Pirro, el rey guerrero de Epiro, en el oeste de Grecia, entraría en la historia por un logro que, entre los años 280 y 275 a.C., sería al mismo tiempo éxito y fracaso: ganar más de una batalla a los romanos, pero a costa de la pérdida de miles de soldados y sin que la proeza se tradujera en nuevos territorios ni, mucho menos, en la derrota definitiva de los vencidos.
Se trata de la «victoria pírrica», aquella que, aunque se obtenga, es insuficiente, metáfora muy usada en el deporte y la política. En la Argentina actual, quizá también haya que aplicarla a la economía.
El cierre total o parcial de las exportaciones, las retenciones, los límites a la compra de dólares, los controles de precios, los techos en las negociaciones salariales y las trabas al giro de utilidades de las empresas extranjeras son algunos de los cepos con los que el Gobierno está convencido de que combatió exitosamente la fuga de capitales, la caída de las reservas del Banco Central , el alto precio de los alimentos y la disparada de la inflación.
Pero si en Pirro el éxito fue un dato objetivo, en el caso argentino los resultados concretos son mucho menos claros. Las medidas restrictivas desencadenaron otros males, como la fuerte baja de las ventas al exterior, el freno en la actividad industrial o el retroceso del mercado inmobiliario.
Aunque fue algunas semanas antes de asumir, podría decirse que Cristina Kirchner inauguró su segunda presidencia, en 2011, instalando el más famoso de los cepos, el cambiario , y ahora la está terminando con unos cuantos más.
Cepo para exportar. Con el objetivo declarado de «proteger la mesa de los argentinos», el Gobierno cerró total o parcialmente, mediante cupos, exportaciones del campo como la carne, el trigo y el maíz, para obligar a los productores a vender en el mercado interno a un precio menor que el que podrían obtener exportando el producto.
«En la carne, el cepo se ve en el mercado interno, en los precios que imponen al producto a la salida del frigorífico y en las baratas [partidas de carne a bajo precio] obligatorias», dice Ernesto Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
«En trigo se ve al obligar a los productores a quedarse con el grano en el campo cuando podrían exportarlo y sacarle un precio mucho mejor.» También lo padecen los lácteos.
«El Estado fija el precio al público a la salida de fábrica para 13 productos que están en el programa Precios Cuidados -prosigue Ambrosetti-, lo que genera pérdidas a los proveedores de los supermercados, los híper y almacenes, que se traducen en que le bajen el precio al productor.»
El resultado: en los últimos años, más allá de las oscilaciones habituales entre campaña y campaña (que dependen de distintos factores), el país empezó a exportar menos carne, trigo y maíz, y perdió mercados a manos de sus vecinos, como Uruguay y Paraguay.
Por ejemplo, según cifras de la SRA, la Argentina vendió al exterior 297.092 toneladas de carne bovina en 2009 contra 139.021 en 2014. También hubo impacto en la producción, que pasó de 3,3 millones de toneladas de res con hueso en 2009, a 2,6 millones de toneladas en 2014, y en el consumo, que bajó de 68,2 kilos por año per cápita en 2009 a 58,9 kilos per cápita por año en 2014, según cifras de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).
En cuanto al objetivo declarado de contención de los precios internos de los productos de la agroindustria, es por lo menos discutible: el último informe de la entidad señala que entre agosto de 2009 y mayo pasado el precio promedio de la carne vacuna pagado por el consumidor acumuló un aumento de 411,2%.
Cepo para importar. Desde el insólito «uno a uno» del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno (por cada dólar de importación, un dólar de exportación), que llevó, por ejemplo, a que importadores de autos tuvieran que exportar miel, maníes o muebles, hasta las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI, que vencerán en diciembre), pasando por el cupo de divisas para sectores industriales como el de la electrónica de Tierra del Fuego o el automotor, hasta la suba de impuestos internos, el Gobierno buscó desalentar la demanda de dólares de los importadores con distintos instrumentos.
