Polémica tras la liberación de un jefe narco del Bajo Flores por ser buen alumno en la cárcel

jefe narcoSe trata del peruano Marco Estrada González, quien estaba preso desde 2007 por ser el líder de la distribución de droga en la villa 1–11–14. Obtuvo una rebaja de cinco meses en su condena porque terminó el secundario y aprendió mecánica. Está libre desde hace 10 días

Por orden del Tribunal Oral Federal N° 3 de la Capital, Marco Antonio «Marcos» Estrada González (51), condenado tres veces por narcotraficante y señalado como el líder del negocio del paco y la cocaína en la villa del Bajo Flores, fue liberado del penal de Ezeiza hace 10 días y volvió al barrio privado donde vivía antes de ser detenido.

A partir de la ley 26.695, promulgada en agosto de 2011 y que modificó la ley de Ejecución Penal, en el artículo 140 se estableció una escala de reducción de penas a los presos que decidan estudiar en la cárcel. Fue así que sus abogados recurrieron a la norma y solicitaron su salida anticipada. Y gracias a informes positivos del Servicio Penitenciario Federal, Estada González pudo acreditar «logros educativos» y obtener su libertad.

El jefe narco fue detenido en Paraguay el 5 de noviembre de 2007, y le correspondía la libertad condicional recién a partir del próximo 4 de julio. Desde entonces logró que dos megacausas en su contra se resolvieran en juicios abreviados y que se le impusiera una pena única de 10 años de prisión. A mediados de este año se cumplían las tres cuartas partes de su condena, que le garantizaban su libertad y cinco meses antes de lo previsto, salió de la cárcel.

Según publicó Clarín, la Fiscalía se opuso pero decidió no apelar. Las condiciones impuestas por el Tribunal para concederle la libertad fueron fijar domicilio, «abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas», «no cometer nuevos delitos» y presentarse periódicamente ante la Justicia. Estrada aseguró a sus íntimos que su vida anterior «quedó atrás» y que planea abrir un local comercial con su familia.

«Marcos» fue protagonista central de una guerra narco que se cobró la vida de al menos 20 personas para tener el control de la distribución de droga en la Capital. Fue condenado tres veces como narcotraficante. La primera sentencia fue en 2004, cuando le impusieron tres años y medio de prisión. En la misma causa fue también condenado quien era su socio, Alionzo Rutillo Ramos Mariño («Ruti»). Luego de que ambos recuperaran la libertad, la amistad derivó en rivalidad. «Ruti» y «Marcos» comenzaron una sangrienta guerra.

La segunda condena en su contra se originó en una causa iniciada en 2006 en el juzgado de Jorge Ballestero, que ordenó y logró su captura internacional. Su esposa y su suegra también fueron detenidas en la misma causa. Los tres firmaron un primer juicio abreviado (se declararon culpables a cambio de una pena más leve) en 2012.

El juez Sergio Torres descubrió que el matrimonio seguía manejando todo desde prisión y que habían extendido su negocio al «paco». Esa causa derivó en el segundo y último juicio abreviado de «Marcos», en 2013. Sus abogados le aconsejaron firmarlo para salir rápido de la cárcel.

fuente:Infobae

Masacre en el Bajo Flores: cinco muertos en ataque a tiros contra un bar de la villa 1-11-14

Bajo FloresOcurrió en la villa 1-11-14. Las víctimas fueron identificadas como Hugo Herrera, José Daniel López, Amado Benítez Fernández, Miño Altagracia Ferreira y Rodolfo Martínez Jara.

Cinco hombres, tres de ellos de nacionalidad paraguaya, murieron tras ser atacados a tiros en un bar de la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, informaron este lunes fuentes policiales. Las víctimas fueron identificadas por la Policía como Hugo Herrera (43), José Daniel López (21); ambos argentinos; y los paraguayos Amado Benítez Fernández (47), Miño Altagracia Ferreira (50) y Rodolfo Martínez Jara (52).

Según las fuentes, todo comenzó a las 22.30 del jueves pasado, cuando personal de Gendarmería Nacional afectado al Operativo Cinturón Sur fue alertado de unos disparos de arma de fuego frente a la casa 419 de la villa 1-11-14.

Al arribar al lugar, los gendarmes constataron que varias personas habían sido baleadas y trasladadas en autos particulares al Hospital Piñero y Penna, dijeron los informantes.

Según las fuentes, dos de las víctimas mencionadas arribaron muertas al Piñero y las otras tres fallecieron durante la madrugada del viernes.

De acuerdo a los establecido luego por los investigadores, el enfrentamiento a balazos ocurrió cuando el dueño de un bar de la villa se encontraba junto a otro hombre mientras los tres paraguayos bebían una cervezas en el interior del local, donde también había dos mujeres detrás del mostrador.

En esas circunstancias, dos hombres arribaron al lugar y mientras uno de ellos se quedó en la puerta del local el otro se dirigió hasta el mostrador, tras lo cual, ambos comenzaron a disparar contra todos los presentes.

Como consecuencia de los disparos, otros dos hombres y una mujer también resultaron heridos de bala y fueron asistidos en el Penna, añadieron los informantes.

En tanto, los autores de los disparos huyeron del bar tras el tiroteo, al tiempo que los pesquisas creen que el móvil del ataque pudo haber sido una discusión en la que los involucrados estaban alcoholizados.

El hecho es investigado por personal de la comisaría 34 de la Policía Federal y de la Fiscalía de Instrucción de Nueva Pompeya y Parque Patricios.

Fuente: Diario Hoy

Choque múltiple en el Bajo Flores deja 90 heridos

El accidente fue entre un camión, un colectivo y el Premetro. En el lugar, trabajan policías y personal del SAME. Ninguno de los heridos corre riesgo de vida. Un vocero de la Policía informó que «el semáforo estaba funcionando» y que «si hubo imprudencia es parte de las investigaciones»

A dos días de la tragedia de Flores entre dos trenes y un colectivo, se registró esta mañana otro accidente en el Bajon Flores entre un camión, un colectivo y el Premetro.

El director del Servicio Médico Metropolitano de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, informó que «90 heridos» fueron trasladados «a los hospitales Durand, Piñero, Alvarez, Ramos Mejía y Santojanni» por el choque múltiple.

