro Py, no sólo por lo que ha hecho ahora casualmente con la Presidenta de la Nación, sino porque es el único juez federal que ha entrado en la carrera judicial sin conocimiento científico ni jurídico».

Y enumeró: «Nunca estuvo preparado para ejercer como juez. Siempre se caracterizó por ser arbitrario, es el juez al que más le han revocado procesamientos y es también el que dejó impune a los viejitos del PAMI con Víctor Alderete. Es una mala persona».

A su vez, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona calificó de “hecho grave” el accionar del juez federal, Claudio Bonadio, al ordenar el allanamiento a las oficinas de Hotesur, y sostuvo que “puede constituir una causa más”, que se sumaría a las nueve que ya tiene y que deberían avanzar en el Consejo de la Magistratura.

Y agregó en declaraciones a radio Télam que “esto seguramente va a tener que ver con el análisis que los compañeros diputados, senadores que conforman las comisiones de justicia en ambas cámaras puedan realizar” y del trabajo de pueda hacer el Consejo de la Magistratura.
telam.com

Capitanich, molesto por una pregunta sobre la Presidenta

UNA CAUSA QUE COMPLICA AL PODER

Se la hizo un periodista de TN por el caso Hotesur. Y el jefe de Gabinete lo cruzó enojado.

 

En su conferencia de prensa de ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a atacar al juez Bonadio y a la Justicia pero esta vez  se enojó con un periodista que le preguntó por el caso Hotesur. «Todo el tiempo el Poder Judicial hace política partidaria y corporativa, defendiendo intereses propios y de grupos económicos concentrados. La independencia del Poder Judicial es sólo respecto del gobierno», aseveró.

— Gonzalo Aziz (cronista de TN): En la historia hubo muchas investigaciones periodísticas como el Watergate (que llevó a la renuncia de Nixon en EE.UU.) o el caso de la venta ilegal de armas de Daniel Santoro que terminó con una condena contra Menem. Ahora el programa de Lanata mostró que la mayoría de las 900 habitaciones del Alto Calafate estaban alquiladas por Lázaro Báez un beneficiario de la obra pública, ¿Qué tiene de malo que una diputada denuncie a la Presidenta? ¿La Presidenta es impune?

— Capitanich (alzando la voz): No compare peras con manzana. Segundo, se trata el control sobre más de 40 mil sociedades. Pretender comparar el caso Watergate o la venta de armas a Ecuador y Croacia con este caso es un exabrupto mediático, un exceso. En ese contexto, el funcionario recordó al periodista que hizo la pregunta que “el grupo Clarín incumple la ley”, que “tiene cuentas en el exterior” y que “utiliza permanentemente mecanismos de extorsión a los gobiernos”.

— Aziz: ¿Qué opina usted de las declaraciones de Aníbal Fernández diciendo que la justicia no debe investigar a la Presidenta y de Luis D’Elía quien pidió por la cabeza de Bonadio en una pica?

— Capitanich: No me corresponde opinar sobre las opiniones de otros. El senador fue elegido por el pueblo bonaerense y D´Elía no es parte del Gobierno. Punto.

clarin.com

 

El GOBIERNO aplicó una «SEVERA» MULTA a Hotesur: $ 3.000

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, minimizó que la firma Hotesur, empresa que administra un hotel de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no presente balances desde hace tres años, aunque prometió que se la multará con tres mil pesos, y ratificó que denunciará al juez del caso, Claudio Bonadio.

Según afirmó, el magistrado federal genera «un escudo para que no se lo investigue» y «no utiliza los expedientes con criterios de imparcialidad, sino con el objetivo de coaccionar a través de sus medidas».

En diálogo con FM Vorterix, el funcionario minimizó que la empresa vinculada a la Presidenta esté en mora desde hace tres años en cuanto a la presentación de balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio que encabeza junto con Julio Alak. «Una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la AFIP. Habrá sido el error de un contador, no vas a pretender que la Presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la AFIP», indicó.

Sin embargo, aseguró que la cartera tiene «la potestad y lo vamos a hacer, le vamos a aplicar una multa a Hotesur y será la más severa. La multa es una multa de 3 mil pesos, pero no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así. Es una irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo», minimizó. «En la IGJ hay un problema estructural, hay 40 mil sociedades que no tienen regularizados sus balances, 40 mil, tenemos un problema en la IGJ, y una de las 40 mil es Hotesur, que hace tres años que no presenta su balance», admitió el funcionario.

En cuanto a Bonadio, reiteró sus críticas, luego de haber dicho el domingo, en una entrevista con el diario Página/12, que aprovecha sus causas para «extorsionar y hacer política» y que es «militante» del Frente Renovador.

Cuando se le preguntó si se lo denunciará por investigar a Hotesur, respondió: «No, por esta investigación no lo vamos a denunciar, sino por la acción sistemática de generar un escudo para que no se lo investigue. En el Consejo de la Magistratura». «No utiliza los expedientes con criterios de imparcialidad, sino con el objetivo de coaccionar a través de sus medidas, es clarísimo», remarcó Álvarez y recordó: «Hablamos de Bonadio, un ‘juez de la servilleta’, un juez designado por (el ex presidente Carlos) Menem que respondía directamente a (el ministro del Interior del Menemismo, Carlos) Corach».

«Cada vez que sesiona el Consejo, Bonadio toma acciones judiciales en sus causas para defenderse mediante la coacción sobre las denuncias que tiene en el Consejo, que son de gravedad institucional», insistió el viceministro de Justicia.

El caso. La semana pasada, Bonadío realizó un allanamiento en la IGJ y en Hotesur, en respuesta a una denuncia que presentó la diputada por el GEN Margarita Stolbizer, por presunto «lavado de dinero» vinculado a Hotesur, la empresa que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de la Presidenta. El sábado, la empresa Hotesur emitió un comunicado en el que se defendió de las acusaciones por supuestas irregularidades, atacó a Bonadio, a la prensa y a la oposición como autores de una «operación» contra la mandataria y sus hijos.
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