En 2012, con las DJAI y el cepo cambiario funcionando a pleno, las importaciones cayeron 7%respecto del año anterior, y el superávit comercial subió US$ 2343 millones contra el de 2011. Pero una leve baja en las exportaciones, de 3%, empezaba a marcar una luz amarilla en la estrategia.Para los especialistas, trabar las importaciones afecta directamente las exportaciones y, aunque parezca paradójico, la producción nacional.
Según el Indec , en mayo pasado las compras al mundo cayeron 16% y las exportaciones, 26%. Un informe de la consultora DNI muestra que la caída de las exportaciones, «si bien encuentra algunos motivos externos (caída de precios internacionales o estancamiento de la demanda en Brasil), tiene muchas explicaciones endógenas. Por ello, la performance es peor que la que exhiben el mundo y la región».
Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), sostiene que el impacto de las DJAI y de los problemas de pagos que surgieron hace un año crea conflictos que exceden el ámbito de las importaciones.
«Más del 80% de lo que importa la Argentina es energía, y 10 o 12% son máquinas, insumos y productos semielaborados, que van a la industria, el campo y los servicios. El perfil de las importaciones es netamente productivo o de infraestructura de servicios», explica a La Nación.
Por eso, afirma que cuando se afecta la fluidez de las importaciones lo primero que se perjudica es la producción, porque no se traen tantos bienes de consumo. «Sólo un dólar de cada 10 es bienes de consumo en textiles, juguetes y electrónica«, dice.
El circuito se retroalimenta: a menor actividad, menor demanda de dólares, un alivio frente a la escasez de divisas del país, pero con el riesgo cierto de que el costo sea mayor que el beneficio en términos de producción, consumo y empleo.
Cepo para comprar dólares. El cepo cambiario empezó en noviembre de 2011 impulsado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como una medida contra la evasión fiscal, aunque siempre tuvo como objetivo frenar la demanda de dólares tanto por parte de empresas como de particulares, para «cuidar las reservas», disminuir la salida de capitales y evitar una devaluación, que de todas maneras llegó en enero de 2014.
Desde aquella primera restricción hasta la válvula de escape que el Gobierno buscó abrir, hace un año y medio, con el «dólar ahorro» para desalentar la demanda del dólar paralelo, en enero de 2014, se sucedió una treintena de medidas que fueron endureciendo las condiciones.
Entre ellas, la eliminación de los créditos hipotecarios en pesos convertibles a dólares, la imposibilidad de comprar divisas para atesoramiento, las restricciones a las compras de dólares para viajar, la pesificación de las pensiones recibidas desde el extranjero, las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales sobre la compra de pasajes aéreos, dólar turista, uso de tarjetas de crédito fuera del país y dólar ahorro, los límites a las compras al exterior vía Internet y las trabas al giro de utilidades por parte de las empresas.
La fuga de capitales pasó de u$s 25.000 millones en 2011 a sólo u$s 600 millones al año siguiente, pero las reservas internacionales del Banco Central, por el pago de servicios de la deuda y las compras de energía, entre otras razones, continuaron cayendo: de u$s 47.400 millones en octubre de 2011 a los actuales u$s 33.800 millones, que además están engrosados contablemente por el swap chino y el dinero que no se les pagó a los acreedores por el bloqueo dispuesto por el juez de Nueva York Thomas Griesa .
Otros efectos indeseados: de una diferencia mínima entre el dólar oficial y el blue se pasó a una brecha que llegó a tener un pico superior a 100% en mayo de 2013 (hoy está en torno de 50%). El mercado inmobiliario, además, se desplomó en 2014 a su nivel más bajo de las últimas tres décadas.
Mercedes Marcó del Pont , entonces directora del Banco Central, recuerda el contexto: «Empezaron a aparecer problemas estructurales del sector externo, vinculados con desequilibrios en materia de energía y en el sector industrial; en paralelo había una salida de dólares del circuito de la producción, la generación de riqueza y el empleo, que simplemente iban a quedar estériles en una cuenta o en el colchón.
Ese déficit estructural es muy propio de la Argentina y se había llevado casi 98.000 millones de dólares entre 2003 y 2011. Había que hacer un diagnóstico acerca de qué se priorizaba».