«Hemos evacuado 90 heridos», con «politraumatismos varios», precisó Crescenti al canal TN y agregó que «no tenemos víctimas fatales» por el accidente registrado en el cruce de Zuviría y Lafuente.

El vocero de la Policía Federal Argentina, Fernando Sostre, afirmó que el chofer del Premetro quedó atrapado como consecuencia del impacto, por lo que tuvo que ser asistido por los bomberos para salir del vehículo.

En declaraciones a la prensa, remarcó que «el semáforo estaba funcionando» al momento de la colisión y, sobre la conducta del colectivero que iba por la vía del Premetro, afirmó que «no es conveniente ir por delante de un servicio ferroviario».

No obstante, el policía aclaró que determinar «si hubo imprudencia es parte de las investigaciones» que quedaron a cargo del juzgado de Luis Schlegel.

Fuente: La Razón

Suspenden el desalojo de “La veredita” en el Bajo Flores

Un amparo judicial frenó el operativo que se iba a realizar en la calle Riestra, entre Portela y Lafuente, cuadras que fueron ocupadas en noviembre pasado por más de 240 personas. Esta vez, se habría llegado a un acuerdo y se levantaría la toma, según CN23.

Por un amparo judicial se suspendió esta mañana el desalojo de «La veredita», unas cuadras del Bajo Flores que en noviembre de 2010 fueron ocupadas por 240 personas, que carecen de hogar, en la intersección de las avenidas Riestra y Lafuente.

Según informó esta mañana el canal CN23, en esta oportunidad se habría llegado a un acuerdo con los delegados del grupo que mantiene la toma y las casillas ubicadas sobre la vereda se levantarían entre mañana y el lunes.

Esta vez, la negociación se habría basado en una entrega de subsidios que constaría de 12.000 pesos para las familias, distribuidos en 10 cuotas de 120 pesos, y otro monto menor para los solteros.

De este modo, se dio marcha atrás con el desalojo que había dispuesto la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Claudia Álvaro.

Esta oportunidad es la tercera vez que se aplaza. La anterior orden de desocupación había sido indicada para el 18 de mayo, pero finalmente ese día resolvió posponerla para este jueves 2 de junio.

“Existiendo un pedido formal del Sr. Defensor Oficial y del Sr. Fiscal General Adjunto de prorrogar la medida, accederé a la postergación del desalojo para que esta instancia de mediación se profundice a efectos de arribar a un desalojo pacífico y a la resolución definitiva del conflicto”, explicaba la resolución firmada por la jueza Álvaro.

Fuente: El Argentino

Bajo Flores: ordenan reparación y entrega de viviendas

Se trata de una disposición del juez Luis Armella, designado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2008 para que comande la ejecución del fallo sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo. El magistrado consideró que la orden de desalojo fue cumplida.

El juez federal de Quilmes Luís Armella ordenó la reparación de las viviendas de la zona porteña del bajo Flores, que fueron dañadas durante el desalojo de ocupantes y que se disponga la “inmediata entrega” a los legítimos beneficiarios.

El magistrado, además, consideró que fue “cumplida” ayer la orden de desalojo que había impartido a las policías Metropolitana y Federal. Las unidades donde se practicó el lanzamiento son las delimitadas por las calles Lafuente, Castañares y Portela, de Buenos Aires.

La modalidad había sido acordada en una audiencia ante la Corte Suprema que tuvo lugar el pasado 17 de mayo, que contó con la presencia de representantes del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En su resolución de ayer, el juez decidió “restablecer la efectiva posesión y tenencia de ese predio” al presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Juan José Mussi y al titular del Instituto de la Vivienda, Omar Abboud, para que lleven adelante la entrega.

Antes, tres órdenes de desalojo impartidas por Armella en marzo último habían sido incumplidas por las fuerzas de seguridad.

Armella fue designado por la Corte Suprema de la Nación como el magistrado a cargo de la ejecución del fallo dictado en julio de 2008 sobre el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo y desde ese entonces está al cargo de la causa.

Fuente: El Argentino

Tensión durante el desalojo en el Bajo Flores: incendiaron viviendas

Uno de los departamentos que integran el complejo de viviendas tomado en el Bajo Flores comenzó a incendiarse poco antes de las 11 y en momentos en que la mayoría de los ocupantes se retiraban pacíficamente del predio.

El inmueble se encuentra en el segundo piso de una de las torres del complejo.Personal policial trata de llegar hasta el lugar abriéndose paso con una topadora, según dijeron fuentes del gobierno porteño.

Un segundo foco de incendio se detectó en otro sector del complejo de viviendas ocupado en el Bajo Flores, en tanto que bomberos de la Policía Federal ingresaron al lugar para intentar sofocar las llamas.

También efectivos de la Policía Metropolitana entraron al predio en medio de un clima de tensión y confusión, potenciado por el ulular de las sirenas y las densas columnas de humo que rápidamente invaden el lugar.

Fuente: Diario Hoy

Inminente desalojo de las viviendas ocupadas en Bajo Flores

Se realiza un operativo conjunto de la Policía Metropolitana y la Federal. Primero habrá una negociación, para intentar que las 180 personas que toman el lugar accedan a dejar el lugar. De no conseguirlo, se procederá al desalojo.
La Policía Metropolitana y la Policía Federal llegaron hoy temprano al complejo de viviendas de Lafuente y Castañares, en el Bajo Flores, para proceder a su desalojo, tal como dispuso la Juticia. El predio está tomado desde el 6 de marzo. El operativo llega luego de que la Corte Suprema intimara a los Gobiernos de la Nación y la Ciudad a que cumplieran la orden que había dado el juez federal Luis Armella para liberar las viviendas.

El operativo comenzó con las primeras luces. Según lo que estaba previsto, en primer lugar, negociadores de ambos estados ingresarán al complejo a conversar con las cerca de 180 personas que ocupan los edificios (la cifra es la que estiman en la Ciudad, ya que nunca de pudo hacer un censo). La gente sería transportada a centros de atención transitoria del Gobierno porteño, donde pueden recibir comida y asistencia técnica, y se verá si ya reciben algún subsidio o plan de ayuda estatal. Los ocupantes no recibirán dinero para irse.

