Avanzó en Diputados el proyecto de muerte digna

Los enfermos podrían rechazar tratamientos médicos. Tuvo 140 votos a favor y sólo 6 en contra. Ahora pasa a la Cámara de Senadores y de ser sancionada modificará la Ley de Derechos del Paciente, que establece pautas sobre procedimientos quirúrgicos.

¿Es verdaderamente humanitario mantener vidas muertas?”. La pregunta del diputado Gerardo Milman (GEN) sobrevoló el recinto. Su discurso fue uno de tantos que ayudaron a que anoche se le diera media sanción, por 140 votos a favor y 6 en contra, a un dictamen que modifica la ley 26.529 de Derechos del Paciente para incorporar la muerte digna. Los legisladores dejaron en claro que el espíritu de la ley es ayudar a tener una vida digna hasta el final, evitando todo tipo de encarnizamiento terapéutico y que no se trata en absoluto de permitir la eutanasia ni el suicidio asistido.

La muerte digna fue uno de los temas más debatidos del año. Lo instaló Selva, una mamá que necesita la sanción de una ley para que “dejen ir” de una vez a su hija Camila, postrada en una cuna y conectada a un respirador desde que nació, hace dos años. Ahora falta que Senadores de media sanción para que se convierta en ley.

La ley de los Derechos del Paciente es bastante nueva, de octubre de 2009, pero en ella no se habla de muerte digna. Ahora, la media sanción de Diputados dio pie a la modificación de algunos artículos. Uno de los más importantes es el que trata la Autonomía de la Voluntad: “El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”. El derecho se extiende a los niños y adolescentes. La negativa puede ser a procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital; cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado.

Otra de las modificaciones refiere a la posibilidad que haya directivas anticipadas sobre la salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos. Un punto importante es que se le quita a los profesionales responsabilidad civil y penal. “Lo fundamental es que exista la voluntad anticipada a recibir o no tratamientos, y que en el caso de los menores puedan decidir sus familiares o representantes legales. Y lo otro importante es que los profesionales que tenían miedo a los juicios, la ley los inhibe de toda represalia civil y penal”, dijo Milman a Clarín . Y agregó: “Vamos a pedirle al Ejecutivo que se trate especialmente porque este tema afecta a muchas familias”.

Después de tanta espera, la mamá de Camila, Selva Herbón, estaba conforme: “Queda contemplada la posibilidad de una muerte digna para todos. Ahora debería haber una sesión extraordinaria para que Senadores lo trate este año. El tema no puede esperar más”.

Fuente: Clarín

Violencia familiar: la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto que modifica la ley

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que garantiza el acceso de las víctimas de violencia familiar a la justicia en términos de gratuidad, inmediatez, respuesta oportuna y rápida.

La iniciativa, que deberá ser tratada por el Senado, modifica una serie de artículos de la ley de violencia familiar y fue elaborada por la legisladora del FPV-PJ Claudia Prince.

La norma define a la violencia familiar como toda acción, omisión o abuso que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito familiar aunque no configure delito.

Además, incorpora una serie de medidas preventivas urgentes que pueden adoptar los órganos judiciales ante los cuales se radique la denuncia, independientemente de su competencia.

Entre otras cuestiones, el proyecto busca con esas medidas brindar protección en materia económica, preservar los bienes gananciales o los comunes de la pareja conviviente, y prohíbe enajenarlos, disponerlos, destruirlos, ocultarlos o trasladarlos.

También otorga el uso exclusivo a la mujer por el período que estime conveniente del mobiliario de la casa e incorpora la figura de asistencia protectora de la víctima durante todo el proceso.

En el proyecto se aclara la característica de la audiencia a la que debe convocar el juez interviniente al señalar que “debe tomarse personalmente bajo pena de nulidad y quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación”.

En cuanto a prueba, principios y medidas, rige el principio de la amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados y la evaluación, de acuerdo al principio de la sana crítica.

Prince explicó que “el respaldo parlamentario a la propuesta representa un gran paso para que definitivamente la violencia familiar se enfoque como cuestión pública en la que el Estado debe intervenir para prevenirla y erradicarla”.

“Este proyecto salda deudas pendientes como el funcionamiento articulado de poderes, en lo público y lo privado, intra e interinstitucional, interdisciplinario y con enfoque de género, para un abordaje integral e integrado de la problemática”, dijo la legisladora.

Fuente: Télam

Media sanción a proyecto que prohíbe el uso de pirotecnia

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que prohíbe en esa provincia el uso, la manipulación y la comercialización de pirotecnia a particulares que no cuenten con autorización.

La iniciativa, que fue girada ayer al Senado para su tratamiento, limita el uso de pirotecnia a aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con una autorización emanada del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La diputada Cecilia Moreau, autora del proyecto, explicó que la iniciativa contempla que “bajo permisos especiales que otorgará el Ministerio de Seguridad se permite el uso por parte de profesionales, es decir, personas físicas o jurídicas que organicen shows de fuegos artificiales tanto públicos como privados”.

Agregó que también se regula “la venta de bengalas de seguridad que utilizan los barcos y lanchas, y el titular de la embarcación deberá concurrir con la boleta de matrícula de Arba y llenar una declaración jurada que luego será remitida al órgano de control”.

Moreau evaluó que “la prohibición de venta de pirotecnia es una medida que va ayudar a la prevención” y dijo que “la idea es terminar definitivamente con la venta ilegal”.

Fuente: Clarín

Avanza en Diputados el proyecto para legalizar la muerte digna

Obtuvo dictamen a favor de dos comisiones. Libera de responsabilidad al profesional y deja elegir al paciente sobre su caso.

