Crisis griega.Ante la amenaza de hacer default y salir del euro hoy mismo, el premier Tsipras cedió ante las exigencias de la canciller alemana Markel para prestarle durante los próximos tres años, entre 82.000 y 86.000 millones de euros. Para ello, Grecia deberá legislar una larga batería de medidas durísimas.
“Grecia no saldrá del euro”, dijo esta mañana el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. Grecia seguirá por ahora en la Eurozona. A las 09:00 de la mañana de Bruselas, tras cinco meses de tira y afloja y un tremendo final de 17 horas de cumbre sin pausas, el primer ministro griego Alexis Tsipras dejó de luchar.
El premier heleno, ante la amenaza de hacer default y salir del euro hoy mismo, con un corralito que lleva dos semanas activado y que mañana hubiera sido corralón ante la falta de liquidez bancaria, claudicó ante la inmensa mayoría de las condiciones que la Eurozona, al mando absoluto de la Alemania de Angela Merkel, le impuso para prestarle, durante los próximos tres años, entre 82.000 y 86.000 millones de euros.
La factura para los europeos y el FMI podría bajar hasta los 50.000 millones de euros pues calculan que entre privatizaciones y superávit fiscal Grecia podría poner unos 8.000 millones y esperan obtener plata de privatizaciones. 25.000 millones del total irían a recapitalización bancaria, de los cuales 10.000 lo serían a corto plazo para poder alimentar a la banca y que pueda levantar el corralito antes de finales de año.
Apenas Francia e Italia ayudaron en la negociación a Tsipras para suavizar algunas de las condiciones. España se unió al grupo de los halcones que capitaneó Alemania con Finlandia, Holanda, Eslovaquia y los bálticos. En los primeros borradores del acuerdo aparecía una mención expresa a que si Grecia no aceptaba todas sus condiciones la Eurozona negociaría su expulsión. Atenas consiguió eliminarla con el apoyo francés e italiano.
El presidente francés François Hollande dijo esta mañana que “nada habría sido peor que humillar a Grecia esta noche”, pero la humillación parece difícil de esconder. Angela Merkel, que sale reforzada internamente de esta crisis pero que será vista de forma diferente en el resto de Europa, dijo que Grecia “mostró su disponibilidad para acometer los ajustes y reformas” y que “lo importante ahora es poner en marcha lo acordado rápidamente”.
Donald Tusk aseguró que “Grecia tiene una oportunidad de enderezarse” y que “el acuerdo evita las consecuencias políticas que habría tenido la falta de resultados de la negociación”, es decir, la expulsión helena de la Eurozona.
El acuerdo es durísimo y el calendario muy limitado. Atenas debe legislar antes de la tarde del miércoles las subidas de IVA y los recortes de pensiones, asegurar la independencia del INDEC griego y aprobar un sistema de recortes de gasto automáticos en caso de desviación del objetivo de superávit fiscal, que nunca podrá ser menor del 3,5% del PBI a partir de 2018. Esa meta fiscal no es tan alta como en anteriores rescates.
Antes del 22 de julio el Parlamento griego debe aprobar una nueva ley de enjuiciamiento civil para acelerar los procesos judiciales. Las medidas que Tsipras llevará ya hoy al Parlamento griego hacen temer que todo descarrille porque su partido Syriza podría dividirse. Fuentes europeas explicaban anoche que, aun así, esperan que la oposición vote a favor aunque eso conllevaría la ruptura del gobierno y elecciones anticipadas.
Sólo cuando Grecia cumpla esa parte los ministros de Finanzas de la Eurozona darán formalmente a la Comisión Europea el mandato de negociar los aspectos financieros del rescate, tras la aprobación por seis parlamentos europeos, entre ellos el alemán. Los demás lo aprobarán –su legislación lo permite- mediante un decreto gubernamental.
Mientras tanto, el Banco Central Europeo, para que todo este andamiaje no se caiga, deberá mantener las líneas de liquidez de emergencia a la banca griega. Europa estudiará estos días la forma de que Grecia pueda pagar el próximo lunes al BCE un vencimiento de deuda de 4.200 millones de euros, otro de casi 5.000 millones a mediados de agosto y de que cierre el impago de casi 1.600 millones de euros al FMI del pasado 30 de junio.
Atenas deberá, antes de finales de octubre, legislar una larga batería de medidas durísimas: una reforma laboral que lamina el poder de los gremios, dificulta las huelgas y facilita los despidos colectivos; una completa reforma que liberalice su economía en varios aspectos que incluyen los períodos de rebajas, apertura comercial en domingo –que ni Alemania tiene-, liberalización de farmacias, de precios de productos de primera necesidad como leche o pan y apertura a la competencia de profesiones protegidas o del importante sistema de transporte marítimo heleno. También se facilitarán los desahucios, por lo que previsiblemente aumentará el número de griegos sin hogar.