De fracasar la negociación, la Metropolitana ingresará a desalojar. Según confirmaron ayer en la fuerza, participan «unos 300 efectivos».

Ninguno lleva armas de fuego, por orden de la Justicia. En tanto, la Federal formará un cerco perimetral.

El complejo fue construido por la Corporación Buenos Aires Sur, del Gobierno porteño, para entregárselo a los habitantes de los asentamientos El Pueblito y Luján, dos barrios de emergencia que están a la vera del Riachuelo. Su relocalización es necesaria para que pueda continuar la construcción del camino ribereño, una de las obras incluidas en el plan para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, iniciativa que se lleva adelante por orden de la Corte Suprema.

El juez Armella, quien está a cargo de la ejecución del fallo de la Corte, ordenó tres veces el desalojo. Pero la Nación decía que era responsabilidad de la Ciudad, mientras que éste afirmaba que la Metropolitana no tiene capacidad operativa suficiente para actuar sin apoyo de la Federal.

Tras varias postergaciones, la Corte intimó el martes 17 a ambos gobiernos a que elaboraran un plan en conjunto para liberar las viviendas, y tras ello inmediatamente entregarlas a sus nuevos ocupantes.
Fuente: clarin.com

El predio ocupado en Bajo Flores será desalojado este martes

La fecha fue acordada en una nueva reunión entre los ministros Garré y Montenegro. El operativo será realizado por la Policía Federal y la Metropolitana. El predio de viviendas está tomado desde marzo.

Después de varias idas y vueltas, está todo listo para que el próximo martes se lleve a cabo el desalojo del predio de viviendas de Bajo Flores ocupado desde marzo. El operativo se haría conjuntamente entre la Policía Metropolitana y la Federal, tal como lo había solicitado la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. Según trascendió, no se pagarán subsidios a las personas ni se les entregarán viviendas como pedían.

La fecha del desalojo fue acordada durante una nueva reunión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y su par de la Ciudad, Guillermo Montenegro. En dicho encuentro los ministros diseñaron el operativo, que llevará adelante la Metropolitana -sin armas-, con apoyo de la Federal formando un cerco en el predio de Castañares y Lafuente para impedir agresiones desde afuera.

La Federal, a su vez, continuará custodiando el complejo hasta tanto sea ocupado por los vecinos que viven en los márgenes del Riachuelo, en las villas “El Pueblito” y “Luján”.

De esta manera, se pondrá punto final a la disputa que mantenían la Nación y la Ciudad en torno a la responsabilidad del operativo, un cortocircuito que recién se pudo destrabar con la intimación de la Corte Suprema la semana pasada. Hasta aquel momento, el macrismo sostenía que la Policía porteña no tenía capacidad operativa para realizar el desalojo, mientras que la Nación consideraba que el desalojo, por tratarse de una usurpación, era menester de la Metropolitana.

También así se cumplirá la orden dictada por el juez de Quilmes, Luis Armella, en el marco del plan de relocalización de los habitantes de los márgenes del Riachuelo y el saneamiento de la cuenca.

Por estos días, fuentes del Gobierno porteño calculan que el predio está tomado por un centenar de personas, aunque ese dato no pudo ser comprobado dado que los habitantes se negaron a ser censados por el Ministerio de Desarrollo Social porteño en dos oportunidades.

Fuente: La Razón

La Corte ordenó a la Metropolitana realizar el desalojo en el Bajo Flores

El máximo tribunal dispuso el desalojo de los monoblocks ubicados en el Bajo Flores, y para ello ordenó que la Policía Metropolitana se encargue de realizar el operativo para sacar a los ocupantes. La medida se adoptó ayer por la ministra de Seguridad de a Nación, Nilda Garré, y su par porteño, Guillermo Montenegro, en el despacho del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos acordaron ayer hacer cumplir la orden judicial de desalojo de un barrio de viviendas intrusado en el Bajo Flores porteño y destinado a habitantes de las riberas del Riachuelo que deben ser reubicados para su saneamiento.

Mediante un «procedimiento de actuación» arbitrado por la Corte Suprema de Justicia, del desalojo participarán fuerzas de las Policías Metropolitana y de la Federal o Gendarmería, pero también participarán ambulancias del SAME y de organismos sociales porteños.

Pero previamente unos 200 ocupantes ilegales del barrio -ubicado en Castañares y Riestra-, serán censados y garantizado su alojamiento, atención sanitaria y alimentación por parte de la Ciudad de Buenos Aires.

Las fuerzas metropolitanas actuarán desarmadas, en tanto las fuerzas federales realizarán un vallado externo durante el operativo y serán las encargadas de efectivizar el desalojo que «es de cumplimiento obligatorio», según dijo una fuente que participó del acuerdo.

Fuentes judiciales estimaron que el procedimiento establece un «modelo de actuación» susceptible de ser usado en otras situaciones de conflicto entre las diferentes jurisdicciones, como ya ocurrió en la crisis del Parque Indoamericano en octubre pasado, añadió la fuente.

El acuerdo para le cumplimiento de la orden judicial, impartida por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, el pasado 9 de marzo pero aun no ejecutada, fue alcanzado ayer por los ministro de Seguridad nacional, Nilda Garré, y metropolitano, Guillermo Montenegro, en el despacho del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Nación y Ciudad quedaron enredados en una disputa en torno a cómo ejecutar la orden de Armella para desalojar los edificios intrusados y destinados a reubicar a los pobladores de las villas «El Pueblito y «Lujan», ubicadas en el camino de sirga lindante con el Riachuelo, cuyo plan de saneamiento supervisa la Corte Suprema tras el fallo judicial «Mendoza», de junio del 2008.

El acta establece que el desalojo se iniciará «con un censo de salida» con la posibilidad de que los habitantes sean alojados en «dispositivos de atención transitoria del Gobierno de la Ciudad», que también deberá garantizarles alimentación, provisión de agua y asistencia médica.