El proyecto para legalizar la muerte digna recibió ayer dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Legislación General y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y como ya había sido aprobado en la de Salud, quedó listo para tratarse en el recinto este año.

La iniciativa consensuada, que reúne varios proyectos, plantea el consentimiento informado para que el paciente pueda elegir a qué prácticas quiere someterse y a cuáles no. En ese marco, “el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado de forma fehaciente, tiene el derecho de manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación”.

En el supuesto de incapacidad del paciente o brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico “el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo de la ley 24.193” de donación de órganos. Esa norma plantea que, en caso de que el enfermo no esté en condiciones de decidir por él mismo, quienes podrán decidir sobre la vida del paciente son él cónyuge no divorciado que convivía con el enfermo, su pareja si hace más de tres años que están juntos, los padres, los hijos, hermanos y nietos mayores de 18 años y demás parientes hasta segundo grado.

El proyecto establece que ningún profesional que haya obrado según la ley está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa.

Fuente:La Razòn

Avanza el proyecto sobre la legalización del aborto

Tuvo apoyo legislativo la iniciativa que impulsa el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas. Ahora pasará a otras dos comisiones y podría ser tratada en Diputados el año próximo.

En medio de un debate que recuerda al del matrimonio igualitario, con voces y opiniones para todos los gustos, ayer se avanzó en el Congreso con la discusión sobre los proyectos que buscan la despenalización del aborto y la reforma del Código Penal.

De las siete iniciativas presentadas en la Comisión de Legislación Penal, hubo una que consiguió dictamen: busca legalizar la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Ahora, el texto deberá pasar a las comisiones de Familia y Salud, por lo que podría ser tratado en la Cámara Baja recién el año próximo.

El acalorado debate y la división de los diputados dentro del Congreso, fue un calco de lo que ocurrió fuera. Agrupaciones feministas, de Derechos Humanos y ONG se movilizaron a favor del aborto legal; mientras que también se reunieron sectores eclesiásticos y tradicionalistas, con pancartas de “no al genocidio del aborto”.

La iniciativa, que tuvo el apoyo de 7 de los 12 diputados presentes, se presentó bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Propone el derecho a interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas, como así también en casos de que el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre o si existieran malformaciones fetales graves.

Fuente: La Razón

«Es difícil que el proyecto de distribución de ganancias salga este año»

El diputado del Frente para la Victoria y abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde, consideró hoy «difícil» que este año se apruebe el proyecto de distribución de las ganancias empresarias, al admitir que la iniciativa «tiene una complejidad» que requiere «acuerdos y consensos» en el Congreso.

Recalde destacó que «este proyecto genera el derecho a la información, que no es nuevo en el país, pero parece que a algunos empresarios no les agrada que los trabajadores sepan cuál es el nivel de rentabilidad de las empresas, a pesar de que la Constitución lo dice».

Ayer, al cumplirse un año de la muerte de Néstor Kirchner, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, aseguró en un acto que la ley de distribución de las ganancias empresarias es «el mejor homenaje» que se le puede brindar al fallecido ex presidente.

Esta mañana, al ser entrevistado por Radio Continental, Recalde afirmó que la iniciativa «se está estudiando, se está analizando. Tiene complejidad. Incluso estamos abiertos a muchos acuerdos y consensos, dentro del propio bloque, por ejemplo».

El legislador destacó que, dentro del bloque oficialista, su titular, Agustín Rossi, planteó que «las PYMES no tendrían que participar a los trabajadores en las ganancias. Es uno de los temas que estamos analizando».

«Me parece difícil sacarlo este año, y el mismo proyecto prevé que la aplicabilidad es recién en el año fiscal siguiente a la fecha de su aprobación. Pero lo importante es ir construyendo esto», resaltó.

Cuando se le preguntó qué porcentaje de las ganancias se repartiría entre los empleados, contestó que «lo que propone el proyecto es que un 10 por ciento de la rentabilidad de las empresas se distribuya a los trabajadores». Empero, subrayó que «la tasa de rentabilidad normal en el mundo es un seis por ciento», con lo cual «podría ser que se distribuya a partir del seis por ciento».

Según Recalde, la ley debería tener «en cuenta las asimetrías regionales, las estructuras de costos, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, para que ese piso se pueda mover de acuerdo a las debilidades de cada sector».
Fuente: diariohoy.net

Cruces por el proyecto para prohibir a los “trapitos”

La iniciativa tuvo ayer dictamen favorable. La oposición está en contra y trabaja en un texto alternativo al del PRO.

En medio de discusiones y puntos de vista contrapuestos, la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña despachó ayer favorablemente un dictamen del proyecto para prohibir la actividad de los “trapitos” y de los limpiavidrios.

El proyecto del Ejecutivo porteño, que podría pedir que se trate el tema el jueves “sobre tablas”, propone la prohibición del trabajo de “cuidacoches y de limpiavidrios sin autorización legal”. Desde la oposición objetaron la iniciativa. Algunos de los legisladores dijeron que es una “estigmatización de la pobreza” y otros que no se especificaba “la autorización legal”. Eso sí, todos cuestionaron la asociación entre “hechos de violencia” con la actividad de los trapitos y limpiavidrios. “Nadie limpia vidrios por estar en la abundancia. Así como está el proyecto, penalizan a todos, incluso a los que realizan la actividad a voluntad”, criticó el legislador de Proyecto Sur Rafael Gentilli. Por eso, la oposición trabaja para redactar un texto alternativo que establezca un marco de regulación.

Para llevar a cabo la idea, desde el PRO plantean modificar el Código Contravencional, porque allí se castiga sólo a quienes exigen “retribución por el estacionamiento” y no a los que piden a voluntad. El texto busca sancionar a aquellos que cuidan coches “en forma gratuita, onerosa o a cambio de una retribución voluntaria”. Y establece multas de $200 a $2.000 y uno a cinco días de arresto.

