Según datos de la fiscalía especializada en Delitos Informáticos, desde noviembre de 2012 hasta la fecha se recibieron 1.421 denuncias de las cuales hoy se están investigando 745. También se recibieron varias denuncias por ciber acoso, entre ellas, la de un mayor de edad que contactaba a una menor de 12 años.
Los casos de pornografía infantil representan el 84% de los delitos informáticos que más se denuncian en la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la fiscalía especializada en Delitos Informáticos.
Desde noviembre de 2012 hasta la fecha, según datos aportados a la agencia Noticias Argentinas por la fiscalía, se recibieron 1.421 denuncias de las cuales hoy se están investigando 745.
Del total de las investigaciones en curso, el 84 % corresponde al delito de pornografía infantil, que es el delito que más se denuncia; mientras que el 6 % son denuncias por daños informáticos y el resto se divide entre acceso ilegítimo a un sistema informático (2%), acceso indebido a una comunicación electrónica (3%), hostigamiento (3%), amenazas (1%), y grooming (1 %).
Esta semana se conoció que la fiscal Daniela Dupuy mandó a allanar tres domicilios en el marco de una investigación que trata de establecer si existe una red de pedofilia que acosa a menores de edad a través de Facebook y les envía material pornográfico o si se trata de la misma persona que utiliza diferentes usuarios para realizar la maniobra.
Dupuy contó que durante los allanamientos que se realizaron el último miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Isidro, se secuestraron varias computadoras y discos rígidos que están siendo analizados para poder determinar si hay más víctimas involucradas.
Uno de los domicilios allanados es un departamento en el que vive el encargado de un edificio ubicado en avenida Callao al 700 en Barrio Norte y en donde también se allanó el sótano en busca de elementos de prueba.
El encargado del edificio está sospechado de crear perfiles falsos en Facebook para acosar a los menores y enviarles material pornográfico.
Los otros dos allanamientos se realizaron en el partido San Isidro y los investigadores establecieron que operaban con la misma modalidad y desde Facebook les habrían enviado a los menores material pornográfico, películas y fotos.
De este tipo son los delitos que investiga la fiscalía que se creó como prueba piloto en noviembre de 2012 y que en 2013 a través de la Resolución FG N° 443/13 se aprobó como definitiva.
Es la primera fiscalía en el país que trabaja con delitos informáticos que por su complejidad y su dificultad en la individualización de los autores merece un tratamiento diferente a cualquier causa penal.
Un caso que fue llevado a juicio es el de una persona que en junio pasado fue condenado a pagar una multa porque se corroboró que permitió a un menor el acceso a material de contenido pornográfico en las computadoras de un ciber.
Otro de los casos que recibió condena fue una denuncia por hostigamiento porque se corroboró que el imputado hostigaba a la víctima a través del envío de gran cantidad de correos electrónicos con insinuaciones sexuales explícitas y mensajes de texto del mismo tenor.
Luego de intimarlo por los hechos investigados, la fiscalía acordó con el imputado la suspensión del proceso a prueba por el plazo de cuatro meses, debiendo cumplir con algunos requisitos y reglas de conducta, como fijar el domicilio de residencia y comunicar a la fiscalía el cambio de ésta; cumplir con las citaciones o requerimientos; abstenerse de mantener todo tipo de contacto con la víctima y realizar cinco jornadas de cuatro horas de tareas comunitarias.
Para la fiscal Dupuy esos delitos son complicados de investigar, porque es difícil individualizar a los autores y
recolectar la evidencia digital.
«Podemos tener al autor de un delito en un lugar, el efecto producido en otro, el servidor en otra parte y la víctima en
otro lugar», señaló Dupuy, a la vez que comentó que «para que la causa avance se le toma una declaración profunda al denunciante para saber si conoce a la persona que lo amenaza y luego se solicita a la empresa proveedora de servicios la dirección de IP para poder avanzar en la causa».
Uno de los problemas a los que se enfrentan los investigadores en este tipo de denuncias -según explicó la fiscal- es principalmente al de los autores: «Muchas veces las personas cometen los hechos utilizando diversos mecanismos para permanecer en el anonimato y usan una red de internet como la de un ciber y cuando llegamos a allanar el lugar por las direcciones de IP, no podemos relacionar el lugar con los autores».
Uno de los nuevos delitos con los que empezó a trabajar la Fiscalía es el de grooming, cuya Ley 26.904 fue promulgada en diciembre de 2013, a través de la cual se incorporó el artículo 131 al Código Penal, y que prevé una pena de seis meses a cuatro años de prisión.
En los últimos meses, la Fiscalía recibió varias denuncias por ciber acoso, entre ellas, la de un mayor de edad que
contactaba a una menor de 12 años y mantenía conversaciones a través de redes sociales, solicitándole fotografías o imágenes de su cuerpo y partes genitales.
Luego de tres meses, se identificó el lugar desde el cual el imputado desarrollaba la maniobra y se procedió a su registro domiciliario, para luego secuestrarse gran cantidad de elementos informáticos, los que están en etapa de análisis pericial en la actualidad.
online-911.com
Felipe 
Chiara 
ALEJ 