«La mediación estará a cargo de la Ciudad Autónoma», y el personal de diferentes agencias y programas que lo realice «tendrá custodia policial y un vallado», aunque «se fijará un plazo de horas a fin de que los ocupantes manifiesten su voluntad de desalojar el lugar y si hay negativa se los trasladará obligatoriamente», consta en el acta.

«El Estado nacional, por su parte, a través de la fuerza que designe -Policía federal o gendarmería- «se hará cargo de establecer un cercado que impida otras ocupaciones y evite agresiones a los mediadores» que se prolongará hasta la finalización del operativo, incluyendo la entrega de las viviendas a los habitantes de «El Pueblito» y «Luján».

El procedimiento acordado establece que durante el operativo «se hará un acta constatando el desarme de la Policía metropolitana que acompañe a los mediadores y se procederá a la filmación de su acto».

Fuente: InfoRegión

Postergan otra vez el desalojo en Bajo Flores

El desalojo del asentamiento sobre veredas del Bajo Flores, que estaba pactado en un principio para mañana, se dilata aún más. La Nación y Ciudad se reunieron ayer, pero no llegaron a un acuerdo.

El subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad, José Luis Acevedo, y el jefe de gabinete de esa cartera, Federico Salvai, presentaron la misma propuesta de la semana pasada, es decir el pago de subsidio de diez cuotas de 700 pesos para las más de 100 familias que se encuentran instaladas en las veredas de la avenida Riestra y la calle Portela, desde la esquina de esas dos arterias y hasta Lafuente (sobre Riestra) y Castañares (sobre Portela). Sin embargo, la representante de Nación, la secretaria de Seguridad Cristina Camaño, repitió que no se utilizará la fuerza para sacarlos, sino que tienen que acordar con las personas. Justamente las familias se negaron hace unos días a recibir dinero porque quieren una vivienda.

El jueves pasado, siguiendo un fallo de la Cámara Contravencional, la jueza Claudia Alvaro volvió a ordenar el desalojo. La Nación desplegó efectivos de Gendarmería y de la Policía federal, pero finalmente el procedimiento no se llevó a cabo.

Fuente: La Razón

Bajo Flores: suspenden la orden de desalojo

La jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro postergó el operativo hasta el próximo 5 de mayo y ordenó a la Gendarmería y la Policía Federal que identifiquen «de forma inmediata» a todos los ocupantes del predio.
La jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro postergó el operativo hasta el próximo 5 de mayo y ordenó a la Gendarmería y la Policía Federal que identifiquen «de forma inmediata» a todos los ocupantes del predio.

El gobierno nacional había efectuado una presentación judicial para declarar «la inconstitucionalidad» de la medida dispuesta por la magistrada porteña, que horas antes dictó la orden de desalojo. Además, exigió que no se «criminalicen situaciones de usurpación, sin considerar a la gente».

Sucede luego de las algunas resistieran una orden judicial de desalojo y rechazaran el ofrecimiento económico del gobierno porteño para irse en forma voluntaria. Pese al despliegue de efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, los ocupantes insistieron en su reclamo de ser incluidos en planes para viviendas.

Unos 160 efectivos de las fuerzas de seguridad, además de agentes de la Policía Metropolitana, se apostaron esta mañana en la intersección de las avenidas Riestra y Lafuente, donde la vereda fue ocupada por unas 200 personas, en su mayoría cartoneros, en noviembre de 2010. «Un comisario vino a decirnos que nos iban a sacar, pero nosotros nos vamos a quedar», dijo una mujer.

En tanto, un hombre advirtió: «Si nos quieren sacar, va a pasar lo mismo que en el Indoamericano», el violento desalojo del año pasado que dejó como saldo dos personas muertas. La ministra de Desarrollo Social porteño, María Eugenia Vidal, dijo que «seguirá el proceso de negociación y se buscarán acuerdos con las familias para que se vayan pacíficamente».

La funcionaria macrista aclaró, sin embargo, que «bajo ningún punto de vista, ni en este caso ni en ningún otro, la oferta va a ser una vivienda definitiva». A su vez, explicó que se les ofreció «la red de refugios y hogares» a aquellas familias que «no tengan donde ir o reubicarse.

El mismo criterio se utilizó a medidos de abril para desalojar los depósitos de las ex bodegas Giol, en Palermo, en cuyo acuerdo también intervino el gobierno nacional. «En aquellos casos que cumplan los requisitos necesarios, les daremos lo que llamamos la cuota de emergencia de 700 pesos para que puedan alquilar la habitación de un hotel o una pensión durante un primer mes, mientras vemos de insertarlos en otros programas», precisó.

Las veredas tomadas son linderas a campos deportivos del Colegio Marianista, DAOM y el club Argentinos Juniors, entre otros predios. Fuentes del ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, reiteraron hoy que las fuerzas federales no iban a cumplir con la orden de desalojo hasta que estén «dadas todas las garantías» para los habitantes del lugar.

Ayer, Garré insistió en afirmar que los efectivos de Gendarmería y Policía Federal «no iban a ser usados como coacción en un problema que demanda soluciones sociales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires». Según Vidal «es evidente que hay un incumplimiento nuevamente de la orden judicial».

La orden judicial de desalojo fue dictada por la jueza Claudia Álvaro, con el objetivo de «recuperar el espacio público» en esa zona del Bajo Flores. La magistrada ya había tomado una resolución similar en febrero, pero el gobierno nacional no prestó colaboración y el defensor oficial apeló aquella decisión.

Fuente: elargentino.com

Operativo pacífico en Bajo Flores por un desalojo

Gendarmería, Policía Federal y Metropolitana realizan un procedimiento para liberar unos terrenos ubicados junto al club Argentinos Juniors, ocupados por un centenar de personas. La orden la dispuso la Cámara Penal porteña. En el lugar, las familias montaron casillas sobre la vereda.

Efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Metropolitana llevan adelante un operativo en el Bajo Flores para desalojar pacíficamente un predio habitado por un centenar de personas que carece de vivienda. La orden la dicto la jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Álvaro, luego de un fallido intento en febrero pasado.

En continuidad con la lógica macrista de dar soluciones superficiales, la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, María Eugenia Vidal, aseguró hoy en declaraciones radiales que «de ninguna manera se les otorgará una vivienda definitiva», sino que les brindarán alojo en el refugio que posee el Gobierno porteño.