Fuente: La Razón

Aprobaron un proyecto para instalar barreras de doble brazo en la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó una ley que obliga al Gobierno porteño a instalar barreras de doble brazo en los pasos a nivel con doble mano de circulación de automotores. La normativa, que fue impulsada por el legislador Raúl Puy, también establece que deberán implementar campañas de concientización sobre la seguridad en los pasos a nivel. El martes, un accidente en la estación de Flores entre dos trenes y un colectivo dejó un saldo de once muertos y más de 200 heridos.

Luego del accidente fatal que ocurrió en la estación de Flores, en donde fallecieron once personas, la Legislatura porteña aprobó anoche una ley que obliga al Gobierno porteño a instrumentar todos los «mecanismos necesarios» para que las barreras en los pasos a nivel sean de doble brazo.

El proyecto fue presentado el 16 de junio por el diputado socialista Raúl Puy y también establece que deberán implementar campañas de concientización sobre la seguridad en los pasos a nivel.

«La lamentable tragedia acontecida en Flores nos demostró, ya sea por impericia humana o porque no se adoptan medidas tendientes a paliar esta situación, los cruces a nivel son peligrosos y se siguen cobrando víctimas», aseguró el legislador porteño que impulsó la iniciativa.

Puy destacó que “es altamente necesaria la concientización sobre los riesgos que implica violar o desconocer las señales ferroviarias”.

El martes pasado, un accidente en la estación de Flores que involucró a dos trenes y un colectivo dejó un saldo de once muertos y más de 200 heridos.

Fuente: InfoRegión

Presentan un proyecto para eliminar la diferencia de género

Con el objetivo de ampliar derechos en relación con las licencias por maternidad y paternidad, el legislador porteño Rafael Gentili presentó un proyecto de ley que extiende los días para los trabajadores varones, incorpora la licencia por interrupción del embarazo y actualiza el régimen de adopción, eliminando las discriminaciones de género y facilitando el uso compartido de la licencia para las parejas que están dentro de esta ley.

“En un contexto de explotación y precariedad laboral, es importante asegurar y extender los derechos de muchas familias para que afronten sin angustia momentos trascendentales de sus vidas”, aseguró Gentili, del bloque Proyecto Sur. El texto, que reforma la Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires incorpora la licencia de 45 días para los casos de interrupción del embarazo, ya sea por aborto espontáneo o por aborto no punible, establecido en el artículo 86 del Código Penal, una situación que no está prevista en la actual normativa y no cuenta con un marco legal adecuado.
La reforma también establece más días de licencia a los trabajadores varones por nacimiento y les extiende la cobertura también a los casos de interrupción de embarazo o fallecimiento del niño. De este modo tendrán derecho a una licencia con goce de haberes de 15 días corridos por nacimiento y gozarán de una licencia de diez días corridos en concepto de licencia preparto. El proyecto también elimina viejas discriminaciones de género que resultan obsoletas en el marco de la sanción del matrimonio igualitario y, además, permite que si ambos están comprendidos en la ley, estos puedan complementar sus licencias según su libre criterio.

Fuente: El Argentino

Proyecto de ley y abrazo a la Richmond

El anuncio de la venta de la mítica confitería generó la reacción inmediata en redes sociales. Se convocó a una manifestación para mañana y la diputada Lubertino presentó un proyecto que preservaría el uso del inmueble.

Una historia cuenta que la primera vez que Frank Sinatra vino a Buenos Aires quiso ir a un barcito en el que sabía que Carlos Gardel había cantado. El bar había sido demolido. Una discusión entre lo público y lo privado, que se empezó a dirimir ayer desde lo ideológico pero también con propuestas concretas para impedir que uno de los bares notables de Buenos Aires deje de funcionar.

Ayer se presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para proteger “el uso” de la confitería Richmond, cuyo edificio ya está protegido por la ley de patrimonio de la Ciudad. Según había trascendido el martes, el grupo inversor que administraba la confitería, la vendió a otro grupo que ofreció el local a Nike.

Fuente: El Argentino

Avanza el proyecto para impulsar la producción pública de medicamentos

Hay consenso para que se apruebe la ley que la declara de interés nacional, entendiendo a esos productos como bienes sociales y no simples mercancías. Se asegurarán pisos de calidad para los 39 laboratorios públicos del país.

La red de laboratorios públicos de medicamentos y vacunas que pertenecen al Estado Nacional, provincias, municipios y universidades y a las Fuerzas Armadas, instituciones que durante la crisis económica de 2001 y aun después salieron a cubrir los baches de los laboratorios privados en la producción de remedios para enfermedades vinculadas a la pobreza, está a punto de convertirse en un elemento clave de la política sanitaria.

Un proyecto de ley que declara de interés nacional a la investigación y producción pública de medicamentos, entendiéndolos como bienes sociales y no simples mercancías, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y un dictamen en la Comisión de Salud del Senado.

Fuente: El Argentino

Patagonia chilena y de los proyectos hidroeléctricos

La publicación además afirma que «en Chile hay extraordinarias fuentes de energía renovables» y que espera que se tenga una mirada «más integral, por el daño que causaría este proyecto». «Sólo las consecuencias inmediatas de la construcción y no los efectos a largo plazo sobre la ecología de estas cuencas hidrográficas o los riesgos aguas abajo del embalse».
El mundialmente reconocido diario norteamericano The New York Times hizo una crítica al mega proyecto HidroAysén en su editorial, donde sostiene que «esperamos que se tenga una mirada más integral por el daño que causaría este proyecto. Quizás entonces el gobierno de Chile, que apoya el proyecto, logre entender lo que muchos chilenos ya saben: Que sacrificar la Patagonia por el poder sería un error irreparable».

