Las ART no podrán rechazar denuncias

Por decreto, las administradoras “no podrán negarse a recibir denuncias” relacionadas con accidentes o enfermedades laborales. DyN

Las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no podrán negarse a recibir denuncias sobre accidentes o enfermedades laborales, salvo excepciones, mientras que a los trabajadores o a sus derechohabientes se les garantizará el patrocinio de un abogado desde el inicio del reclamo.

Así lo establece el Decreto 1475/15, que fija modificaciones a las normativas vinculadas con los riesgos del trabajo, que fue publicado el viernes en el Boletín Oficial, con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los alcances del decreto (que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Trabajo, Carlos Tomada) entrarán en vigencia en tres meses, según se indica en la norma.

De acuerdo con lo estipulado, las ART “no podrán negarse a recibir denuncias” relacionadas con accidentes o enfermedades laborales y si lo hacen deberán “notificar fehacientemente al trabajador y al empleador” en un plazo de 10 días, prorrogable por otros 10 “cuando existan circunstancias objetivas”.

Entre los motivos por los cuales las ART pueden argumentar el rechazo de una denuncia figuran “el desconocimiento de la relación laboral por parte del empleador” o que el accidente o la enfermedad que se denuncie “no sea de carácter laboral” o consecuencia de la actividad profesional.

También figuran como motivos de rechazo de la denuncia los “accidentes de trabajo o enfermedades causadas por dolo o fuerza mayor extraña al trabajo” y las “incapacidades del trabajo preexistentes a la relación laboral”, siempre que estén “acreditadas en exámenes preocupacionales”.

El trabajador, por su parte, “estará obligado a someterse al control del facultativo que designe la administradora” y tanto él como sus derechohabientes, en caso de fallecimiento, “deberán contar con el patrocinio de un letrado, desde su primera presentación”.

El decreto estipula también que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá garantizar la asistencia de un abogado a los damnificados en caso de requerirlo. La Superintendencia también tendrá a su cargo el funcionamiento de la Comisión Médica Central y de las Comisiones de Médicas, que se expedirán en forma definitiva sobre el accidente o enfermedad laboral.

Para ello designará personal, médicos y abogados de las Comisiones Médicas que, además, deberán contar con un secretario Técnico para la resolución de los conflictos. Las Comisiones Médicas serán las responsables de determinar si una incapacidad, derivaba de un accidente laboral, es “temporaria o permanente”, cuando exista divergencia entre las partes y podrán “indicar la realización de estudios complementarios, peritaje de expertos u otras diligencias”.

Fuente: Diario de Cuyo

La 9 de Julio, insegura: casi 200 denuncias por delitos y contravenciones

Esa es la cifra registrada por la Fiscalía de la Ciudad desde enero hasta abril. Limpiavidrios y vendedores, en la mira.

No es fácil transitar la avenida 9 de Julio. Ni para los conductores ni para los peatones. Para que no quepan dudas, un nuevo informe de la Fiscalía de la Ciudad lo muestra en números. De enero a abril de este año, el organismo recibió 129 denuncias por contravenciones y 59 por delitos cometidos en esa arteria.

Los delitos más denunciados fueron amenazas; daños simples; y daños agravados por ser cometidos contra bienes públicos o contra monumentos.

El uso indebido del espacio público con fines lucrativos; conducir bajo los efectos del alcohol o drogas; ensuciar bienes; pelear o participar en una agresión; y hostigar, maltratar o intimidar fueron, por su parte, las contravenciones más frecuentes.

La mitad de los hechos se registraron entre las avenidas San Juan e Independencia, en Constitución, y un 26 por ciento entre Rivadavia y Córdoba, en el barrio de San Nicolás.

“Tenemos monitoreada la avenida con cámaras, incluyendo cuatro sobre el Obelisco, y cuando observamos situaciones que lo requieren, mandamos personal policial”, explicó el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, en diálogo con el diario Clarín. Y aportó cifras: “En lo que va de 2015, realizamos 143 procedimientos en la zona en los que detuvimos a autores de arrebatos, robos a mano armada, hurtos y delitos contra la propiedad. El 40 por ciento de los detenidos son menores y la mayoría presenta una reiteración de faltas. Enseguida quedan libres. Son pocos los damnificados que presentan la denuncia”.

Aunque muchos limpiavidrios y vendedores no tienen malas intenciones, otros aprovechan para distraer a los conductores y robarles. Según cuentan quienes circulan en coche por la avenida, les dicen que tienen la rueda pinchada para que bajen del auto y así poder asaltarlos.

Los que caminan o esperan en las paradas del Metrobús tampoco la tienen fácil gracias a los punguistas. La semana pasada, un ladrón le arrebató el celular a una chica en Carlos Pellegrini y Lavalle, y no fue linchado por los transeúntes gracias a la intervención policial.

Fuente: La Razón

Aníbal Fernández desafía: “Qué hagan 740 mil denuncias que las cadenas nacionales van a seguir”

El jefe de Gabinete planteó, con ironía, «cuál es el aparato que mide el nivel de necesidad» que debe haber, para hacer uso de ese recurso.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desafió hoy a la oposición a que presente «740 mil denuncias» contra el uso de la cadena nacional por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y planteó, con ironía, «cuál es el aparato que mide el nivel de necesidad» que debe haber, para hacer uso de ese recurso, de carácter excepcional.

«¿Dónde está el aparato que mide cuál es el nivel de necesidad que exige la legislación?», preguntó el funcionario, al ingresar esta mañana a la Casa de Gobierno, ante las quejas por el uso de la cadena nacional, hasta el momento empleada 19 veces este año.

El funcionario justificó su uso en que «cuando los medios no ocupan ese lugar de llevar a la sociedad las cosas que se están haciendo, para que las comprenda y las conozca, hay que tomar otro tipo de decisiones, como es la cadena nacional».

«Si a estos señores les molesta, que hagan 740 mil denuncias penales, que nosotros vamos a seguir tomando esta decisión para que la Presidenta le haga conocer a la sociedad que está trabajando en ellos y se toman decisiones trascendentales», argumentó.

La oposición impulsa dos acciones, una en la Justicia y otra en el Congreso, para limitar el uso de la cadena nacional.