Hace una semana, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad confirmó el fallo. «Se dispone el allanamiento y liberación del espacio público de casillas precarias y construcciones que sean utilizadas como vivienda, como asimismo el retiro de la totalidad de los efectos y elementos que ocupen las aceras y calzadas de la calle Riestra, desde Lafuente hasta Portela, y aceras y calzadas de la calle Portela, desde Av. Castañares hasta Riestra», expone el texto.

«Asimismo -agrega-, se deberá proceder a la identificación y desalojo de las personas que residen en dicho espacio público y a la restitución de los espacios públicos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

En el fallo, se dispone además que del operativo tendrán que participar «la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional, con la colaboración de la Policía Metropolitana». La resolución lleva la firma de los jueces Marcelo Vázquez, Elizabeth Marum y Sergio Delgado.

Fuente: El Argentino

Ordenan desalojar veredas ocupadas en el Bajo Flores

La Justicia confirmó la orden de desalojo de calles y veredas ocupadas desde diciembre en Bajo Flores, ubicadas junto a las instalaciones del club Argentinos Juniors. Asimismo, el Tribunal dispuso que la medida será concretada por la Policía Federal y Gendarmería, con colaboración de la Metropolitana.

El operativo, según puntualizó la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, se realizará en casillas precarias y construcciones que son utilizadas como vivienda. Además, se efectuará el retiro de la totalidad de los elementos que ocupen las aceras y calzadas de la calle Riestra, desde Lafuente hasta Portela, y de Portela, desde avenida Castañares hasta Riestra.

“Se deberá proceder a la identificación y desalojo de las personas que residen en dicho espacio público y a la restitución de los espacios públicos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, ordenó la Cámara, con la firma de los jueces Marcelo Vázquez, Elizabeth Marum y Sergio Delgado, aunque aún no se fijó la fecha del mencionado operativo.

Fuente: La Razón

Predio del Bajo Flores: incidentes entre ocupantes y la Metropolitana

Un nuevo grupo de personas intentó ingresar en el complejo y chocó con la Policía porteña. Adentro, los ocupantes incendiaron un obrador. Un efectivo recibió un piedrazo, pero ya está fuera de peligro.

La columna de humo negro podía divisarse a varias cuadras de distancia. Provenía del predio tomado en Bajo Flores y era un presagio de lo que ocurrió al mediodía de ayer: los ocupantes del complejo de viviendas, que están desde principios de mes, incendiaron un obrador y se enfrentaron con la Policía Metropolitana. Un efectivo resultó herido en la cabeza, pero está fuera de peligro.

El titular de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, informó que el hecho que desató el incendio fue la intención de un grupo de personas de ingresar en el complejo. Según el funcionario, el intento de ocupación ocurrió pasadas las 11.45. “Había más gente por ingresar. Normalmente, lo que pasa cuando hay hechos de violencia es porque la gente quiere pasar”, precisó el jefe de la fuerza. También surgió la versión de que los ocupantes se manifestaron en reclamo de agua potable y otros derechos para subsistir en el predio.

Al ver el humo, los efectivos que se encontraban en el lugar intervinieron y chocaron con los manifestantes. Un policía resultó herido en la cabeza a causa de una pedrada, por lo que fue derivado a un hospital de la zona. “Tiene un corte en la cabeza, pero no es grave”, confirmó Burzaco para llevar tranquilidad.

En el lugar, ubicado en Castañares y Lafuente, los 100 efectivos de la Metropolitana que participaron del operativo estuvieron acompañados por un puñado de agentes de la Policía Federal, que también desplazaron un carro hidrante para apagar el fuego y dispersar a los ocupantes.

A partir del hecho, Burzaco volvió a insistir en que el Gobierno nacional cumpla con la orden judicial y haga efectivo el desalojo. “Estamos para hacer una parte del desalojo, en ayuda con la Federal, porque son diez los edificios tomados”, detalló el funcionario porteño.

Fuente: La Razón

La Justicia va por más en la toma del Bajo Flores

La Justicia no se rinde y quiere ir por más. Emitió una resolución en la que le pide al Estado nacional que presente un informe para identificar «a las personas que se encuentran dentro del complejo habitacional” del predio del Bajo Flores. A su vez, le solicitó a la Ciudad de Buenos Aires que le informe “el estado de los predios donde deberán ser relocalizadas las familias” del Riachuelo.

Así lo solicitó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a través de los representantes en ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo).

Específicamente, Armella pidió identificar «a las personas que se encuentran dentro del complejo habitacional del predio ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela de la Ciudad de Buenos Aires, y poner en conocimiento de esta Judicatura si las mismas cuentan con algún beneficio social, si han sido inscriptas o censadas anteriormente para algún otro plan de vivienda y/o cualquier otro dato que resulte oficioso en ese sentido».

Al Gobierno porteño, le pidió que dé cuenta del «estado de avance de las acciones correspondientes a los predios donde deberán ser relocalizadas las familias que al día de la fecha se encuentran habitando los distintos asentamientos» de la Capital Federal.

El predio del Bajo Flores está tomado desde hace más de diez días. El mismo estaba destinado a las familias del asentamiento “El Pueblito” y “Villa Luján” que viven en los márgenes del Riachuelo, pero desde la toma, todo quedó suspendido, a la espera de un desalojo.