Para la ex funcionaria, el desendeudamiento fortaleció al país frente a la crisis internacional y la reaparición de la restricción externa vinculada con las cuestiones de la economía real. «Además, la administración del mercado de cambios nos permitió evitar la salida que históricamente se dio en la Argentina, que es la devaluación o el endeudamiento.»
Cepo al giro de utilidades. A diferencia de otras medidas de control, el freno al giro al exterior de utilidades por parte de empresas y bancos no tuvo un reflejo normativo. Informalmente, empezaron a «pisarse» los envíos de dinero que pretendían hacer las compañías.
En el BCRA dicen que, antes del cepo, en 2011, el giro anual era de unos u$s 4000 millones; en 2012 bajó a 300 millones, y en 2013 y 2014 se aflojaron algo las restricciones, con giros de unos u$s 1500 millones anuales. «No es que no se pueda girar; sí se puede, pero menos», afirman en la entidad.
Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y vicepresidente 4° de la Unión Industrial Argentina, dice que esta barrera fastidia a los inversores. «Hay una insatisfacción del accionista mayoritario, que lo predispone mal, porque si invierte quiere saber qué mecanismo garantiza la remesa genuina de utilidades. Si la inversión da resultados es lógico que la empresa quiera disponer libremente del rendimiento», explica.
«El Gobierno y los opositores nos dicen que hay voluntad de modificar esto, pero algunos en cambio advierten que tiene que ser compatible con las reservas y el flujo de divisas.»
El desaliento empresario se refleja en los datos de inversión extranjera directa (IED), que, según diversos economistas, está condicionada por el cepo cambiario, ya que sólo se reinvierten utilidades y no llegan capitales nuevos porque «nadie entra en un lugar del que no están seguro de que podrá salir».
Según las últimas cifras de la Cepal, la IED bajó en la Argentina de u$s 11.333 millones en 2010 a 6612 millones en 2014.
Otros cepos: a los aumentos salariales, los precios y las tarifas y a la información estadística. En política restrictiva, el Gobierno avanzó en distintos ámbitos de la economía.
Según afirma La Nación, el programa Precios Cuidados puso un tope a los aumentos de precios en un grupo de productos de consumo masivo; por fuera del plan también hay controles en otros bienes. Además, los hay en remedios y medicina privada. Las tarifas de servicios públicos están casi congeladas desde hace 14 años.
En materia informativa, el Gobierno no sólo intervino el Indec en 2007 para producir datos en los que, a esta altura, ya nadie cree, sino que también eliminó información que antes era publicada en las páginas web de distintos organismos del Estado. El más reciente, pero acaso no el último, es el cepo del Ministerio de Economía sobre las negociaciones paritarias, en las que se fijó como techo un incremento de 27% anual, más allá de que en muchos casos luego se perforara con otros conceptos agregados a los salarios.
Así es como la Argentina llegó a 2015 como uno de los países más cerrados del mundo. Según el índice de libertad económica de este año de la Fundación Heritage, ocupa el puesto 169 sobre 178 rankeados, apenas mejor que un puñado de naciones asiáticas y africanas, como Corea del Norte o el Congo, y que Venezuela y Cuba. Significa un retroceso de 34 escalones respecto de cinco años atrás, cuando ocupaba el puesto 135.
Marcó del Pont habla de costos y beneficios. A su entender, éstos superan claramente a los primeros y justifican las restricciones: «Ninguna decisión de política económica es neutra; siempre hay costos. Hay que medir cuál es la consistencia respecto de decisiones económicas fundamentales de este proyecto: mantener el empleo, mejorar la distribución del ingreso y fortalecer el mercado interno. Tenemos que ser consistentes en eso».
En cambio, Javier Alvaredo, economista de la consultora ACM, cree que sin saber cuánto acceso se tendrá a las divisas se hace muy difícil planificar la cadena de producción. «Es prácticamente imposible, y así es muy difícil que levante el nivel de actividad.»
Para él, no caben dudas: levantar el cepo será el gran desafío del próximo gobierno si se propone que el país vuelva a crecer.
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