Por un lado, el director por la oposición en AFSCA, Gerardo Milman, y la presidente de la Fundación LED, Silvana Giudici, anunciaron que esta semana presentarán una denuncia penal y un recurso de amparo contra la Presidenta por «el uso indebido de la cadena nacional».
losandes.com.ar

Hay nuevas denuncias contra César Milani

Vinculan al jefe del Ejército con los presuntos asesinatos de tres soldados y un suboficial en Tucumán durante la dictadura militar de los ’70.
Una nueva presentación judicial realizada en los tribunales federales locales podría agravar la situación del jefe del Ejército, teniente general César Milani , en la causa que lo tiene como imputado por la desaparición del conscripto Alberto Ledo, ocurrida en 1976.

Enrique Romero, ex legislador provincial y peronista disidente, le requirió al juez Daniel Bejas que adjunte al expediente del caso Ledo documentación que podría vincular a Milani con el asesinato de otros tres soldados y de un suboficial del Ejército durante la última dictadura militar.

Se trata de los conscriptos Carlos Alberto Fricker, Juan Ángel Toledo Pimentel y Carlos Cajal, y del sargento Alberto Lai, quienes, según la denuncia de Romero, habrían sido ejecutados por oficiales de Inteligencia del Ejército entre el 9 y el 17 de mayo de 1976, un mes antes de la desaparición de Ledo, ocurrida el 17 de junio.

El dirigente, que en 2002 denunció la existencia de una fosa común en el lugar denominado «Pozo de Vargas», también aportó documentación que revelaría cómo los agentes de inteligencia del Ejército «marcaban» a quienes luego pasarían a formar parte de la larga lista de muertos y desaparecidos durante la última dictadura.

Los papeles presentados ayer por Romero ya habían sido elevados a la justicia federal por el fallecido ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde en 2010, antes de que el general Milani fuera designado al frente del Ejército.

Según el ex parlamentario, la documentación original aportada por Duhalde está «guardada en la caja de seguridad» del juzgado de Bejas, por lo cual solicitó que el material sea incorporado a la causa.

En esa prueba documental se constata que Ledo había sido apuntado por los agentes de inteligencia del Ejército como «integrante del Frente Armado Estudiantil (PRT-ERP)» en 1975, un año antes de ser enviado a Tucumán, donde desapareció mientras cumplía con el servicio militar obligatorio.

Además, los documentos confirmarían la participación de Milani en tareas de inteligencia durante el Operativo Independencia, entre fines de 1975 y principios de 1976, al mando del fallecido represor Antonio Domingo Bussi.

Romero recordó que Fricker «fue asesinado de un tiro en la nuca por personal de Inteligencia del Ejército», a las órdenes del fallecido general Antonio Bussi, el 9 de mayo de 1976, en la localidad tucumana de Famaillá.

En tanto, el conscripto médico Toledo Pimentel, el soldado enfermero Cajal y el sargento Lai murieron una semana después, cuando estalló una bomba en la ambulancia en la que se trasladaban.

Respecto de ese último episodio, el dirigente señaló que la explosión se produjo una semana después de que Toledo Pimentel atendiera a Fricker cuando agonizaba por el disparo que había recibido.
asteriscos.tv

Cadena de denuncias: ahora acusan al senador que denunció al juez Bonadio

El abogado Adrián Bastianes acusó al senador kirchnerista Marcelo Fuentes por obstruir la investigación sobre las empresas de Cristina Kirchner.

El abogado Adrián Bastianes presentó hoy una denuncia con el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, quien había sido el responsable de la denuncia en contra del juez Bonadio por ordenar el allanamiento a Hotesur S.A., la empresa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según Bastianes, el senador K comete los posibles delitos de coacción, atentado contra la autoridad, violación en las formalidades del arresto, falsa denuncia y usurpación de título, entre otros.

“Hoy denuncié al senador que denunció a Bonadio”, explicó el letrado en su cuenta de Twitter y mostró la copia del acta que deja constancia del hecho. Bastianes pertenece al partido Voz Ciudadana y ya anunció que mañana denunciará al secretario de Justicia Julián Álvarez, quien presentó hoy un nuevo pedido de juicio político contra el magistrado por «extorsionar».

Según informa el sitio Tribuna de periodistas, la denuncia de Bastianes cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Gustavo Adolfo Literas bajo el número 12.038.

La semana pasada, el juez Claudio Bonadio ordenó allanar la empresa Hotesur, empresa que administra el hotel Alto Calafate de la Presidenta tras una denuncia impulsada por la diputada Margarita Stolbizer.

Ayer, el senador Marcelo Fuentes denunció al magistrado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El legislador se valió de las diversas noticias periodísticas difundidas durante la semana, en las que se acusa al magistrado de tener una participación accionaria del 20% en la firma Mansue S.A., dedicada a la venta de combustible.
perfil.com

Desde adentro, la clínica del horror en Sarandí: el crudo testimonio de una exempleada

Tras las repercusiones en la prensa, la mujer se acercó a la Justicia. ¿Qué denuncian las familias?

clinica dulce espera 1

RECUERDO. Rostros de algunos de los nenes que habrían sido víctimas del lugar.

 

 

Por Badiha Sebih

Desde que las voces de las mamás de expacientes de la Clínica de Nuestra Señora de la Dulce Espera hicieron eco, las judicializaciones de los casos por supuesta mala praxis se amontonan y surgen declaraciones espontáneas de personas que, durante mucho o poco tiempo, trabajaron en el centro de salud privado ubicado en Sarandí.

Uno los testimonios más crudos, al que accedió TN.com.ar, es el de una exempleada que fue testigo de irregularidades sanitarias y laborales que decidió dejar asentadas en la Fiscalía 1 del Polo Judicial de Avellaneda el jueves pasado. Ese departamento es el que investiga la muerte de Noah López, el bebé de 90 días que murió hace tres meses por una severa infección pulmonar.

Ante el instructor judicial Hernán Javier Pérez y la fiscal María Alejandra Olmos Coronel, la mujer señaló que la clínica tiene un “pasillo azulejado” que “es utilizado como morgue”, donde una vez permaneció durante cinco días «el cuerpo de una persona que había fallecido por cáncer».