– A continuación, la parte dispositiva de la resolución extraída del Centro de Información Judicial:

“I.- Requerir a los más altos responsables de las áreas de desarrollo social del Estado Nacional que a través sus representantes en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (miembros del Consejo Directivo), a que en el plazo de 03 (tres) días, presenten un informe claro y conciso a los fines de identificar a las personas que se encuentran dentro del complejo habitacional del predio ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y poner en conocimiento de ésta Judicatura si las mismas cuentan con algún beneficio social, si han sido inscriptas o censadas anteriormente para algún otro plan de vivienda y/o cualquier otro dato que resulte oficioso en ese sentido, de conformidad con las pautas esbozadas el considerando 2° de la presente.-

II.- Requerir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a través de su Jefatura de Gabinete de Ministros presente, en el plazo de 05 (cinco) días, un informe detallado sobre el estado de avance de las acciones correspondientes a los predios donde deberán ser relocalizadas las familias que al día de la fecha se encuentran habitando los distintos asentamientos de la C.A.B.A., esto es, trámites de adjudicación de las tierras, estado de las obras edilicias, personas beneficiadas, medidas de seguridad contempladas para evitar el intrusamiento de los futuros complejos habitacionales, y demás; el cual deberá ser incorporado a los autos principales del presente legajo de actuaciones (Expte. n° 25/09: “ACUMAR s/ Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”).-

III.- Requerir al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Dr. Juan José Mussi y al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, realicen en forma inmediata la asignación de las viviendas comprendidas en el predio supra mencionado, para luego proceder a la efectiva entrega de posesión de las mismas, ni bien se encuentren en las condiciones para hacerlo, todo ello bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones de multa diaria por cada día de incumplimiento, que el Suscripto considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen.-

IV.- Hacer saber a los funcionarios supra indicados que el incumplimiento de la presente, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento a una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, que el Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen.-

V.- Requerir a la Sra. Secretaria General de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dra. Daniela Olivetto, notifique la presente en forma urgente y personal, bajo debida constancia a los representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), y en especial a quienes resulten máximos responsables de las áreas de desarrollo social del Estado Nacional, lo cual deberá ser acreditado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas”.

Fuente: TN

Bajo Flores: amplían la orden de desalojo

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, le pidió al Gobierno porteño que elabore un censo de los ocupantes y proponga una “eventual solución” para una evacuación “pacífica”.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, amplió las órdenes de desalojo de viviendas en el predio de Bajo Flores, que estaba destinado a reubicar a los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo. También pidió al Gobierno porteño que elabore un censo de los ocupantes y proponga una “eventual solución” para una evacuación “pacífica”.

Armella emitió una reciente resolución a raíz de las nuevas intrusiones detectadas en el lugar. “Cualquier omisión o ejercicio insuficiente en pos de sus gobernados -como lo es en el caso en tratamiento- constituyen una acción desaprensiva, temeraria y antijurídica a la luz de esta instancia judicial”, sostuvo.

En cuanto al desalojo, el juez puntualizó que “resulta imprescindible contar con un censo de dichas personas para analizar la situación de cada uno”.

Fuente: La Razón

La Justicia ratificó la orden de desalojo y le apuntó al Gobierno

El juez Luis Armella hizo una dura advertencia a las autoridades nacionales para que se cumpla con su intimación. Y criticó al Gobierno nacional por tener una “actitud carente de compromiso” para resolver el conflicto.

A los diez días de la toma del complejo de viviendas en Bajo Flores, el juez Luis Armella ratificó la orden de desalojo que había dictado el miércoles pasado y les apuntó a los funcionarios nacionales por tener una actitud “desaprensiva y carente de compromiso”. Además, volvió a advertir sobre posibles multas a los funcionarios que incumplan la medida.

El juez federal de la causa confirmó que, cuando la Corte le encomendó la ejecución del fallo por el saneamiento del Riachuelo, lo facultó para que sus sentencias sean tomadas como si fueran dictadas por la misma Corte. Así, quien no respetara lo resuelto, implícitamente no estaría respetando una orden de la Corte Suprema, como ocurre en esta situación.

En la nueva intimación, el magistrado advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré; y a la Policía Metropolitana, dado que la orden de liberar las viviendas tiene “plena vigencia”.

Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, cargó otra vez contra la Nación. “Lamento que el Gobierno nacional persista en su actitud de tolerar a aquellos usurpadores que en forma violenta se apropian de cosas que no son de ellos, en lugar de defender los derechos de la gente que respeta la ley”, afirmó Macri al renovar su reclamo por la falta de cumplimiento a la orden judicial. “Estamos desde el primer día esperando actuar con la Policía Federal o la fuerza que estipule la ministra Garré”, agregó, y luego fue taxativo: “Si a usted le toman ahora la casa, la Presidenta le va decir a la Policía que no le devuelva su casa a pesar de que es el legítimo dueño”.

Como sucedió en los últimos días, al instante de las declaraciones de Macri, se conoció la respuesta del Gobierno nacional. En este caso habló el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien deslindó a la Federal de responsabilidades. “Este delito fue transferido en 2008 a pedido del Gobierno de la Ciudad al ámbito de la Justicia Contravencional, razón por la cual tiene a la Policía Metropolitana para resolver esta cuestión”, sentenció.

Fuente: La Razón

La ocupación ya lleva más de una semana y no hay solución a la vista

La toma de casas sociales arrancó el sábado de la semana pasada. Un juez ordenó el desalojo, pero la medida no fue cumplida y habría multas. La Ciudad insiste con responsabilizar a la Nación por no actuar.

A más de una semana de la ocupación de viviendas sociales en el barrio de Flores, el plan de desalojo sigue sin concretarse, a pesar de existir una orden judicial. Por su parte, el Gobierno porteño volvió a responsabilizar a la administración nacional por no cumplir con la medida judicial, donde varios jóvenes cumplen el noveno día de ocupación.

El predio es custodiado a la distancia por efectivos de la Policía Metropolitana y de la Federal, aunque no hubo disposición para abrir un diálogo o desalojar a los intrusos a la espera de que hoy el juez de Quilmes Luis Armella pueda requerir nuevas medidas o multas a las autoridades por el incumplimiento de la orden que dio la semana pasada para liberar las viviendas.

En ese marco, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que era “el Gobierno (nacional) el que no cumple” la orden judicial. La situación, indicó, “va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal” y recordó que algo similar ocurrió con el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, que fue ocupado y pese a la resistencia del Gobierno nacional “tuvieron que desalojar”.

“La pulseada se da entre el Gobierno y un juez federal, cuya orden no es cumplida”, sostuvo Larreta y recordó que desde el sábado (cuando se produjo la toma) y el lunes en que el juez ordenó el desalojo “la Policía Metropolitana acató la orden y estaba ahí para acompañar” la disposición.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, remarcó en los últimos días que al no acatar la orden de desalojo, la Presidencia de Cristina Fernández decidió “renunciar a la obligación que tiene para hacer cumplir la ley”.