En la editorial del Gray Lady, titulada Mantén la Patagonia chilena salvaje, se hace primero una revisión de los hechos y sostiene que «el daño que estas represas haría para el medio ambiente es enorme, y su construcción – en un paraíso natural en gran medida virgen- abriría el camino para un mayor desarrollo, incluyendo más represas».

El texto, además de contar que se inundarían parcialmente parques nacionales, recalca que la votación a cargo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén consideró «sólo las consecuencias inmediatas de la construcción y no los efectos a largo plazo sobre la ecología de estas cuencas hidrográficas o los riesgos aguas abajo del embalse».

Critica también el tendido eléctrico que se deberá construir para transportar la energía y que generaría la «mayor tala indiscriminada del planeta».

El texto afirma además que «estudios de mayor importancia esclarecen que en Chile hay extraordinarias fuentes de energía renovables, incluyendo la energía solar, geotérmica y eólica que se podrían desarrollar con mucho menos impacto sobre el medio ambiente».

Finalmente, la editorial dice que espera que se tenga una mirada más amplia en este tema y «que considere todo el daño que este proyecto podría causar».

Fuente: La Tercera

Un proyecto de ley busca restringir las fumigaciones con agrotóxicos

Prohíbe las aplicaciones terrestres de glifosato y otros plaguicidas a menos de 1000 metros de zonas urbanas y suburbanas, y las aéreas a menos de 2500 metros. Deberán tener el consentimiento informado de los residentes.

A pesar de que el mundo científico cuenta con evidencias cada vez más explícitas sobre los efectos dañinos de los agrotóxicos en la salud de las poblaciones cercanas a las áreas fumigadas, la Argentina aún no tiene una ley nacional que regule la aplicación de estos plaguicidas.

Con el objetivo de revertir esta falta, la diputada Virginia Linares (GEN) presentó un proyecto de ley que busca establecer “franjas mínimas de protección sanitaria y ambiental para prevenir la contaminación generada por estos químicos en residentes de zonas urbanas, periurbanas y/o suburbanas a estos cultivos”.

Fuente: El Argentino

Un proyecto busca legalizar la venta libre de medicamentos

Una ley a favor de la venta libre de medicamentos puede significar un nuevo cruce entre Ciudad y Nación: la Comisión de Desarrollo Económico debatirá hoy en la Legislatura con la presencia de diputados y de empresarios del sector farmacéutico un proyecto del legislador macrista Helio Rebot para habilitar la venta libre de medicamentos en kioscos y supermercados. Una formalidad, porque es algo que ya sucede. Pero la norma propuesta por la Ciudad contradice a la ley nacional aprobada a fines de 2009 que, justamente, prohíbe la venta libre de medicamentos en cualquier establecimiento y hasta incluye a las góndolas de las farmacias: según la ley 26.567, cada remedio debe ser pedido a personal autorizado.

Al no haber un pronunciamiento explícito de Ciudad sobre su adhesión o no a la norma nacional, la Legislatura impulsa otra ley -de espíritu contrario- para permitir la venta libre de remedios con el argumento de “facilitarle al vecino de la Ciudad el acceso a los medicamentos que no requieren receta médica, especialmente en días y horarios en los que para comprar una aspirina es necesario buscar una farmacia de turno”, detalló Rebot en un comunicado. La medida favorecería, sobre todo, a los vecinos de barrios periféricos que no cuentan con variedad de farmacias de turno a la noche.

Como hay “voluntad del bloque del Pro” de aprobar la medida, el proyecto podría ser tratado en el recinto en dos o tres semanas. El apuro también se debe a que el Frente para la Victoria tiene un proyecto para adherir a la ley nacional. En este sentido hay una puja con los kiosqueros, los supermercadistas y los laboratorios y un argumento que contempla a los consumidores, que -sin venta libre- deberán perder más tiempo en las farmacias para pedir un jarabe para la tos o una aspirina.

Fuente: La Razón

La Argentina sería sede de un proyecto científico global

Disputa con Sudáfrica la candidatura para recibir un centenar de telescopios que medirán el efecto de los rayos gama sobre la atmósfera terrestre. Podrían instalarse en altiplanicies de Salta o de San Juan.

Rayos intergalácticos caen sobre la atmósfera terrestre con velocidades cercanas a la de la luz y con energías incomprensibles para la física actual. Entender este fenómeno, uno de los más extremos del Universo, podría revolucionar al mundo científico, y la Argentina puede ser gran protagonista de este avance si es elegida como la sede Sur del megaproyecto astrofísico Cherenkov Telescope Array (CTA), del que participan más de 600 científicos de 25 países.

Un centenar de telescopios de hasta 24 metros de diámetro podrían ser instalados en las provincias de San Juan o Salta, con el objeto de detectar los rayos gamma que arriban a la atmósfera, provenientes de fuentes ubicadas en la galaxia y aun más allá, lo que representa una inversión de 130 millones de euros.

Fuente: El Argentino

El proyecto de adopción, contra las trampas y por el derecho a la identidad

Apuntará a terminar con el mecanismo ilegal por el cual una pareja se hace cargo de un niño y luego se presenta ante la justicia, que puede terminar avalando esa situación de hecho. Se evalúa modificar el Código Penal para castigarlo.