Atenas tendrá que seguir un extenso programa de privatizaciones que incluye puertos, aeropuertos e incluso su empresa nacional de electricidad. Ese programa de privatizaciones intentará conseguir en los próximos tres años hasta 50.000 millones de euros –el 27% de la economía helena-. La mitad de lo que se consiga irá a pagar vencimientos de deuda, una cuarta parte a recapitalización bancaria y sólo el 25% restante podrá dedicarse a inversiones.
Ese fondo de 50.000 millones –que ningún diplomático europeo consideraba anoche serio porque no ven dónde encontrará Atenas activos por ese montante- es la excusa para considerar que la deuda griega es sostenible, evitar las quitas y permitir que el FMI siga participando en el rescate. Pero hace que Atenas ceda el control de muchos de sus aeropuertos, de sus grandes puertos, de varias empresas públicas y de sus bancos. Y es una especie de aval que nunca se exigió en otros rescates: si Grecia no paga, los europeos se quedarán con los activos.
Las privatizaciones se harán después de colocar los activos en un fondo que, aunque con base legal en Grecia y propiedad griega, será supervisado por los acreedores. En las primeras versiones del acuerdo consistía en una entidad legal basada en Luxemburgo y gestionada por el fondo de rescates europeo.
No todo son recortes y privatizaciones. Atenas también debe aprobar la legislación necesaria para reformar su Administración pública y, bajo supervisión de la Comisión Europea, poner en marcha un programa para “despolitizarla”. El plan para hacerlo debe estar en Bruselas como muy tarde el próximo domingo.
El acuerdo también explica que Atenas debe facilitar el trabajo de los técnicos de los acreedores. En la práctica, estos tendrán acceso casi ilimitado a las entidades gubernamentales y ministerios griegos.Grecia no podrá aprobar, durante los próximos tres años, ninguna medida legislativa que tenga efectos económicos sin antes recibir el visto bueno de los acreedores, una cláusula que no tiene ningún otro país europeo.
El gobierno de Alexis Tsipras también deberá anular toda su legislación de los últimos meses –excepto las medidas contra la crisis humanitaria- que tenga efectos económicos o aprobar otras medidas con el mismo impacto fiscal. Eso llevaría, por ejemplo, a volver a cerrar la radio televisión pública, un símbolo para el partido gobernante Syriza.
Tsipras también tuvo que renunciar a una clara referencia a una futura reestructuración de deuda, que incluso el FMI ve ya obligatoria. El acuerdo, que llega a decir que todo iba bien con la deuda helena hasta hace un año, estipula que sólo se estudiaría una posible reestructuración –sin quita, sólo alargando los plazos de vencimiento- al final de la primera revisión del programa –a finales de año si todo va según lo previsto- y siempre y cuando Atenas haya cumplido con todos los ajustes y reformas.
El único caramelo será que la Comisión Europea preparará un paquete de inversiones de 35.000 millones de euros destinado a fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. Pero en realidad no hay dinero nuevo. Son fondos estructurales europeos a los que Grecia tenía derecho como miembro de la UE y que ahora podrían acelerarse.
Analistas europeos criticaron ayer con dureza el acuerdo. Wolfgang Münchau, editorialista del diario británico “Financial Times” dijo que es “el fin de la Eurozona como la conocemos, los acreedores la han demolido”. El semanario alemán “Spiegel” habla de “un catálogo de crueldades” y las críticas son generalizadas a la posición de Alemania. Sebastian Dulli, profesor de economía internacional en Berlín, aseguraba esta mañana que “la historia juzgará con dureza a Merkel”.
Nunca en el pasado una unión monetaria pudo funcionar sin unión política y fiscal. El euro sólo tiene 16 años pero ya ha rozado la debacle en varias ocasiones. Porque el consenso de los economistas asegura que la salida de un solo miembro sería el principio de su fin porque convertiría a la Eurozona en una simple zona de tipos de cambio fijo al demostrar su reversibilidad.
La Eurozona se va dejando jirones de credibilidad y va perdiendo apoyo político porque cada vez una mayor parte de la población la ve, no como un medio de mejorar sus vidas, sino como un instrumento impuesto y coercitivo.
Los más reputados analistas alemanes aseguran que el sistema actual beneficia principalmente a Alemania, porque coloca sin riesgo sus excedentes de ahorro en la periferia del euro. Si los europeos empiezan a pensar que vivían mejor con su moneda nacional y el euro pierde apoyo político, cualquier crisis más grave lo hará descarrillar.
Grecia lleva más de cinco años amenazándolo y su economía no llega al 2% del total de la Eurozona. El ministro de Economía francés Emmanuel Macron decía la semana pasada en una entrevista al diario “El País”: “Si no actuamos rápido, la zona euro desaparecerá en 10 años”.
clarin.com
Chiara 
Felipe 