También describió la existencia de “un cuarto” que funciona como archivo en el que “había cajas con documentación sin ningún tipo de orden y cubiertas de excremento de ratas”. En el mismo relato se menciona a la directora de la clínica, la doctora Sandra Panizza, quien -según el testimonio- “lleva las historias clínicas de pacientes en una valija de viaje”.

Sobre la situación laboral de los empleados del lugar, la testigo agregó que “los médicos que hacían guardias recibían sus pagos ´en negro´” y que como constancia se les daba “un papelito”. “Tienen al personal de alguna forma amenazado, sin poder afiliarse al gremio y ante el menor problema son despedidos. Mostraban que seguían trabajando allí por necesidad”, continuó.

Por último, la apreciación más polémica de esta exempleada involucra a una de las doctoras del sector de pediatría y neonatología, a la que acusó de arrancar las jornadas laborales con «aliento etílico», citó el documento.  .(Los datos de la mujer que atestiguó, como algunos otros detalles sobre su desempeño y tiempo de permenencia en la clínica, fueron omitidos para preservar la identidad de la misma) .

¿QUÉ SE DENUNCIA Y DESDE CUÁNDO?
Familiares de al menos 100 expacientes de la Clínica de Nuestra Señora de la Dulce Espera piden el cierre del centro de salud, al que acusan de mala praxis y de numerosos hechos de mortalidad infantil.

Se trata del establecimiento privado ubicado en la calle General Ferré 521, sobre el que hoy recaen reiterados reclamos que tienen nombre y apellido. Pese a que algunos cuestionan la falta de higiene y la mala atención y otros apuntan al abandono de persona y a la negligencia médica, todos señalan las irregularidades con las que opera el lugar hace casi 20 años.

Santino, Alayla, Ramiro, Lucas, Micaela, Benjamín son algunos de los pequeños que perdieron la vida en neonatología, al igual que Noah Nicolás León López, que la semana pasada hubiera cumplido seis meses. Desde que murió el 10 de junio, este bebé es la cara visible de la lucha de los vecinos de Avellaneda contra, lo que denominan, «la clínica del horror». «Lo que le pasó a mi hijo es algo que no se entiende, no sé cómo reaccionar», le contó conmovida a este portal Antonela Abalos de 24 años. «Con las denuncias que hay, la Justicia tiene que ver esto», agregó.

LA «CLAUSURA»
La Clínica de Nuestra Señora de la Dulce Espera tuvo cerrado el libro de internación por infracciones edilicias que se registraron durante una inspección que realizaron miembros de la Subsecretaría de Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires.

Así le señaló a TN.com.ar la doctora a cargo del organismo, Silvia Caballero: “Encontramos irregularidades que no eran graves, pero decidimos que no podían entrar más pacientes hasta que hayan subsanados con obras lo que habíamos marcado”. Y detalló que las falencias que se registraron en la “la fiscalización” fueron “techos y paredes revestidas de madera” que podían ser peligrosas en caso de un supuesto incendio.

Esta medida gubernamental, que arrancó en el mes de mayo y que terminó en julio cuando se volvió a habilitar el ingreso de pacientes al centro de atención, coincide con el período en el que fue atendido en ese lugar Noah. Su primera entrada a la clínica fue el 18 de mayo, según le había contado su mamá a este portal. El traslado al Hospital Español fue recién el 10 de junio, el mismo día que murió.

¿QUÉ RESPONDIÓ LA CLÍNICA?

 

RESPUESTA. Este es el comunicado que emitieron los directivos.
RESPUESTA. Este es el comunicado que emitieron los directivos.

tn.com.ar

Escrache y denuncias de mala praxis contra una maternidad

Por la muerte de un bebé de 3 meses, familiares de pacientes piden el cierre de la clínica. Y dicen que hay más casos. El Concejo Deliberante y el Ministerio de Salud intervinieron en el escándalo.

Familiares de más de 100 paciente de una clínica privada materno infantil de Avellaneda se movilizaron ayer para denunciar muertes por mala praxis y reclamar el cierre del centro de salud. Con carteles y pintadas, aseguraron que “decenas de bebés” murieron allí en los últimos meses, la mayoría por infecciones intrahospitalarias. Las autoridades de la clínica dijeron que están siendo “utilizados políticamente”, y el Ministerio de Salud bonaerense informó que la habilitación del lugar “era correcta” y que la Justicia debe “probar y resolver” las denuncias.

La muerte de Noah, un bebé de 3 meses que no sobrevivió a una severa infección (ver El caso …), desencadenó una ola de denuncias que parece no tener fin. Santino, Alayla, Ramiro, Lucas, Micaela y Benjamín son algunos de los bebés que, según denuncian sus padres, perdieron la vida en neonatología de la clínica de Nuestra Señora de la Dulce Espera, en Sarandí.

Ayer familiares de todos ellos se reunieron en la puerta para esperar alguna explicación, pero nadie salió a hablar. Sólo repartieron un comunicado firmado por la dirección médica. “La institución es víctima de una difamación totalmente injustificada, siendo utilizados para un fin puramente político”, sostiene. “Consideramos que el reclamo debe realizarse por la vía judicial que corresponde y nos ponemos al servicio de la ley para que sean ellos quienes dictaminen”, agrega.

Las denuncias vienen de lejos. El 8 de agosto el Concejo Deliberante de Avellaneda había aprobado por unanimidad una resolución en la que le pedía informes sobre la situación de la clínica a la Provincia y al Municipio, pero no obtuvo respuesta.

Verónica Juárez, concejal por el Frente para la Victoria, aseguró que los padres sólo buscan justicia y que no se trata de una difamación con fines políticos. “ Hay seis denuncias formales presentadas contra esta clínica, y sabemos que hay muchos casos que no fueron denunciados. Lo que nos llama la atención es que este centro de salud tienen la mayor tasa de mortalidad en el distrito”.

En el comunicado, las autoridades de la clínica aseguraron que la “estadística de mortalidad neonatal es de 4,86 por mil, siendo esto realmente bajo”. Agregaron que entienden “profundamente el sentimiento de dolor” por la muerte de un hijo, pero que no comparten “la manera de reclamar”.