Cómo evitar las adopciones ilegales es el principal objetivo de la reforma a la actual ley de adopción que, según el anuncio de la presidenta Cristina Fernández, será parte de la agenda legislativa 2011. El proyecto oficial se está diseñando desde octubre en una comisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cumpliendo así con la deuda histórica de incorporarla a la norma sancionada en 1997 los parámetros de la Ley 26.061, de Protección de la Infancia. Según explicó Federica Otero, directora nacional del Registro de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (DRUA) la prioridad va a ser terminar con las “guardas puestas”, un mecanismo ilegal que usan las familias por incentivo de intermediarios.
El mecanismo de las guardas puestas o adopción directa, consiste en que las parejas se hagan cargo durante 3 o 4 años de un niño y recién en ese momento se presenten en la justicia. Ante el pedido, los jueces se ven en una encrucijada y en muchos casos convalidan el hecho, cediendo la tenencia. Quienes asesoran sobre esta práctica son abogados u otros profesionales que, en la mayor parte de los casos, piden una comisión a la pareja. Por eso, la comisión está evaluando modificar el código penal e incorporar castigos a esos intermediarios, pero no a la madre de origen.
La comisión está coordinada por Oscar Martini, titular de la Secretaría de Asuntos Registrales, y Federica Otero, Directora Nacional del Registro de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (DRUA). Además participan representantes de la Secretaría De Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Salud, las universidades y especialistas en diversas áreas, entre ellas, la directora del programa “Las Víctimas Contra Las Violencias”, la licenciada Eva Giberti. Según confirmó Federica Otero, el plazo para terminar de analizar la reforma es finales de abril o principios de mayo. En ese momento se lo entregarán al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, para trazar la estrategia a seguir.
Además de las “guardas puestas”, se están evaluando otros temas vinculados a la problemática y que son parte de los actuales proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Entre ellos, se encuentran el derecho a la identidad, y la protección a las familias de origen. De todos los proyectos de ley vigentes, el que mayor sintonía tiene con la propuesta oficial es el de la diputada María Luisa Storani, que cuenta con las firmas de once legisladores del GEN, la UCR y la Coalición Cívica.
“El foco más importante es proteger el derecho del niño a tener una familia. Buscamos que no se tome como una política social. Algunos legisladores sostienen en sus proyectos que los chicos nacidos en hogares pobres pueden tener una familia mejor y usan el argumento de que hay 10 mil chicos en hogares. Eso es una mentira. En muchos casos se está trabajando en la revinculación con la familia original”, contó Storni.
También Otero hizo hincapié en la necesidad de desprenderse del antiguo paradigma y entender que la adopción es sobre todo un derecho de los niños. Ante la pregunta por los tiempos de los trámites, la directora de la DRUA respondió: “En el imaginario social la primera pregunta que aparece es por qué se tarda tanto. Respetamos el deseo de los padres de tener hijos, pero es necesario que la ciudadanía aprenda poco a poco que lo primordial es el derecho del niño a criarse en el seno de su familia. Lo ideal sería que en el futuro no haya ningún chico para adoptar”, explicó.

Fuente: El Argentino

Tratarán polémico proyecto para multar a peatones que crucen calles usando el celular

La iniciativa, que apunta a reducir el número de accidentes, prevé penas de entre 30 y 120 pesos, que se cobrarán a través de un agente de tránsito que elevará un acta con el DNI.

La Legislatura porteña tratará en marzo próximo un polémico proyecto de Ley que apunta a sancionar económicamente a aquellos peatones que crucen una calle utilizando su teléfono celular, iniciativa destinada a «reducir el número de accidentes y salvar vidas».

«Es un hecho que se produce en otras partes del mundo. Se podrían evitar varios accidentes si pondríamos todos nuestros sentidos alerta al cruzar», sostuvo el legislador del PRO Martín Ocampo, en declaraciones a la prensa.

El proyecto de Ley prevé penas de entre 30 y 120 pesos, que se cobrarán a través de un agente de tránsito que elevará un acta con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del infractor, quien deberá abonarla en alguna dependencia del Gobierno porteño.

«Salvar vidas es lo mejor que nos puede pasar a nosotros que tenemos que legislar. Con más prudencia de los peatones y de los conductores podemos bajar el número de accidentes», indicó el legislador.

Ocampo explicó que «muchos accidentes se producen por las distracciones de los peatones cuando cruzan, incluso en calles sin semáforos».

«Mi objetivo es iniciar un debate sobre el rol del peatón, porque la mayoría de las políticas de tránsito están relacionadas con los conductores y no se ocupan de la responsabilidad del peatón», agregó.

El legislador precisó que en su proyecto de Ley se estipula que «en ningún caso el cruce podrá realizarse utilizando teléfonos móviles, radios, equipos de reproducción de música, videos y videojuegos».

La polémica iniciativa ya generó un debate entre especialistas en accidentes de tránsito que cuestionaron el proyecto al sostener que «no hay que criminalizar al peatón».

«Desde el punto de vista práctico, el proyecto es una estupidez. ¿Qué van a hacer con los que no quieran pagar la multa? ¿Secuestrarles los zapatos?, dijo Eduardo Bertotti, del Instituto de Seguridad y Educación Vial.

El experto consideró que «el automovilista está ejerciendo un derecho en su propio beneficio, que es usar un automotor, y para hacerlo está aportando un elemento de riesgo en las calles.

Por su parte, el presidente de la asociación civil Luchemos por la Vida, Alberto Silveira, explicó que «el posible accidente es responsabilidad del conductor del vehículo, que siempre debe darle la prioridad al peatón».

«Cuando alguien cruza usando su celular y es atropellado seguramente estaba distraído, pero el accidente ocurrió porque cruzaba por mitad de cuadra o con el semáforo en rojo, no por el celular. Y si lo usa mientras va por la senda peatonal y con el semáforo en verde, y lo atropellan, el responsable es el conductor», agregó.