El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, volvió a pedir la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo al señalar que la Ciudad no cuenta con “grupos especiales” para el operativo.

El juez federal de Quilmes debió ratificar el viernes por la noche la orden de desalojo de las familias que ocupan el complejo habitacional construido para trasladar a pobladores de asentamientos situados a orillas del Riachuelo. El magistrado mantuvo en un nuevo fallo las multas aplicadas a la secretaría de Seguridad de la Nación, por incumplir las medidas.

Fuente: La Razón

Vence el plazo para que levanten la toma Bajo Flores

El juez Armella dio tiempo hasta hoy para que se retiren de las 204 viviendas que ocupan desde el sábado. En tanto, esta madrugada se produjeron incidentes cuando allegados a las personas que están en el lugar intentaron acercarles víveres.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dio plazo hasta hoy para que las familias se retiren de las 204 viviendas que toman desde el sábado en el complejo del Bajo Flores.

Por otro lado, esta madrugada se produjeron disturbios cuando parientes y amigos de las personas que ocupan el lugar intentaron acercarles víveres y se enfrentaron con el cerco de la Policía Metropolitana.

Como resultado de las mismos un efectivo resultó afectado por un piedrazo, pero posteriormente la situación volvió a la calma.

Los 204 departamentos están destinados a albergar a 128 familias del asentamiento «El Pueblito» que viven en las márgenes del Riachuelo, como parte del programa de saneamiento de esa cuenca que ordenó la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, el jueves, el ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró que el desalojo de las familias que desde el fin de semana ocupan las viviendas compete a la ciudad de Buenos Aires.

En la tarde del jueves, en una conferencia de prensa, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, afirmó que «no hay promesas para la gente que tomó las viviendas» y que el gobierno que conduce «no va a dar beneficios a aquéllos que violen la ley», porque «no es justo» para quienes sí la respetan.

La Corte designó al juez Luis Armella para verificar el cumplimiento de ese plan elaborado en forma conjunta entre la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, canalizadas en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUNAR).

La Corporación Buenos Aires Sur había contratado a agentes de la Policía Federal para custodiar el predio ocupado, por lo que en un escrito presentado ante el magistrado, el Ministerio de Seguridad afirma que esta circunstancia «no implica que la Federal haya actuado de oficio ejerciendo competencias propias».

«Al contrario -destaca el escrito- implica que el sujeto que contrató los servicios se creía en la obligación de asegurar la custodia del lugar», por lo que la vigilancia es «un acto propio de la Ciudad de Buenos Aires que se consideró en la obligación de asegurar la custodia del complejo para mantenerlo libre de intrusiones».

Los ocupantes, en su mayoría mujeres embarazadas o con niños pequeños expresaron que se sentían «estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que los había inscripto en planes para obtener una casa» y que no fueron cumplidos.

«Queremos que nos den la vivienda, nada más. Mi nieta hace dos años que anda rondando con sus dos hijos», dijo una mujer quien estimó que «en el predio hay alrededor de 140 familias y unas 40 criaturas sin agua y sin luz, porque cortaron los servicios».

No obstante, autoridades de la Capital aseguraron que en el complejo sólo hay entre 75 y 95 personas.

Fuente: El Argentino

Una villa del Bajo Flores crece y ya ocupa las veredas

Decenas de casillas fueron montadas el fin de semana en los alrededores de varios clubes y espacios verdes de ese barrio porteño. «No podemos actuar sin una orden judicial», sostuvo el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli

Las nuevas casas de chapa-cartón que ocupan veredas y bulevares del Bajo Flores no son más que la extensión de la villa que ya existe en la zona desde hace cinco años. Un nuevo «loteo» el fin de semana ubicó las precarias viviendas en el paso peatonal, en los alrededores de varios clubes y campos de deportes.

Las construcciones se levantaron en las calles Riestra y Lafuente, sobre las que se encuentran el campo de deportes del Colegio Marianistas y una de las sedes de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, que ya radicaron la denuncia en la Comisaría 36 por ver ocupadas sus veredas. El primero fue el más afectado, debido a que su puerta de entrada quedó virtualmente cercada.

También se ven afectados por el crecimiento de la villa el Club DAOM, el Instituto Cultural Marianista, la Asociación Argentina de Árbitros, el Instituto San Pío X y el Club Italiano, todos ellos ubicados a pocos metros de las construcciones.

Según explicó Bernardo Pelén, vicepresidente de la Federación de Entidades del Parque Almirante Brown (Fepab), «primero tantean el terreno y después lo ocupan y se instalan». «Así es como fueron ocupando otros lugares, como el predio del colegio San Pío X, que está detrás, sobre Riestra. Primero se metían los fines de semana a jugar al fútbol. Hasta que un día se quedaron en los vestuarios y luego ocuparon el resto del predio», agregó.

A los campos de deportes y clubes de la zona se acercan, cada semana, miles de alumnos de escuelas privadas y públicas de los barrios de Flores, Caballito, Lugano y Soldati.

«Esto se resuelve con planes para que la gente tenga trabajo, pero evidentemente tampoco se hace mucho», opinó Pelén, según publicó el diario Clarín.

Por su parte, Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, sostuvo: «Sabemos que como Gobierno tenemos que hacernos cargo de la situación, pero no podemos actuar sin una orden judicial».

En tanto, fuentes de esa cartera aseguraron que conocen la situación del Bajo Flores y que comenzaron con las negociaciones con los ocupantes de las casillas para alcanzar una solución y lograr que se muden.

Fuente: Infobae

La increíble serie de ataques del asesino del Bajo Flores

Mataba porque se lo había prometido a San La Muerte. Preso desde hace poco más de un mes, ya lo acusan formalmente por siete asesinatos y otros cinco ataques a tiros. Un cóctel de paco, peleas entre bandas y crímenes por promesa o simple diversión.