Los padres de Micaela González contaron que su hija, que nació en octubre del año pasado, tenía un problema en el intestino y hubo que adelantar un mes el parto para que pueda ser operada. “Nos dijeron que por haber nacido antes de tiempo tenía bajo peso, que había que alimentarla y nada más. Pero sufría una dolencia en el riñón, y recién la trataron dos días antes de que muera ”, dijeron. A su lado, la hermana de Alayla cuenta que su a su madre le hicieron una cesárea para tener a la beba, pero que a los tres días se la entregaron muerta sin mayores explicaciones.

Silvia Caballero, subsecretaria de Control Sanitario del Ministerio de Salud bonaerense, le explicó a Clarín: “Nosotros controlamos que funcione el edificio, que haya personal capacitado para todas las áreas y que tengan el equipamiento apropiado.

Si existen casos de mala praxis debe actuar la Justicia ”. También dijo que “se hicieron controles en mayo, julio y agosto”, y que la clínica está habilitada. De todos modos, el lunes a las 16 el ministro Alejandro Collia recibirá a los familiares en La Plata.

Informe: Mariano Gavira

Fuente: Clarín

Fuerte protesta contra los despidos en la Cancillería por denuncias de acoso laboral

reclamoPasado el mediodía de ayer, la tranquilidad habitual del edificio anexo del Ministerio de Relaciones Exteriores fue alterada. Cientos de trabajadores afiliados a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) invadieron el hall con bombos y cubrieron el piso con papelitos y denunciaron el despido de nueve empleados , a través de telegramas enviados el 28 de diciembre.

«No es de peronista dejar a madres de familia en la calle en Navidad», dijo ayer Arturo Fanucci, delegado de UPCN. Con un fuerte discurso contra la gestión del canciller Héctor Timerman, el representante del gremio que dirige Andrés Rodríguez (enrolado en la CGT oficialista) anunció un plan de lucha y advirtió a las autoridades del ministerio: «Esto es sólo el comienzo del conflicto, porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias». Y agregó: «El resultado de esta lucha va a definir las relaciones laborales de aquí al final de esta gestión, que puede ser en dos años o en seis meses».

Los despedidos, que siguieron con lágrimas las palabras del delegado de UPCN, recibieron el apoyo y el consuelo de sus compañeros.

El plan de lucha anunciado ayer incluirá el reparto de panfletos en oficinas, envío de cartas para explicar la situación a representaciones extranjeras en la Argentina y una carpa frente al Palacio San Martín. Estas medidas, indicó Fanucci, continuarán «hasta que los compañeros sean reincorporados».

Entre los cesanteados hay personas que habían denunciado acoso laboral. Una práctica que, afirmaron, es parte de una «persecución ideológica» de La Cámpora y personas cercanas al ministro de Economía, Axel Kicillof.

Entre las situaciones denunciadas hubo desplazamiento de funciones y reducciones salariales de hasta el 20 por ciento. Los afectados creen que se buscaba forzar su renuncia por no «estar encolumnados con el Gobierno».

Todos los despedidos tienen nueve o más años de trabajo en la Cancillería, pero con contratos anuales. Por esta razón, la decisión del despido se ejecutó con un telegrama en el que se les indicaba que su contrato no sería renovado.

La movilización sindical de ayer contó con la adhesión de delegados de ATE, el sindicato de trabajadores del Estado que depende de la CTA opositora de Pablo Micheli. Desde el estrado, Fanucci pidió dejar de lado la interna sindical para emprender acciones conjuntas. La delegada de ATE en el ministerio, Eva Farji, dijo a LA NACION que plantearon a UPCN una declaración conjunta y lanzaron un plan de lucha propio. Desde su perspectiva, «la base de la violencia laboral es la precariedad, porque deja a los trabajadores sin derechos que los protejan».

UNA » VENDETTA»

Sin entrar en detalles, Fanucci dijo que los despidos fueron motivados por «capricho y encono personal, porque acá hay vendetta y pases de factura».

En el caso de las personas cesanteadas en el área económica de la Cancillería, hay una lectura clara sobre lo ocurrido: «La decisión fue impulsada por Verónica Ferraris [secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional], quien despidió a personas con las mejores calificaciones tras proteger a su marido, que fue sumariado por expresiones racistas y acoso laboral». Hacían referencia a la trama de protección que favoreció a su esposo, Héctor Hugo Merlo, y mostró un ejemplar de LA NACION del 13 de septiembre pasado. A raíz de estas revelaciones, Merlo debió renunciar, por lo que algunos cesanteados entrevén «una venganza».

Según el testimonio de varios empleados, las situaciones de acoso laboral en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales ocurren desde que la dirección quedó a cargo de allegados a Kicillof. En la secretaría se sucedieron Cecilia Nahón, actual embajadora en Estados Unidos; Augusto Costa, el reemplazante de Guillermo Moreno en Comercio Interior, y el actual titular, Carlos Bianco. Todos ellos responden al ministro de Economía.

Durante sus gestiones hubo denuncias sobre acoso laboral que, indican los damnificados, «no podrían ocurrir sin el apoyo del canciller Timerman». La presunta persecución y acoso laboral de empleados en la Cancillería ya motivó una denuncia penal, impulsada por la diputada Elisa Carrió…

Fuente: LA Nación

Un caballo sometido a enormes esfuerzos se desploma y muere

Una imagen que nos llenó de tristeza e impotencia a los vecinos de Parque Patricios.

 

ESTE HORROR OCURRIO HOY ALREDEDOR DE LAS 16 HS EN LA ESQUINA DE LA PLAZA NICARAGUA UBICADA EN LOS PATOS Y PEPIRI, PARQUE PATRICIOS, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. QUE DICE LA LEY CON RESPECTO A LA TRACCION A SANGRE? ESTE ESPANTO YA LO VIMOS OTRAS VECES. POR QUE LE CUESTA TANTO A LAS AUTORIDADES Y A LA POLICIA HACER QUE SE CUMPLA CON LA LEY?. SI NO SE HACE ALGO, SEGUIREMOS VIENDO COMO PERSONAS INESCRUPULOSAS CONTINUAN CON ESTE MALTRATO A LOS CABALLOS.

Denuncias: caballos maltratados en Parque Patricios y resto del País, quién debería ocuparse del maltrato a los animales?
Tn.com.ar

Báez compró otras diez estancias cerca de la ruta 40 en Santa Cruz

Por Lucía Salinas

Están en zonas de explotación minera. Se suman a las que adquirió en el río donde se construirán dos represas.