Fuente: 26noticias

Denuncian sobreprecios de hasta 160% en estaciones de trenes

Se trata de las obras que lleva adelante la secretaría de Transporte en el marco del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires. Un informe de la Coalición Cívica denuncia sobreprecios en la ejecución de las obras de hasta 160% más de lo presupuestado. El diputado provincial Walter Martello aseguró a LPO que detrás “siempre están las mismas empresas”, y agregó que muchas de ellas están denunciadas.

El Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires diseñado por el ahora ex secretario de Transporte está envuelto en sospechas de sobreprecios. Un informe del diputado provincial Walter Martello (Coalición Cívica) detalla las diferencias entre los montos anunciados y lo que realmente se estaría gastando. Además apunta a las empresas que fueron adjudicatarias de esas obras financiadas por el Banco Mundial con 132 millones de dólares.

“Esto viene siendo recurrente. También sucedió en hospitales y en planes de vivienda. Curiosamente son siempre las mismas empresas”, dijo Martello a LPO.

El diputado agregó que “son cotizaciones que están muy por encima del valor de mercado que significaría una contratación privada”.

En julio de 2008, cuando Ricardo Jaime todavía estaba en funciones al frente de la secretaría de Transporte de la Nación, se anunció la concreción de un proyecto, financiado por el Banco Mundial por U$S 132 millones para la refacción de los accesos de distintas estaciones de trenes del Conurbano bonaerense. El proyecto fue diseñado por el propio Jaime y actualmente sigue instrumentándose por parte de la secretaría a cargo de Juan Pablo Schiavi.

El objetivo del proyecto es integrar el sistema de transporte público, mejorando las condiciones de trasbordo y equipando los espacios urbanos en torno a las estaciones.

Las estaciones del área metropolitana fueron divididas en dos zonas. La zona 1 comprende las estaciones de Villa Domínico, Wilde, Bernal, Don Bosco, Plátanos, Villa España, Alejandro Korn, Rafael Calzada y José Marmol.

En tanto, la zona 2 comprende las estaciones de Ezeiza, Tristán Suárez, El Jagüel, Luis Guillón, Isidro Casanova, Marinos de Fournier, Ingeniero Brian, Madero, González Catán, Rafael Castillo, Lavallol y Temperley.

Según el informe de Martello, los montos de inversión, anunciados hace poco más de dos años, nada tienen que ver con los que realmente se estaría gastando.

El documento detalla que en la zona 1, cuando se anunció el llamado a licitación, la secretaria de Transporte informó que el monto estimado de inversión iba a ser de $32 millones. Sin embargo, en los carteles de obra aparece que el monto de inversión es de $53,9 millones, mientras que el último reporte de la mencionada Secretaria, que figura en la página web de la dependencia oficial, indica que en realidad se gastarán $65 millones, es decir 103% más que lo anunciado en 2008.

La desproporción de precios en la zona 2 es mayor. Mientras que en el año 2008 se informó oficialmente que se iban a gastar aproximadamente $38 millones, en los carteles de obra que rodean a las estaciones de la zona 2 aparece una cifra muy superior ($74.780.069), mientras que en el informe de la secretaria de Transporte la cifra informada, por las mismas obras, es de $99.456.1653: un 160% más que lo anunciado hace dos años.

“Esto es un caso típico de sobreprecios. No se solucionó ninguno de los problemas estructurales del sistema ferroviario que en los últimos años provocó varias revueltas de pasajeros tanto en Constitución como en diversas estaciones del Conurbano”, dijo Martello.

El diputado explicó que a partir del primer día de febrero se avanzará en un pedido de informes en el Congreso nacional para después seguir impulsando la investigación desde la Legislatura provincial.

Las empresas involucradas

El informe también apunta a las empresas. En la Zona 1, las obras fueron adjudicadas a la UTE conformada por las empresas Eleprint S.A, Martínez y de la Fuente, y Construere Ingeniería S.A.

Martello detalla que Eleprint es una firma que presta los servicios de ingeniería y construcciones de obras en áreas de electromecánica, petróleo y gas, petroquímica e industriales, que se ha visto salpicada en diversos escándalos judiciales, como el caso Skanska y que habría emitido facturas truchas. Su titular es el ingeniero Gustavo Weiss, actual protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción.

Según una denuncia realizada por diputados de la Coalición, Weiss tiene facturas apócrifas de las firmas La Nueva Argentina por $ 105.209, de la firma Darom Construcciones por $ 5.883.750 y de Echo Argentina con $ 132.1394.

En tanto, Construere Ingeniería, cuyo titular es Juan A. Beltram, también tiene facturas falsas por 300 mil5.

Eleprint, además, aparece en una denuncia penal realizada por la Coalición en 2005, por sobreprecios en la construcción de cárceles. “Eso fue una maniobra muy similar a la instrumentada en las estaciones de trenes”, explica Martello.

Según el diputado, con las cárceles, las aparentes anomalías consistieron en millonarios aumentos de los presupuestos de ejecución de las obras, que se incrementaron entre el 52 y el 86 por ciento respecto de las cifras previstas originalmente. Esas variaciones fueron convalidadas por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.

Ahora, Eleprint ahora quiere -junto a la firmas Petersen (grupo Eskenazi), Cartellone, Supercemento y Rovella Carranza- integrar uno de los dos grupos empresarios que siguen en carrera para quedarse con la concesión de las autovías 2 y 11 en la Provincia. El otro grupo está conformado por el consorcio de Roggio, Esuco y Helport (grupo Eurnekian).

La empresa Martínez y de la Fuente también tiene peso dentro de la Cámara de la Construcción. Según el informe, uno de sus directoras es Graciela de la Fuente, actual titular de la Cámara de la Construcción de La Plata y actual vocal de esa entidad a nivel nacional.