En apenas cinco meses, entre noviembre de 2007 y abril de 2008, una guerra entre dos bandas (“Los Quebrados” y “Los Rastreros”) se cobró tres muertos en el Barrio Rivadavia, en el Bajo Flores. Heber Yoel Alvis González fue un sobreviviente: le pegaron ocho tiros y vivió para contarlo . Heber declaró en la Justicia e implicó como integrante de “Los Quebrados” a un tal “Marcelo”, que pronto fue identificado como Marcelo Antelo, por entonces de 20 años. Un tiempo después, ese mismo joven, que lo atacó a tiros y golpes de baldosa en la cabeza, se convertiría en “Marcelito”, el asesino que mataba porque había hecho un pacto con San la Muerte.

Antelo está preso desde el 28 de agosto pasado. Tenía captura por el crimen del estudiante Rodrigo Ezcurra, ocurrido el 11 de abril, cuando fue al Barrio Rivadavia supuestamente a comprar droga y terminó con un balazo en el pecho. A “Marcelito” ya se lo acusa formalmente de siete homicidios y cinco ataques , entre otros delitos como portación de armas o andar en un auto robado.

Trece de las causas contra él ya están siendo investigadas en conjunto por la División Homicidios de la Federal y el fiscal de Instrucción Martín Niklison, quien tenía el expediente más antiguo, el intento de homicidio de Alvis González. Sólo un caso quedó separado del resto. El homicidio de Ezcurra sigue tramitando en el juzgado de Menores de Gustavo Velázquez. El juez ya procesó a Antelo luego de que una testigo lo incriminara y otro lo señalara en rueda de reconocimiento.

Hoy “Marcelito” vive en el módulo de Ingreso del Complejo Penitenciario I de Ezeiza. La Policía todavía no tiene claro cuál era su domicilio dentro del Barrio Rivadavia antes de caer preso. En su prontuario sólo figura la esquina de Cobo y Curapaligüe como única seña.

Poco o nada se sabía de Marcelo Antelo antes de este año, cuando salió a matar en forma sistemática impulsado por una explosiva mezcla de pasta base, necesidad de conseguir dinero robando, y un trat o con San La Muerte para hacer funcionar todo: él mataría a una persona por semana a cambio de que el santo le consiguiera drogas y dinero .

Clarín reconstruyó esa seguidilla que incluye el crimen de un indigente que terminó prendido fuego vivo, apaleado y finalmente fusilado, el homicidio de un vecino que recibió un escopetazo en la cara luego de negarle a Antelo la posibilidad de entrar a su casa a fumar paco, y el doble crimen de dos jóvenes que se resistieron cuando Marcelito intentó robarles la droga que acababan de comprar.

La noche del domingo 21 de febrero, Jorge Díaz Armas caminaba por Bonorino al 1900 cuando un joven se le cruzó para robarlo. El hombre terminó con un balazo calibre 9 milímetros en el abdomen y otro en la pierna . Sobrevivió y reconoció a Antelo como su atacante.

Pocos días después, el miércoles 24 de febrero, Santos Valeroso Vargas estaba en un bar del barrio Rivadavia tomando algo con dos amigos cuando apareció un joven con una 9 milímetros en una mano y una escopeta en la otra . Les sacó dinero y sus documentos.

“Vargas se enojó por lo de los documentos y corrió al ladrón. Detrás lo siguieron sus amigos. Vargas terminó con varios balazos en el cuerpo y luego se determinó que el arma usada era la misma que en el caso del 21 de febrero ”, explicaron a Clarín fuentes del caso, que originalmente fue investigado por la fiscal Estela Andrades de Segura.

El 15 de marzo, Antelo fue detenido por primera vez porque iba arriba de un auto robado junto a tres menores de edad. Pero sólo se lo acusó de “encubrimiento” y pronto regresó al barrio . Menos de un mes después fue asesinado Rodrigo E zcurra.

De acuerdo a una conocida de Antelo, que declaró ante la Justicia, “Marcelito” se jactó de haber matado al estudiante y le confió que había sido el primer homicidio luego de su pacto con San La Muerte . Ese testimonio, tomado el 13 de agosto, comenzó a hilvanar los casos.

La mujer que declaró contra Antelo lo conocía y también lo padeció. Luego del crimen de Ezcurra, el 24 de junio, “Marcelito” se cruzó con un vecino con el que estaba enfrentado, Darío Romero, y le voló una mano de un escopetazo . “Mirá cómo le colea la mano”, le dijo divertido a un joven que lo acompañaba, según recordó la testigo, novia de Romero.

Un mes después, también por una disputa interna, fue asesinado Pablo Villa.

Le pegaron un tiro en la cara . Para ese entonces en el barrio había terror. En esta causa se comenzaron a juntar los testimonios de vecinos contra Antelo. Pero la increíble seguidilla recién iba por la mitad .

La noche del 31 de julio, Antelo pasó por la casa de su vecino, Víctor Mansilla, y la baleó porque sí . Fue reconocido por la mujer del dueño de casa. Frustrado, “Marcelito” siguió caminando y, ya de madrugada, se cruzó con un indigente conocido en el barrio como “El Diablo”.

“Primero lo roció con alcohol , le prendió fuego y lo tiró a un contenedor. Como gritaba, lo molió a palos. Pero como seguía gritando, lo mató de un balazo” , contó un investigador a Clarín .

Pero lo de Mansilla era una cuenta pendiente. El 8 de agosto a las 3 d e la madrugada le tocó el timbre y le exigió que lo dejara pasar a fumar pasta base. Cuando el vecino se negó, le dio un escopetazo en la cara

La furia fue en aumento. Entre el 8 y el 9 de agosto baleó la casa de dos familias por enemistades internas. Y aún le quedaban ganas de matar . El 15 de agosto se topó con dos jóvenes que habían ido a comprar droga al Barrio Rivadavia.

Les pidió el dinero y la droga y terminó asesinando a ambos .

Homicidios de la Federal le montó guardia en el barrio no bien el juez Velázquez ordenó su captura. Cayó el 28 de agosto porque sus pasos se cruzaron con el móvil 138 de la comisaría 38°. Ese día “Marcelito” llevaba encima una 9 milímetros que había sido robada a un policía de la Federal el 26 de marzo. Las pericias determinaron que con ese arma (que aún tenía el escudo policial) se concretó tanto el ataque del 9 de agosto como el crimen del indigente.

Fuente: Clarín