Lázaro Báez continúa en el centro de las denuncias, su expansión a través de la compra de estancias en Santa Cruz, será objeto de una nueva presentación ante la Justicia Federal de Río Gallegos. Según el relevamiento actualizado de estancias propiedad del empresario bajo titularidad de diferentes empresas, el ARI-CC denunció que en los últimos meses, e l número de estancias en manos de Báez supera las 20 representando ello la adquisición de 200.000 hectáreas más en pocos meses.

Hace unos años Lázaro Báez compró 200.000 hectáreas, pagadas al contado, según detalló Mariana Zuvic a Clarín, por una suma de 28 millones de dólares en el lapso de seis meses.

Ahora habría comprado diez más, “incluso la última la colocó a nombre de Leandro Báez (el menor de los hijos del empresario)”, explicó. La estancia e cuestión es la denominada “La Paloma” escriturada en febrero de este año.

Para el negocio destinado a la compra y administración de estancias, en el año 2007 Báez creó Austral Agro S.A dedicada a la “explotación de actividades agrícolas y ganaderas”, según detalla su objeto social. A nombre de dicha empresa, se colocaron más de 10 estancias compradas en cercanías a la localidad de El Calafate, donde cuenta con su propia estancia y que serán inundadas para la construcción de las Represas sobre el río Santa Cruz, razón por la que el empresario será indemnizado al valor del costo fiscal de las cerca de 182 mil hectáreas adquiridas.

Austral Construcciones, Austral Agro y Valle Hermoso, son las tres empresas bajo las cuales se han realizado las escrituras de l as nuevas estancias, según denuncia del ARI. Otras estancias, se colocaron bajo un poder general “en el que figura el ex contador de Báez, Fernando Butti, ampliado para tercero donde figura Lázaro”, detallaron desde la fuerza política.

La ubicación al igual que el primer conjunto de estancias adquiridas, resulta estratégica. Mientras las 200.000 hectáreas iniciales están situadas cercanas al Río Santa Cruz, las que son parte de esta segunda compra se encuentran entre la Ruta Nacional 40 y la Cordillera de los Andes. La Estancia Cerro Pampa, por ejemplo, tiene cercanía con el Lago Pueyrredón, se estima que su extensión es de unas 30 mil hectáreas. “Esta estancia tiene una gran ventaja, tiene en su interior el lago Asador de 3 kilómetros de ancho por 10 de largo”, relató Mariana Zuvic, referente del ARI Santa Cruz.

El resto de las estancias: La Irma, Laguna, los Cisnes, La Irenita, La Paloma, Los Gurises, Rio Ol Nie, Manantial Alto y Cerro Pampa, tienen la particularidad de estar en una zona de riquezas minerales, pertenecientes a lo que se conoce como el Macizo del Deseado donde se realiza la mayor cantidad de actividad minera de explotación de oro y plata en Santa Cruz.

Ampliando los negocios, en una de las estancias ubicadas al sur del Río Gallegos, Báez sembró agropiro (pasto utilizado para alimentar vacas), donde tenía también en sus planes, el objetivo de sembrar soja, informaron trabajadores de la zona. En el 2009 Báez fue denunciado por la fuerza política por la adquisición de estancias por la suma cercana a los U$S 37 millones, “las tierras adquiridas fueron en muy poco tiempo y en el Registro Público de la Propiedad figura compradas en efectivo y en dólares”, explicó Zuvic. Este conjunto de estancias cercanas a El Calafate tienen borrados los pasos de servidumbre.

Fuente: http://www.clarin.com/politica/

Quién es quién: los seis protagonistas de las denuncias y sus vínculos con los Kirchner

La investigación periodística en torno a la ruta del dinero K tiene, al menos hasta ahora, seis protagonistas principales, de los cuáles por lo menos cuatro conocieron personalmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner o al ex presidente Néstor Kirchner y/o tuvieron algún vínculo comercial con la familia presidencial.

Los siguientes son los seis mencionados en la investigación de PPT, que ayer sumó nuevas pruebas tanto sobre los vínculos del empresario con el ex presidente como sobre la operatoria que supuestamente se utilizó para lavar dinero.

Lázaro Báez

Es el principal señalado en la investigación que hizo pública el programa Periodismo para Todos (PPT), de Jorge Lanata; a pertenecería el dinero que supuestamente se depositaba en cuentas de bancos suizos a través de empresas radicadas en paraísos fiscales como Belice y Panamá. Él mismo reconoce una íntima amistad con el fallecido Néstor Kirchner y es público que se encargó de la construcción del mausoleo en el que descansan los restos del ex presidente en el cementerio de Río Gallegos. Ayer, PPT mostró documentos que prueban que, además de su relación personal, Báez y los Kirchner compartían intereses comerciales. Una oficina que depende de la procuradora Aljenadra Gils Carbó lo sacó del expediente, al menos en una primera instancia, pese a que su nombre figura en la carátula de la causa. Con un comunicado que leyó ante la prensa, negó todas las acusaciones.

Martín Báez

Es uno de los tres hijos del empresario, con participación y firma en las empresas de su padre. Uno de los documentos exhibidos en televisión lo muestra al frente de Teegan INC, una empresa creada en Belice pero con sede en Panamá y una cuenta en el banco suizo Lombar Odier en la que se depositaron un millón y medio de dólares; esa cuenta fue cerrada por el propio banco, que sospechó de los movimientos. Martín es presidente del club Boca Juniors de Río Gallegos, posición desde la cuál compartió un acto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Él mismo confirmó la relación con Fariña.

Daniel Pérez Gadín

Según la denuncia periodística, fue el último nexo de Báez con la financiera SGI de Puerto Madero y el encargado de realizar allí una virtual intervención y luego comprarla. Economista, es señalado como «contador de Báez». En su currículum destaca sus trabajos como consultor y menciona una lista de clientes entre los que figuran Epsur y Austral Construcciones (de Lázaro Báez), y el Hotel Alto Calafate, de la familia Kirchner.