De la Fuente tendría fluidos vínculos con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y desde hace varios años, otra de sus empresas, Megatrans S.A, tiene a su cargo el servicio de vigilancia satelital de patrulleros en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un servicio que, según la revista La Tecla, le cuesta a casi $ 50 millones por año al Estado provincial, siendo un sistema que sufre serios cuestionamientos por parte de los policías y que, además, se ofrecería a privados por la mitad de lo que se cobra al Estado.

Las obras en la zona 2 del Programa de Mejora de Estaciones fueron adjudicadas a las empresas IECSA-S.A, Fontana Nicastro y Miavasa S.A, que también se encuentran involucradas en el caso Skanska por facturas truchas: Nicastro Construcciones por 3 millones, la UTE Marcalba S.A y Fontana Nicastro por 4 millones y la UTE IECSA S.A y Fontana Nicastro por $300 mil.

Según el informe, IECSA es la constructora de los hermanos Angelo y Fabio Calcaterra, quienes se la compraron a su tío Franco Macri. Y aportaron $398.948 -el tope permitido por la Justicia Electoral para las contribuciones de empresas privadas- para la campaña de Cristina Kirchner en 2007.

IECSA aparece mencionada en los mails de Manuel Vázquez – asesor de Jaime y consultor privado- que rescató la Justicia: allí aparece que Vázquez coordinó el armado de Veloxia, el grupo liderado por Alstom e integrado por las firmas IECSA y EMAPA, y la española Isolux, que se adjudicó el controvertido proyecto del tren Bala.

Según el diario Clarín, Vázquez elaboró con su socio español Miguel Angel Lorente y un estudio jurídico de Madrid una parte de la ingeniería financiera que presentó Veloxia. Según se desprende de los correos, por esa intervención Vázquez y sus socios iban a cobrar una comisión de “alrededor de un millón de euros”.

IECSA, además, es una de las empresas más beneficiadas por el Plan Federal de Construcción de Viviendas impulsado por el Gobierno nacional, y también tuvo a su cargo la construcción de pasos bajo nivel del Ferrocarril Mitre, que fueron encargados por la secretaría de Transporte durante la gestión de Jaime, como así también la repavimentación y ampliación de la ruta nacional Nº 14.

Según Martello, uno de los directores de IECSA es Santiago Altieri, que está investigado en la causa judicial contra Ricardo Jaime: entre otras irregularidades, el ex secretario de Transporte está sospechado por haber recibido dádivas de empresarios, que eran beneficiados por contratos multimillonarios con el Estado nacional. La empresa IECSA está sospechada de haberle entregado un Volkswagen Passat a Jaime, en momentos en que era secretario de Transporte.

Fuente: www.lapoliticaonline.com

Avanza proyecto que regularía la apertura de los autoservicios

Obligará a los locales porteños a contar con áreas de descarga de mercaderías y cocheras. Respaldo de la cámara que reúne a las empresas nacionales del rubro. Críticas de parte de los locales chinos

La Legislatura porteña avanza con un polémico proyecto que podría frenar la apertura de nuevos autoservicios en la Capital Federal debido a que el lunes fue aprobada en primera lectura una propuesta para regular y ordenar el estacionamiento para clientes y las áreas de carga y descarga de mercaderías en los comercios porteños.

El proyecto obligará a todos los comercios a contar con un área específica para la carga y descarga de mercaderías, cuya superficie variará de acuerdo con la dimensión del salón de ventas, según informa el diario La Nación.

Además se establece que los locales también deberán contar con un área de estacionamiento para clientes..

Las regulaciones sobre carga y descarga y playas de estacionamiento regirán para los comercios ubicados sobre lo que la ciudad de Buenos Aires ubicados en autopistas y las avenidas de tránsito rápido tanto las de mano única como las de doble mano.

Cabe aclara que el texto no se hace mención si la aplicación de la ley regirá sólo para los nuevas aperturas o si también afectará a los supermercados ya existentes porque si bien el autor del proyecto, el diputado de Pro Cristian Ritondo, señaló que la propuesta sólo se aplicará para los locales que abran de acá en más, el diputado Sergio Abrevaya de la Coalición Cívica explicó que la norma sólo afectará a los locales ubicados sobre las avenidas y que ya están en operaciones.

Es de señalar que la sanción en «primera lectura» establece que dentro de un plazo de treinta días se debe convocar a una audiencia pública con presencia y participación de todos los interesados, y sobre la base de las presentaciones y argumentos, el proyecto volverá a debatirse en la Legislatura.

A favor y en contra

Desde la Cámara Argentina de Supermercados señalan que están a favor de cualquier regulación que sirva para frenar la invasión de nuevos locales.

Los autoservicios chinos, por su parte, se mostraron claramente en contra debido que la obligación de contar con áreas de carga y estacionamiento implica mayores costos que siempre se terminan trasladando al consumidor final.

Fuente: Infobae

Senado: avanza el proyecto para eliminar sumas no remunerativas

La iniciativa, rechazada por varias cámaras empresariales, tuvo dictamen de comisión. La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado emitió dictamen ayer para un proyecto de ley que pone fin, a partir de 2012, a las sumas no remunerativas que en diversos convenios colectivos de trabajo se han ido incorporando en los últimos años en los salarios de esas actividades.

La iniciativa, rechazada por varias cámaras empresariales, cuenta con el respaldo de todos los bloques políticos de la Cámara alta y del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por lo que se descuenta que será aprobada en una de las dos sesiones previstas para la semana próxima, última del período ordinario, en el Senado

El trámite parlamentario se completaría recién el año próximo, salvo que el Poder Ejecutivo habilite el tema para sesiones extraordinarias y entonces la Cámara de Diputados la pueda sancionar en diciembre.