Leonardo Fariña

En una cámara oculta cuyo contenido él intentó desmentir con el extraño argumento de que sabía que lo estaban grabando y entonces había decidido autoimplicarse en una serie de graves delitos y denuncias para después poder limpiar su imagen, él mismo se colocó en el rol de «valijero» de una trama de lavado que comenzaba en Santa Cruz, pasaba por Buenos Aires y Uruguay y recalaba en algún paraíso fiscal antes de terminar en Suiza. Se considera un experto en finanzas, solía hacer ostentación de autos caros y gastos exorbitantes, está casado (y ahora separado) de la modelo Karina Jelinek y, según él mismo, conocía bien a Lázaro Báez y compartió por lo menos un asado y algún partido de fútbol con el ex presidente Néstor Kirchner.

Federico Elaskar

Es el financista que habló frente a cámara en el programa en el que Lanata reveló la investigación. Se autoincriminó, habló de las tareas que realizaba Fariña supuestamente para Lázaro Báez y dijo que vendió su financiera SGI (conocida como «La Rosadita» y allanada en el marco de la causa), instalada en el edificio Madero Center, bajo amenaza de muerte. Mencionó también a Pérez Gadín como representante de Báez y a Fabián Rossi como el encargado de esas operaciones en Panamá. Como Fariña, también intentó desdecirse. Según sus declaraciones, no conocía a Lázaro ni a Kirchner, aunque sí se habría reunido con Martín Báez.

Fabián Rossi

Es el marido de Iliana Calabró; frente a cámaras, él siempre dijo que se dedica a brindar asesoría en marketing, pero según las declaraciones de Fariña y Elaskar era el encargado de las operaciones de SGI en Panamá. En declaraciones a PPT, Jorge Arguindegui, ex embajador argentino en ese país centroamericano, calificó el trabajo de Rossi como «marketing financiero». Por lo menos según las denuncias conocidas hasta ahora, no tenía relación directa con Báez ni ningún vínculo con los Kirchner. También negó las imputaciones en su contra.

Clarin.com

Justicia Federal investiga denuncias por supuesto robo y corrupicón en la Base Naval de Ushuaia

El juez federal de Tierra del Fuego Federico Calvete comenzó a investigar un robo de dinero de la Base Naval de Ushuaia, que se sumó a otra causa del mismo magistrado a raíz de una denuncia por el supuesto pago de mercaderías que nunca ingresaron a ese establecimiento militar.

El robo se produjo el fin de semana último en las oficinas de Tesorería de la Base, donde se hallaba una caja fuerte, y el monto no había sido establecido aún, informaron medios locales.

Fuentes vinculadas con la causa dijeron que tanto la oficina como la caja fuerte fueron abiertas con sus llaves.

La denuncia fue presentada ante la Policía Federal por el subjefe de la Base Naval de Ushuaia, capitán de navío Luis Martín Osinalde.

También trascendió que el responsable del hurto conocía el lugar, dado que tuvo que sortear todos los controles perimetrales e internos de la Base.

Las dos personas que tenían en su poder llaves de la Tesorería fueron identificadas para ser investigadas por el juez.

Sobre el monto sustraído, se informó que ni los propios funcionarios militares habían podido precisarlo a la Policía, aunque algunos estimaron que sería una cifra casi millonaria y otros que en la caja «no había más de quince mil pesos».

Esta nueva causa podría tener vinculación con una denuncia anterior sobre pagos de mercadería que no ingresaban a la Base.

Esta última denuncia fue realizada ante la Justicia por el capitán de fragata Alejandro Araujo, quien se desempeñó en la intendencia del establecimiento naval fueguino a partir del 15 de febrero de 2010.

Araujo dio detalles sobre un supuesto sistema de corrupción interna, que habría consistido en «recepciones virtuales» de mercadería que no ingresaba efectivamente a la institución, pero que supuestamente era facturada y cobrada por distintas empresas proveedoras.

El denunciante identificó a diez militares, entre los que se encuentran un capitán de navío, cuatro capitanes de fragata, un capitán de corbeta, dos tenientes de navío y dos suboficiales, además de los representantes de dos conocidos comercios de la ciudad de Ushuaia. Según manifestó en la denuncia, parte del dinero habría vuelto en forma de «retorno» y presuntamente se distribuía a oficiales superiores como una cuota mensual.

El denunciante aseguró que a poco de ingresar a su cargo como intendente de la Base, un superior le habría dicho que debía «adecuarse» al «procedimiento de trabajo» en la administración de la institución.

Entonces, agregó, cuando preguntó a otras personas del área a qué se referían, le habrían informado que debía realizar una «contribución mensual».

Además, de esa supuesta «mensualidad», según dijo, fue instado a dar por recibida mercadería de distintas órdenes de compra, aunque no ingresaran a la institución.

Esta causa investigada desde hace meses por el juez Calvete, aún no tenía avances importantes, ya que no se habían ordenado allanamientos ni otras acciones tendientes a la recolección de pruebas.

Fuente: Diario Hoy

Más denuncias por maltratos a nenes en el jardín del horror

Una mujer acusó a las docentes de «La hormiguita viajera» de amordazar, tirar de los pelos y golpear a sus dos hijos de 2 y 5 años.
La madre de otro nene que asistía al jardín maternal de Comodoro Rivadavia «La hormiguita viajera», donde un bebé de nueve meses fue amordazado y atado en una silla, presentó una nueva denuncia ya que sus dos hijos también habrían sufrido maltratos.
La mujer expresó que sus dos hijos, uno de cinco y otro de dos y medio, fueron amordazados, tironeados de los pelos y golpeados.
«Fueron agredidos y amenazados de tal forma que la criatura de cinco años no se animaba a decirme todo esto. Se animó a contarlo y me dijo que de eso no se hablaba», contó la mujer a ADN Sur. «En los últimos cuatro meses empezó a estar muy agresivo en el jardín al que concurre en el turno tarde; muy temeroso en cuanto uno se acercaba porque tenía miedo de que uno le pegue», agregó.
La madre también relató que su hijo mayor se hacía pis encima y tenía la cara paspada y los labios lastimados. «Antes pensábamos que era por el frío pero ahora creemos que era por la cinta», indicó.
«Al más chico, que todavía no habla, uno le pregunta si le pegaron y te da una cachetada», manifestó la madre que realizó la nueva denuncia.
El jardín maternal fue cerrado y «todo el personal» despedido por la dueña de la guardería, quien además denunció haber recibido «amenazas».
minutouno.com

En los últimos dos años las denuncias por violencia de género crecieron 40%

Así lo informó ayer la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia. El maltrato psicológico es lo más denunciado. Y la mayoría de los agresores son las ex parejas.

Hay más golpeadores o más mujeres que se animan a denunciar? La pregunta es inevitable cada vez que se conoce una nueva estadística. Porque aunque la respuesta sigue incierta lo que se repite es el aumento. Las denuncias crecen. Las muertes también. Ayer, la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia difundió su último informe: en dos años, las denuncias aumentaron 43 por ciento.

Sólo en febrero de 2010, los casos que recibió la OVD fueron 527. Dos años más tarde, 753.

Son 25 denuncias por día sólo en el área metropolitana.

Desde que en septiembre de 2008, la Corte decidió que la violencia de género era tan grave como para merecer una oficina propia, prácticamente no hubo cambios sobre la forma en que ocurren los maltratos: las agresiones psicológicas (96 % de los casos) son más que las físicas (74 %). La mayoría se producen dentro de la pareja, y sobre todo con los concubinos (23 % y 19% para los casados). Lo que sí varía año a año, mes a mes, es el número de denunciantes.

Cada año, la OVD recibe unos 7.000 casos. Una cantidad similar atiende la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo que depende del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Lo que ocurre en el resto del país es un misterio que se adivina cuando las muertes ya ocurrieron . No hay estadísticas oficiales a nivel nacional. Así, el único registro es el que confecciona el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”. Pero sus datos reflejan el costado más cruel: el año pasado, 282 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujer. En la mayoría de los casos, sus parejas fueron los asesinos.

Fabiana Tuñez, del Observatorio, sostiene que “la violencia es un círculo que siempre comienza con la violencia psicológica, por eso es importante que las mujeres puedan hacer la denuncia en esta primera etapa. Pero esto no es lo que sucede en el interior del país”.

En el círculo de violencia, los chicos también caen. Según la OVD, de todos los casos denunciados, 29 por ciento de las víctimas fueron niños . La ruptura de la pareja, no termina alejando al agresor: El 35 por ciento de los casos, corresponde a mujeres que denunciaron a su ex pareja. Y el maltrato económico y el sexual también componen las agresiones. Todas estas razones explican por qué, para el máximo tribunal una alta proporción de las víctimas se encuentra hoy en “alto y altísimo riesgo”.

Fuente: Clarín

Aumentan 90 por ciento denuncias de consumidores bonaerenses

Las denuncias y reclamos a la línea gratuita 0800-222-9042 de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires crecieron el 90% en los últimos cuatro años y superaron los 150 mil llamados, se informó oficialmente.

De acuerdo con un informe del Ministerio de la Producción, el ranking de llamados lo encabezaron en todos los años los servicios de comunicaciones (Internet, TV cable, telefonía fija y celular), que acumularon un crecimiento del 30 por ciento entre 2007 y 2011.

Según indicó el titular de la cartera bonaerense, Martín Ferré, “este crecimiento que se ha dado no solo explica el incremento del consumo por parte de los habitantes de la Provincia, sino que demuestra que la gente está tomando conciencia de la importancia de defender sus derechos como consumidores».

«Lo mismo ocurre con los empresarios que han apoyado plenamente la medida de colocar nuestro teléfono de atención al Consumidor en sus tickets y facturas para facilitar las relaciones de consumo», destacó Ferré.

El informe de la Dirección Provincial de Comercio, que depende del Ministerio de la Producción, precisó que entre 2007 y 2011 se efectuaron 150.448 llamados a la línea gratuita de Defensa del Consumidor.

Con 38.594 llamados, los servicios de comunicación lideraron entre 2007 y 2011 los reclamos y denuncias y constituyeron el 32% del total; seguido por el comercio minorista con el 14% y las tarjetas de crédito con el 7%.

En materia de comunicaciones, la telefonía móvil se mantuvo al tope con 14.826 llamados (12% del total de llamados).

Cambios de planes sin consulta, problemas con los aparatos o el chip y deficiencias en la prestación del servicio fueron los principales reclamos.

Le siguen en este sector la telefonía fija (con 12.066 llamados) por problemas vinculados con cortes del servicio, problemas de facturación y transferencia de líneas a otras personas sin previo aviso; televisión por cable (6.926) con inconvenientes con el aumento del servicio, bajas y cobros indebidos y prestación defectuosa e Internet (4766) por incumplimiento de las promociones, mala información al contratar, mal funcionamiento y dificultades para dar la baja.

En materia de reclamos y consultas también mantuvo su nivel de crecimiento constante el sector de los electrodomésticos, muebles y cuestiones vinculadas con el comercio minorista.

De unos 3.300 llamados en 2007 pasaron a 5.300 en lo que va del año y se mantuvieron también constantes los motivos de los reclamos como entrega de bienes defectuosos, no otorgamiento del producto y problemas con las garantías.

Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito, uno de los sectores de mayor crecimiento en estos cuatro años, con problemas para dar de baja el plástico; no emisión del resumen, con el agravante de que el cliente terminó pagando con intereses; recepción de tarjetas que nunca fueron solicitadas y cobros indebidos.
Fuente: diariohoy.net

URUGUAY: DENUNCIARAN A EX COMISARIOS POR TORURAS DURANTE LA DICTADURA

Montevideo, 13 de septiembre (Télam).- Cuarenta ex militantes de la Unión de la Juventud Comunista (UJC) de Uruguay anunciaron que denunciarán a 12 ex comisarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por torturas cometidas durante la última dictadura. La acusación corresponderá a personas recluidas en el Departamento 5 de la DNI durante el régimen de facto, informó el diario Ultimas Noticias, citado por la agencia Prensa Latina. Los denunciantes estuvieron detenidos desde 1972 a 1984 en esa dependencia del Ministerio del Interior, mientras eran estudiantes universitarios. El abogado de los denunciantes, Pablo Chargoñia, reveló que este mes se presentarán las imputaciones ante el Juzgado Penal de turno, que ahora están en una instancia preparatoria. «Las pruebas que se aportarán básicamente son testimonios. Es el tipo de prueba más relevante en todos los casos vinculados a los derechos humanos», agregó el jurista, que afirmó que se pedirá al Ministerio del Interior incorporar al expediente registros, documentos, fichajes o archivos de la época. En cuanto a los delitos cometidos en 1972, aunque aún no había comenzado la dictadura (1973-1985), igual se pueden considerar como violaciones de los derechos humanos, señaló el diario Ultimas Noticias. Otro informe de la prensa local reveló hoy que el juez Luis Telesca, del departamento uruguayo de Flores, dispuso desarchivar un expediente por causas relacionadas con la presunta violación a los DDHH en esa región durante la dictadura. En el expediente consta una denuncia de la Federación Médica del Interior de 1986, y se involucra al médico Nelson Fornos Vera, quien aún ejerce la profesión en el Grupo de Artillería 2 de Trinidad.