El texto aprobado ayer en comisión establece de manera taxativa la eliminación de las sumas no remunerativas a partir de 2012, al tiempo que limita al 50% de los aumentos que se acuerden en las paritarias del año próximo la posibilidad de incorporar ese tipo de incrementos en los salarios de cada actividad.

En cuanto a las sumas acordadas hasta ahora, crea un régimen progresivo de blanqueo de esos ingresos que se extenderá por 18 meses. Esto es así porque la incorporación al salario de esas sumas se realizará a partir de los 90 días de sancionada la ley en un cronograma escalonado de cinco cuotas iguales y trimestrales equivalentes al 20 por ciento del monto total cada una.

«La ley prohíbe de manera taxativa las sumas no remunerativas a partir de 2012 y de manera parcial en 2011», explicó a La Nacion el senador Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz), presidente de la Comisión de Trabajo. Por su parte, el radical Eugenio Artaza (Corrientes) agregó que esta medida «dará mayor seguridad jurídica y evitará la litigiosidad» que esas sumas generan en el fuero laboral.

En el mismo sentido se manifestó el jefe del bloque oficialista de la Cámara alta, Miguel Pichetto (Río Negro), para quien «las sumas no remunerativas tienen explicación en la crisis [de 2001], pero llegó la hora de ir arreglando esa situación progresivamente». Además, «estamos cercados por los fallos de la Corte, que han rechazado la existencia de la sumas no remunerativas», agregó.

El acuerdo político se selló anteayer, en una reunión entre Artaza y el diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde (FPV-Buenos Aires), autores de iniciativas del mismo tenor que buscaban eliminar las sumas no remunerativas.

«Agresión a las pymes»
La iniciativa no alcanza a los estados provinciales. «No tenemos facultades para regular la relación laboral de las provincias con sus empleados», justificó Pichetto.

El acuerdo cayó mal en el ámbito empresarial. Ayer, la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) calificó la iniciativa como «una agresión a las pymes» que «avanza indebidamente sobre las convenciones colectivas» vigentes.

En ese sentido, FEBA denunció «la ignorancia del legislador» sobre la situación del sector, en particular en el interior bonaerense.

«De concretarse lo que ellos pretenden, se profundizarán los inconvenientes en materia laboral en perjuicio de los que menos tienen, porque nuestras pymes no pueden pagar» el incremento en el costo laboral que implicará el blanqueo de esas sumas.
Fuente: lanacion

Hospitales del Bicentenario (Promesas sobre el bidet) – Parte II

Ayer, en Telenoche, mostramos en qué quedaron los llamados Hospitales del Bicentenario. Un proyecto anunciado en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner que primero contemplaba la construcción de 30 hospitales, aunque después se redujeron a siete por falta de presupuesto. En la emisión de ayer recorrimos tres de los lugares donde deberían estar los hospitales anunciados y prometidos. Ahora vamos a completar con los otros cuatro.
Escobar, Esteban Echeverría, Rafael Castillo y Gregorio de Laferrere son los proyectos que recorrimos para esta segunda nota. Los dos primeros debían financiarse con plata del PAMI, los otros dos con una reasignación presupuestaria. Mostraremos su estado actual y cómo afecta eso a la población que vive en sus alrededores.
Extraoficialmente el PAMI que, recordemos, debe financiar la construcción de cinco de estos siete hospitales, dice que tienen la plata pero que la demora es atribuible a los municipios que en muchos casos no definen los terrenos. Algunos municipios aseguraron, a su vez, que el problema es del PAMI que no entrega los fondos.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, por su parte, asegura que ellos no tienen nada que ver por ahora, y que sólo se harán cargo de los hospitales cuando estén en funcionamiento.
Una promesa presidencial que se convirtió en una promesa de siete hospitales y por ahora ningún cimiento.

Hospitales del Bicentenario (Promesas sobre el bidet), Parte II. Un trabajo de Telenoche Investiga.

PRESENTAN PROYECTO PARA REGULAR EL USO DE AGROQUIMICOS EN NEUQUEN

El gobierno de Neuquén presentó un proyecto de ley en la Legislatura para regular el uso, venta y traslado de plaguicidas y agroquímicos destinados a la producción agropecuaria de la provincia. El articulado de la propuesta incluye disposiciones para el tratamiento de residuos peligrosos, la intervención de especialistas en la cadena de distribución y el control y protección de la salud humana y de los recursos naturales.
Neuquén, 9 de setiembre (Télam).- También otorga atribuciones de control y fiscalización a la autoridad de aplicación, establece condiciones de trabajo de personas en contacto directo con insumos tóxicos y habilita la utilización de plaguicidas que estén autorizados por organismos públicos competentes del gobierno nacional. La autoridad de aplicación será el ministerio de Desarrollo Territorial que a su vez deberá crear un registro de inscripción para personas o empresas que desarrollen actividades vinculadas al uso de plaguicidas. Se creará también un Registro Único de Asesores Técnicos para el uso de plaguicidas o agroquímicos, así como un Registro de Aplicadores que realicen trabajos de pulverización a cuenta de terceros. El proyecto de ley prohíbe la descarga de efluentes que contengan plaguicidas sin descontaminación previa, sanciona el lavado y recarga de agua de equipos aplicadores de agroquímicos y plaguicidas en cursos de agua o canales de riego. Dispone además que los envases y rótulos deben respetar las normas nacionales vigentes. En la iniciativa se tienen en cuenta las condiciones de trabajo como por ejemplo la utilización de técnicas operativas aptas para evitar riesgos a la salud de los operadores. El transporte de productos deberá hacerse con vehículos apropiados y asesoramiento técnico especializado. Para los depósitos de este tipo de productos se establecen especificaciones y define dos categorías de productos; de uso y venta libre y de uso y venta restringido.