Una camioneta recibe denuncias de los vecinos por obras truchas

Los antecedentes cercanos de derrumbes de obras y de construcciones con faltas de habilitación, sumado al temor que expresaron vecinos en varias oportunidades, hizo que desde la Agencia Gubernamental de Control (AGC) se elaborara un plan de regulación mucho más tangible, al alcance de la gente. Una camioneta recorre todas las Comunas de la Ciudad y recibe las denuncias y las preocupaciones de los vecinos. Y al parecer, por ahora la iniciativa surte efecto. En los primeros tres meses de su implementación, hubo 83 denuncias y posteriormente se clausuraron 16 obras. También se labraron 30 multas.

El mecanismo de queja o la posibilidad de conseguir información sobre las medidas de seguridad de una construcción en especial es sencillo. Esta vez no hace falta sacar fotos y anotar datos para luego enviar todo por correo electrónico, contaron desde la AGC. Un móvil de control -una camioneta amarilla con los datos de la Agencia- recorre las Comunas y se queda durante varios días, aunque siempre va cambiando de calles. En el móvil hay inspectores y gente que recibe las denuncias de los vecinos. Por el momento, la camioneta ya pasó por las Comunas 5, 6, 12, 14 y 15.

“Apenas informan sobre irregularidades o nos trasladan algún miedo puntual, el inspector se dirige hacia el lugar o, en su defecto, lo hace al día siguiente”, explicaron desde el organismo. En algunos casos, por la magnitud de la infracción, se clausura el lugar; en otros, se labra una multa económica.

¿Cuáles son las principales denuncias? Falta de cartel de permiso de obra, falta de pantalla protectora a los costados para contener la posible caída de materiales, volquetes en la vía publica y veredas intransitables, con roturas y materiales desparramados.

Fuente: La Razón

Inspeccionan el Borda por las denuncias

Legisladores porteños y representantes gremiales recorrerán, hoy a las 12, las instalaciones del Hospital de Salud Mental tras las acusaciones públicas en contra de la administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la “falta de suministros básicos como agua, luz y gas”, y la situación de los 700 internos.

El diputado Dante Gullo, junto a legisladores porteños y representantes gremiales, recorrerán hoy al mediodía el Hospital Borda, ante las denuncias que se hicieron públicas sobre el abandono del centro asistencial.

Según se informó en un comunicado, el recorrido está previsto para hoy jueves, a las 12, en el hospital ubicado en Ramón Carrillo 375, del barrio porteño de Barracas. Allí, los dirigentes tomarán contacto con los trabajadores, quienes vienen denunciando reiteradamente que la administración del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, intenta cerrar el Borda.

Gullo presentó el martes un proyecto de resolución para que el gobierno de la ciudad informe sobre la “falta de suministros básicos como agua, luz y gas” y sobre la situación de desamparo de 700 pacientes.

Fuente: El Argentino

Se hicieron 5.500 multas por denuncias de vecinos

A través del programa «Vecino Denuncia», la gente puede enviar mails con fotos de vehículos en falta. Estacionar en veredas es la infracción más frecuente, seguida por quienes dejan el auto en ochava.

A siete meses de la apertura de «Vecino Denuncia», el sistema que permite a cualquier persona denunciar vía mail una infracción de tránsito, ya se hicieron 5.533 multas. Según las estadísticas, se reciben por día cerca de 200 correos.

Los datos del Cuerpo de Tránsito de la Ciudad, área encargada de este método de fotomultas manejado por los vecinos, son contundentes: hasta iniciado febrero -fecha del último relevamiento- se recibieron 9.948 denuncias en total, de las cuales terminaron con acta 5.533.

El estacionamiento de vehículos particulares en las veredas es la infracción más frecuente, seguida por quiene s deja n el coche en ochava y en lugares donde está prohibido por garaje. También se puede denunciar a aquellos que estacionan de la mano izquierda, obstruyen rampas para discapacitados y paran en doble fila.

El método para dar aviso es bastante sencillo. Se debe tomar una foto donde se vea la patente del vehículo y enviar un correo a denunciavial@buenosaires.gob.

ar. Hay que indicar el lugar y dirección donde se cometió la infracción, fecha y hora, y datos del denunciante: nombre y apellido, DNI y domicilio. Una aclaración importante: la persona multada jamás se entera que el denunciante fue un particular. Una vez enviado el mail, un grupo de seis agentes lo analiza y verifica que todos los datos obligatorios estén completos. Luego labra un acta de comprobación y lo envía, junto con la foto correspondiente, al controlador de faltas para su tratamiento.

«Consideramos que el sistema funciona cada vez mejor. Al principio llegaban entre 30 y 40 mails por día y varios de ellos con cualquier cosa. Hoy estamos hablando de cerca de 200.

Vemos que hay un compromiso fuerte de los vecinos», explicaron desde el Cuerpo de Tránsito. Y aclararon que «el sistema no es para que el vecino nos reemplace. Es un complemento y tiene que ver con la convivencia». Una aclaración pertinente teniendo en cuenta que el sistema recibió críticas en un primer momento. El proyecto, dijeron desde el área, se articula con los controles que realizan los agentes en las esquinas más críticas de la vía pública porteña.

Según los datos del relevamiento, los vecinos que más fotomultas hicieron residen en Núñez (957). Un escalón más abajo v ienen los de Palermo (803), Belgrano (473), Boedo (291) y Caballito (245). En tanto, el 86 por ciento de quienes enviaron mails son hombres.

Fuente: La Razón